En 2004 el abogado Javier Pérez-Roldán vio un cartel del Círculo de Bellas Artes de Madrid con la programación del estreno de una obrita menor del dramaturgo (y cuñado de Esperanza Aguirre) Íñigo Ramírez de Haro que llevaba el ofensivo título de Me c... en Dios y cuyo texto era una burla constante de la religión católica y de Dios.

Pérez-Roldán convenció a la que luego sería su mujer para que presentara una querella a la que luego se sumaría la asociación civil Hazte Oír con una campaña en la que instaba a los internautas a que acudieran a la comisaría más cercana a presentar una denuncia.

Una denuncia por persona. Y fueron más de tres mil, que llegaron en cajas hasta el juzgado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Juan Francisco López Sarabia, optó por el sobreseimiento y archivo de las diligencias abiertas oficialmente porque “el tipo delictivo imputado quedaba a una distancia abismal de lo contemplado en el artículo 525”.

Pero lo interesante no estaba en la excusa oficial, sino en las declaraciones del juez publicadas en varios medios de comunicación, en las que reconoció primero que había recibido “muchas llamadas” y más tarde que “no tenía personal ni medios para tramitar todas las denuncias recibidas”.

Ni Pérez-Roldán ni Hazte Oír han cesado desde entonces en su objetivo de presentarse como querellante o acusación popular en todos los casos conocidos de atentados a la libertad religiosa.

La respuesta pública de los autores de estos textos a las querellas siempre es la misma: asegurar que los cristianos usan a su antojo leyes contra la blasfemia con fines políticos, para tratar de coartar la crítica.

Pero este caso no tiene nada que ver con un delito de blasfemia (figura que ya no existe en nuestro ordenamiento legal), sino que es perseguible porque atenta contra la libertad religiosa, derecho protegido por el legislador, que quiso defender los sentimientos de cualquier creyente... y también los de los ateos. La blasfemia sería proteger los sentimientos de Dios.

Desde aquellas tres mil denuncias algo había cambiado en España. Las declaraciones públicas de aquel juez (“he recibido muchas llamadas”) contaban buenas noticias: las más de tres mil denuncias habían puesto nerviosas a las distintas Administraciones (al ayuntamiento, del que depende el Círculo de Bellas Artes; la Comunidad de Madrid, patrocinadora; los partidos, que no pudieron esconderse, y los jueces que veían que el ánimo de ofender los sentimientos religiosos iba en aumento hasta hacer peligrar la excusa de la libertad de expresión y el sano ejercicio de crítica que han protegido, hasta el momento, la ‘virginidad’ de los artículos 423, 524 y, sobre todo, el 525 del Código Penal).

Nació el Observatorio Antidifamación Religiosa ligado la Universidad San Pablo CEU que denuncia día tras día la espiral creciente de afrentas a los cristianos. También surgió el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia que preside Pablo Molinero y que se ha situado en primera línea de defensa en contra de la proposición no de ley de los partidos laicistas aprobada en el Congreso y por la que se instaba, en contra de la autonomía de los centros y de los consejos escolares, a retirar los crucifijos de las aulas.

Tras ellos se ha situado la Asociación Estatal de Abogados Cristianos, presidida por la abogada Apolonia Castellanos, que fue la primera organización en querellarse contra Leo Bassi tras su conferencia-show organizada por el Ateneo Republicano en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid en octubre de 2010 y en la que el bufón se disfrazó de papa en actitud vulgar y ofensiva. Junto a los abogados firmó como querellante un miembro de la Asociación de Jóvenes por la Información Objetiva (AJIO), una asociación universitaria independiente que incluyó entre los querellados, junto al payaso, al rector de la Universidad de Valladolid y al Ateneo Republicano.

Aquella pelea ya no era sólo la de un abogado que paseaba con su novia junto al Círculo de Bellas Artes.

Sin embargo, el problema estaba en la jurisprudencia del Supremo y en la cobardía (tácticas legales) de los laicistas radicales. Bassi, Ramírez de Haro, las caravanas del orgullo gay y hasta aquel fotógrafo llamado José Antonio Moreno al que la Junta de Extremadura publicó unos folletos que contenían fotografías escatológicas, irreverentes y pornográficas (en una de esas imágenes, el supuesto artista fotografiaba a un modelo caracterizado como Jesucristo en una actitud sexual que hacía un gesto a un menor, insinuando una relación pedófila. El título de la fotografía era Dejad que los niños se acerquen a mí) negaban en público que quisieran ofender a nadie, sino que su ánimo sólo era el de criticar a las instituciones eclesiásticas.

Esa negativa en público bastaba a los jueces -que no habían tenido más remedio que aceptar a trámite las denuncias- para sobreseer las causas en rigurosa (e increíble) aplicación de la jurisprudencia del Supremo.

Victorias por un gol

Sin embargo, ni el Centro Jurídico Tomás Moro ni Hazte Oír ni los distintos observatorios sobre Libertad Religiosa se rindieron. Querella tras querella, chocaban contra el muro de los jueces pero conseguían victorias sociales de relieve, como lograr que el Getafe Club de Fútbol retirara un anuncio en el que, bajo el pretexto de captar nuevos socios, se suplantaba la imagen de Jesucristo mientras otros actores en el papel de Abrahán, Moisés o Adán renunciaban a Dios por el fútbol.

Pero también había una luz al final del largo túnel jurídico: en 2010, tras un proceso que comenzó en el mismo año clave de 2004 cuando un programa de Canal+ emitió la grabación de Javier Krahe Cómo cocinar un Cristo. El mismo Centro Tomás Moro presentó querella contra Krahe y contra la directora del programa ante un juzgado de Colmenar Viejo.

Sin sorpresas, la querella fue sobreseída dos años después de forma provisional por las razones clásicas ya enunciadas. Pero en el recurso posterior, y que fue resuelto en 2010, se dio la razón a la acusación al señalar que en el vídeo podía entenderse que se hacía “escarnio de la creencia en la Resurrección”, por lo que se ordenaba la apertura de juicio oral.

Aunque esta victoria parcial reavivó el rencor anticlerical: durante el último año ha habido ataques no aclarados con cóctel molotov a una iglesia de Majadahonda, la quema de la puerta de Santa Genoveva, el robo de su sagrario o la profanación del santuario de Schönstatt la pasada Navidad.

Después llegaron los ataques a las capillas universitarias, que tuvieron su momento culminante con las fotos que las mismas anticlericales que asaltaron la capilla de la Universidad Complutense en el campus de Somosaguas tuvieron la ocurrencia de publicar en Facebook.

Un grupo de ateos valencianos, crecidos ante lo que ellos creían que era la impunidad legal y social de siempre, plantearon un agravio similar. Sin embargo, una afluencia masiva de cristianos en defensa del suelo sagrado evitó la agresión al tiempo que una querella del sindicato Manos Limpias llevó a la Policía a detener a cuatro de los asaltantes de Somosaguas. Una señal de que la movilización es necesaria, un aviso de que los cristianos son más y una esperanza en perseverar en la vía legal.