La Administración del Estado, en sus distintas versiones, se encarga de gestionar bienes públicos, la res publicae romana. Es asunto que nos interesa a todos por definición. Y para conseguirlo creo que resulta imprescindible un mínimo de estabilidad. Por ejemplo, ¿podría administrase seriamente Justicia si los jueces dependieran de la voluntad política del Gobierno de turno?. No ignoro que algunos me contestarían afirmando que eso es precisamente lo que sucede. Y no les falta razón si se trata de decidir en asuntos concretos. 

Pocos pueden dudar -desgraciadamente- de que cuando una materia justiciable tiene tintes o consecuencias políticas, se pone en marcha la maquinaria de este tipo para condicionar el resultado de la sentencias. Y lo consiguen en ocasiones. De eso me caben pocas dudas. Tengo experiencia sobrada. El modelo es perverso en origen porque si la carrera profesional de los jueces no depende de la calidad de sus conocimientos, de sus sentencias, de sus resoluciones judiciales, sino de la proximidad o alejamiento a terminales político-judiciales, de adoptar decisiones que convengan a las asociaciones teñidas de corte político, es evidente que nadie puede quejarse de la politización de la Justicia, porque se encuentra en la raíz del Sistema

Pero sería peor que un juez pudiera ser directamente despedido al cambiar el Gobierno de turno, de manera que la ideología gobernante expulsara a jueces con posicionamientos ideológicos distintos. Sería el peor de los remedios. Porque la Justicia reclama neutralidad y la estabilidad es presupuesto previo. Por ello, el estatuto jurídico de los jueces limita esa posibilidad. No la impide al cien por cien pero la limita de manera muy considerable. 

El resto de funcionarios cumple igualmente una misión de administrar la cosa pública. Eso no quiere decir obviamente que lo hagan con el celo, eficacia y ponderación adecuadas. Algunos sí. Otros, desgraciadamente no. No cabe duda que la estabilidad que proporciona el estatuto de funcionarios puede servir de acicate para alimentar esa desidia, esa distancia respecto del administrado que ha caracterizado -casi estereotipado- algunos comportamientos funcionariales en el sentir de la opinión pública. Pero la pregunta sigue siendo: ¿debería equipararse el régimen laboral del funcionario al empleado de empresa privada?. Lo digo porque un empresario español lo ha propuesto de manera formal. O por lo menos eso es lo que leo en prensa.

La propuesta parece ser mas emocional que meditaba. Es cierto que en España existe una rebelión contra el número excesivo de funcionarios, sobre todo tras la estructuración/desestructuración del Estado de las Autonomías. Es cierto que resulta evidente cierto malestar por el modo de relación del funcionario con el administrado. Es cierto que la organización, diseño y funciones de cierta parte de la Administración pública se encuentra en fase de revisión -o debería- Todo eso es cierto, pero ante esa situación una respuesta excesivamente emocional puede producir mas confusión que otra cosa.

Por ejemplo: ¿puede un abogado del Estado desempeñar eficazmente su función si ante un informe puede ser despedido por su jefe?. Me cuesta creerlo. La estabilidad, entendida como garantía frente a arbitrariedades, es un activo para el funcionario, pero sobre todo para el administrado. Un letrado que informe a su jefe en una empresa privada de manera que a su superior disguste puede ser despedido. Es solo cuestión de dinero. Si eso sucediera en la Administración Pública mucho me temo que aumentaría el dispendio de fondos destinados a prescindir de los incómodos.

No es tan fácil ni tan lineal la cuestión. La Administración Pública no es lo mismo que la empresa privada. Los funcionarios alcanzan su posición mediante oposiciones, abiertas por cierto a todos los que quieran presentarse. Creo que todo es cuestionable, es decir, se debate sobre si la oposición es el mejor método selectivo, si podrían implantarse otros mejores..En fin, muchos temas propician un debate abierto. Pero me temo que si a los funcionarios les privamos de una cierta estabilidad que garantice su independencia política, podríamos alentar un cierto caos. Pero admito que el clima creado reclama soluciones. No siempre, insisto, las meramente emocionales son las mas certeras.

La calidad de los funcionarios es vital para la adecuada gestión de los asuntos públicos. Una Administración eficiente es presupuesto de competitividad de un país. Por ello hay que insistir en la profesionalización de la Administración Pública. El debate es, entre otros, el referido a dónde comienza y donde termina la posibilidad de politizar nombramientos funcionariales. Es decir: hasta qué nivel se pueden nombrar libremente funcionarios con independencia de sus carreras profesionales. No es ni mucho menos algo baladí. Es mucho mas importante de lo que algunos piensan. Por ello, se trata de garantizar la independencia de los profesionales frente a la política, no de incrementar, por vías indirectas, su sometimiento a esos designios.