Ni equiparación ni equidistancia. Que no haya equívocos entre nosotros, los demócratas. El decreto presentado el lunes por el Gobierno de Vitoria, ese texto de indubitables connotaciones pacifistas con el que Patxi López y su cuadrilla de alegres mediadores se han propuesto abrir el grifo de las subvenciones a los amigos de la banda, está pensado para el consenso, no crean. Ha sido urdido para “tejer complicidades en el ámbito de la memoria”, una condición que, en palabras de Patxi, no debe circunscribirse a los asesinados por ETA. Y sólo cabe interpretarlo como una fortaleza del Estado de Derecho, una pieza más del engranaje de generosidades con las que el lehendakari sueña perpetuar las bondades de la reconciliación.

Como la pronta aplicación de beneficios penitenciarios a los presos etarras o la excarcelación de Otegui –ese mártir–, el decreto en cuestión, concebido para transferir indemnizaciones millonarias a los terroristas que padecieron la violencia policial durante la última década del franquismo, no sólo forma parte de las maquinaciones de López sino que, a su entender, coincide plenamente con el sentimiento de la sociedad vasca; la que sábado tras sábado se echa a las calles en pro de una Euskadi mejor, no la que huyó despavorida y a la que, en los planes del lehendakari, no cabe la grandeza –esa no– de restituirle el derecho a votar en su tierra.

La denominación del decreto lo dice todo: “Decreto de declaración y reposición integral de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de los derechos humanos producida en la Comunidad Autónoma Vasca entre los años 1968 y 1978 en el contexto de la motivación política vivida”. Y las cantidades establecidas a modo de compensación –¡hasta 390.000 euros para los valientes gudaris que penaron la represión!– deberían mover al sonrojo. Incluso al bueno de Patxi.