Personalmente, creo que se puede discrepar o criticar una sentencia judicial, aunque siempre haya que acatarla. Otra cosa es convocar actos previos a las actuaciones y decisiones judiciales, para tratar de presionar a la justicia en un sentido u otro. Eso no es aceptable. Y menos cuando esa actitud procede de organizaciones como los sindicatos, UGT y CC.OO., que preparan un gran acto de apoyo al juez Baltasar Garzón, sobre el que pesan tres querellas admitidas a trámite por el Tribunal Supremo. Garzón está obligado a comparecer ante la justicia como cualquier hijo de vecino y las centrales sindicales son muy libres de dar una fiesta en su honor, por su cumpleaños, o de manifestar públicamente sus opiniones sobre la figura del juez más mediático de la Audiencia Nacional. Pero organizar un acto para defender a Garzón de la justicia y del Tribunal Supremo, no parece nada acertado por su parte.

Razón tienen los sindicatos cuando apelan a los servicios prestados por Garzón en la lucha contra el terrorismo y la persecución de crímenes internacionales. Eso está en su currículum y en la memoria de prácticamente todos los ministros del Interior (salvo en la de aquellos que han acabado pasando por su juzgado en calidad de imputados, o los que han compartido con él gobierno y rivalidad). Pero su currículum no es lo que se dirime, sino tres asuntos por los que tiene que dar explicaciones, como cualquier ciudadano, ante la justicia.

Los sindicatos, parte interesada en la cuestión relativa a la Memoria histórica, puesto que se les reconoce como víctimas del franquismo, no deberían cometer este patinazo; no sólo porque es profundamente antiestético, sino porque puede llegar a ser contraproducente para Baltasar Garzón, a quien más de un colega de la carrera judicial le tiene ganas. Sólo falta que jueces y magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se sientan presionados por la claque sindical de Garzón para que su futuro pinte cada vez más negro.