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****Me lo manda Jesús Saiz:
No sé si la autoría y responsabilidad es del propio ABC o de alguien ajeno que lo ha preparado. Los pies de las fotos son una manipulación y una canallada y no responden a los que efectivamente publicó abc en su día. Los han hecho " políticamente correctos ". ¡ que náusea ! con estas armas se ataca al franquismo, a la historia y a España. Como supongo que esta falsificación circulará profusamente, advertid de la villanía:
http://www.abc.es/especiales/guerra-civil/fotos.asp

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Como he explicado varias veces, Garzón está  estafando a todo el mundo, empezando por los cretinos que le aplauden,  con sus inventos sobre los “crímenes del franquismo”.  Ni ha investigado ni puede investigar nunca tales crímenes porque a) nunca existieron crímenes del franquismo, sino, en todo caso cometidos por personas concretas; b) los presuntos autores de los supuestos crímenes están todos muertos, exceptuando algún caso destacado como el de Carrillo por parte del Frente Popular.

La garzonada entra en la serie de grandes estafas y falseamientos venenosos de la historia típicos de nuestra lamentable izquierda. Quizá el peor de ellos, el que envenenó a la gente  y exacerbó los odios que llevaron a la guerra civil, sea la campaña sobre la represión de Asturias en 1934.  Su trascendencia  histórica no ha sido estudiada, que yo sepa, por ningún otro historiador (en El derrumbe de la República), pese a que fue la palanca con la que las  izquierdas transformaron su derrota política y militar de octubre en una victoria propagandística y moral, provocando en el país odios y radicalización extremos, en un  grado antes inexistente, como había demostrado la falta de respaldo popular a los llamamientos guerracivilistas del 34. La denuncia de la supuesta represión constituyó el eje de la propaganda izquierdista durante aquellos meses, y en especial de las elecciones de febrero de 1936.

Pero en la España actual la experiencia histórica parece servir de muy poco. Por su importancia me extenderé algo más sobre ella. La campaña fue organizada a lo grande, dentro y fuera de España, según explica en sus memorias  uno de sus principales promotores, Juan Simeón Vidarte. En ella participaron con fervor las internacionales socialista, comunista y sindicales, el poderoso aparato de propaganda staliniana dirigido por Willi Münzenberg, la masonería, a través de asociaciones como la Liga de los Derechos Humanos, etc. Intervinieron personajes políticos e intelectuales de prestigio internacional como Vincent Auriol,  Émile Vandervelde, André Gide, Henri Barbusse o Georges Duhamel, parlamentarios laboristas británicos, etc. Se formaron organizaciones internacionales como “Amis de l´Espagne” o un “Comité de Socorro a las Víctimas del Fascismo”, manejada por los comunistas. Los carteles, octavillas, artículos de prensa, conferencias, comentarios e iniciativas políticas, suscripciones, etc., se extendieron desde San Francisco a París.

 Dentro de España se movilizaron todos los partidos de izquierda, en especial el PSOE y el PCE, las dos grandes centrales masónicas Grande Oriente Español y Gran Logia Española, políticos e intelectuales relevantes como Fernando de los Ríos, Marcelino Domingo, Matilde de la Torre, María Lejárraga,  la Pasionaria, Álvaro de Albornoz,  Gordón Ordás, Marco Miranda, Álvarez del Vayo, Ossorio y Gallardo, y otros muchos. El Ateneo de Madrid fue un foco muy activo de las denuncias.  Juan Simeón Vidarte, socialista y masón,  y quizá el principal organizador de la campaña, ofrece en sus memorias, como digo, los datos más relevantes.

El eje de las denuncias consistía en la afirmación de que, para derrotar a la sublevación socialista en Asturias y posteriormente, la derecha había practicado un terror inimaginable, asesinando a mansalva a los presos, mineros principalmente,  violando a sus esposas  e hijas y robando sus modestas pertenencias. Se habrían producido “espantosos casos de sadismo y de ferocidad hasta entonces inconcebibles”, cuenta Vidarte  sobre el informe de Fernando de los Ríos; en las cárceles, las torturas estaban a la orden del día, se hablaba de “bárbaros tormentos”, “inhumanos”, “mil veces más crueles que los verdugos medievales”, etc.  Un caso indudable de asesinato por las tropas, el del periodista Luis Higón, que firmaba como Luis Sirval, fue aireado y expuesto como muestra de muchos otros asesinatos que, sin embargo, no se detallaban demasiado. Los espantosos relatos circulaban profusamente por el país en hojas y en prensa clandestina, con especial dedicación a los intelectuales.

Como ejemplo de la exaltación promovida por la campaña baste citar aquí un llamamiento de un comité de acción comunista-socialista: “¡Trabajadores! ¡Hombres libres  y de sentimientos  humanitarios! MUJERES MONTAÑESAS! ¡MADRES! Protestad por medio de manifestaciones contra la pena de muerte que repugna a los más duros sentimientos, menos a esa canalla que teniendo en sus principios el ¡NO MATARÁS!, no vacilan en continuar gozando de sus privilegios y en derramar sangre trabajadora”. Esto lo escribían quienes propugnaban abiertamente la guerra civil y cuyas instrucciones para la insurrección incluían la organización de la máxima violencia. En general, el gobierno aparecía como “una taifa de ladrones y asesinos con sed de sangre proletaria”, se hablaba de “canibalismo gubernamental” y de que, ante los martirios infligidos en las cárceles, “el suicidio era, en muchos casos, una liberación”.

La campaña prosiguió mes tras mes, recrudeciéndose con ocasión de los juicios a algunos de los principales responsables capturados (otros, como Indalecio Prieto, habían huido). Y cobró especial relieve con motivo del proceso del líder socialista Ramón González Peña,  jefe máximo de la rebelión en Asturias durante su primera fase y contra quien se pedía la pena de muerte. Reproduciré aquí parte de la información recogida en El derrumbe de la Segunda República.

“La mitificación del caudillo insurrecto alcanzó cotas muy elevadas. En un libro colectivo sobre él, Araquistáin, el intelectual marxista más destacado del PSOE,  ponderaba  su heroísmo y su clara inteligencia como “técnico, si así puede decirse, de la guerra civil” (la guerra civil era considerada un hecho positivo en la doctrina socialista de la época), como “el hombre simbólico de la revolución, cuya cabeza pide a gritos  una burguesía aterrada y vengadora (…) Desde los tiempos de la Inquisición, jamás el fanatismo católico, doblado esta vez de sevicia capitalista, había dado en España un espectáculo tan repulsivo de barbarie sanguinaria”. Prieto destacaba su entereza, contagiada a su mujer e hijas. Otro señalaba: “Con razón dicen sus íntimos que es el genio que conducirá a la clase trabajadora a la total emancipación”. Álvarez del Vayo explica la solidaridad internacional: “Fue un movimiento de inusitadas proporciones sostenido durante semanas y semanas  en la primera página de los diarios obreros, y que incluso logró retener la atención de la gran Prensa liberal extranjera más allá de lo ordinario (…) El nombre de González Peña quería decir para el proletariado mundial Octubre,  y octubre era, a la vez, para la opinión antifascista de fuera, sin distinción de partido, gesta popular española contra el enemigo común (…) ¡Salvad a Peña!, devino la consigna fija en los manifiestos más diversos, en las conclusiones de las asambleas, en los editoriales y pasquines. Era un grito unánime, reproducido sin desmayo (…) Fue, además, particularmente en Francia, una poderosa manifestación de frente único. Socialistas y comunistas lucharon con idéntico empeño”. En París, varios líderes socialistas huidos de España lanzaron un manifiesto a todas las izquierdas europeas, seguramente redactado por Prieto, donde se explicaba: “La cabeza de González Peña, obrero de la mina, la exige la burguesía  como trofeo sangriento de una España regida por el clericalismo fanático”.  González  había dejado la mina muchos años antes. Era un político profesionalizado del PSOE, con altos cargos. Y el “clericalismo fanático”, debe insistirse en ello, había salvado a la república.

El procesado había sido detenido en diciembre anterior. Según Vidarte, “había dicho que mientras quedase un minero luchando en las montañas  con un fusil, él estaría a su lado, y fueron inútiles todas las gestiones de los otros directivos de la revolución para hacerle desistir de tan noble y heroico propósito”. Doval, el comandante de la Guardia Civil, obsesionado con la captura del dirigente, habría torturado sin piedad, y también en balde, a los presos: “Aquellos bravos mineros se dejaban arrancar las uñas de los pies y de las manos –uno de los placeres favoritos de Doval--, quemar los ojos o los testículos, o soportaban que les colgasen de éstos pesas de varios  kilos, hasta dilatárselos monstruosamente, antes que delatar a su jefe”. Ante tantos fracasos, el coronel Aranda habría concebido “una idea genial, ¡monstruosa! Mandó detener a centenares de mujeres –esposas e hijos de mineros—e hizo correr la voz, por la cuenca minera, de que si no se presentaban a los legionarios, sobre todo González Peña, todas ellas serían entregadas a los legionarios y a los moros. Al enterarse de esto, Peña se presentó a los guardias de asalto en la aldea de Ablaña, el día 3 de diciembre. Llevaba luchando en las montañas más de cincuenta días”.

La realidad difiere bastante de la historia de Vidarte, según la explicó el propio González ante el tribunal y ante la comisión de suplicatorios del Parlamento. Él había sido uno de los primeros en proponer la huida, ya el 10 de octubre, bastantes días antes de la capitulación real de los revolucionarios, y no es verosímil que después se tornara tan absurdamente belicoso. Al día siguiente de su propuesta de rendición, González estaba, junto con otros “entre las diez y las once de la noche en el cruce de carreteras de Langreo y Mieres, en San Esteban de las Cruces, Oviedo (…) Llegó en un coche el compañero Bahillo (…) el cual era portador de un saco conteniendo dinero”, procedente del saqueo del Banco de España en Oviedo. Los presentes se repartieron el dinero, sin contarlo, para facilitarse la fuga. La declaración del propio González al Congreso especifica que él y otros trataron de escapar en dirección a Portugal, pero no pudieron porque los mineros, descontentos con su huida, les averiaron el coche a tiros. Entonces se habían dispersado y “quedó solo el declarante con Cornelio Fernández, el que me aconsejó no diese la vuelta, pues había oído decir poco antes en Trubia que, por haber  abandonado el movimiento habían dado orden de perseguirme los mismos compañeros y podía peligrar mi vida”. La realidad de ese peligro pudo comprobarla  cuando, cerca de Grado, le arrebataron 1.600 pesetas (unas 320.000 de antes del euro), junto con el reloj y una pluma estilográfica (…) unos individuos que decían ser revolucionarios, que no solo me quitaron esa cantidad, sino que me han dicho que he tenido gran suerte en caer en manos de ellos, pues de lo contrario me fusilarían, ya que estaba considerado como traidor, por haberles abandonado”. Vagó por los montes de Quirós y Teverga, durmiendo en casas de amigos y recaló por fin en la de una viuda muy religiosa, amiga de su familia, en el pueblo de Ablaña. Allí fue prendido por una delación, que no se entregó, y por guardias civiles, no de asalto, contra la versión de Vidarte. Su caso fue de mala suerte, porque tenía ya a punto la fuga por mar. Probablemente el gobierno le habría preferido en el extranjero y no sintió ningún alborozo por su detención, que le auguraba nuevas campañas de descrédito.

El  resto del “informe” de Vidarte tiene la misma traza de  invenciones desaforadas. Desde luego “los mineros”, en general, ignoraban el paradero de su ex jefe, y Doval tenía que percatarse de ello y de la inutilidad de las supuestas torturas en masa; además, no podía saber si el perseguido había huido ya de Asturias, como hicieron la mayoría de los líderes, dejando abandonados a los demás. El gobierno tampoco hervía en deseos de capturarlo, y de hecho premió a Doval destituyéndolo de su puesto. La treta de Aranda –la detención de las mujeres para ser violadas--  es un claro embuste de Vidarte, tanto por lo anterior como porque la pacificación de Asturias  la había dado por cumplida López Ochoa ya a principios de noviembre, y la prensa informaba el 16 de ese mes del reembarque  de las tropas enviadas allí . Entonces López Ochoa había sido sustituido por Aranda con fuerzas muy reducidas (7.000 hombres entre Asturias y León), y resulta absurdo que quisiera soliviantar los espíritus cuando ya no había la menor necesidad.

Ante el tribunal, González Peña reconoció que la Guardia Civil había cumplido con su deber y admitió atrocidades de los revolucionarios al alegar que él, en persona, había impedido el asesinato de cien prisioneros. No denunció torturas ni malos tratos, ni la supuesta redada de mujeres. Largo Caballero, entonces en la cárcel,  expresó su enfado por las declaraciones de González: “Avergüenza e indigna leer las manifestaciones transcritas (…) todo es pequeño y bajo: delaciones, cobardía, prurito de pasar por humano y colocar a los trabajadores combatientes en situación antipática por sanguinarios y anárquicos”.

A González le sería conmutada la pena de muerte. A Largo Caballero, líder máximo y bien visible de la insurrección  desde meses antes, le fue mucho mejor aún: un juicio-farsa lo absolvió “por falta de pruebas”. Por cierto que Santiago Carrillo y otros líderes arrestados exigieron entonces ser sentenciados a la misma “pena” que Largo. Como fuere, cumplirían por su sangrienta rebelión solo un año y cuatro meses, porque saldrían libres en febrero de 1936, convertidos en héroes populares por la propaganda de izquierda. El caso de González Peña da el tono general de aquella tremenda campaña.

¿Cuál fue la realidad de los hechos? Seguramente se produjo cierto número de ejecuciones irregulares o sobre la marcha, al avanzar las tropas; en todo caso bastantes menos que los asesinatos realizados por los revolucionarios. Sobre la represión hay básicamente tres informes izquierdistas:  el de Gordón Ordás habla de 24 muertes irregulares causadas por las tropas o por la Guardia Civil; el de Marco Miranda, de 46, y el de Fernando de los Ríos y Álvarez del Vayo, de 31, nueve de ellos por torturas. Si damos por válidas todas las denuncias, descontando las repetidas, sale un total de 84, suma alejadísima de los millares aireados por la propaganda, y que incluye seguramente bajas producidas en el fragor de la lucha, cuando se hacía difícil distinguir entre rebeldes y paisanos corrientes.  Por otra parte, ejecutar sobre la marcha a rebeldes capturados con armas ha sido común en acciones de este tipo. Lo había practicado el gobierno socialdemócrata alemán contra la insurrección espartaquista y contra el soviet de Baviera en 1919. En España, Azaña lo había exigido contra los anarquistas rebeldes en enero del 32, y el episodio de Casas Viejas, un año después, habla por sí mismo. Sin duda hubo excesos, difíciles de evitar, pero en conjunto fue una represión menor que la practicada por otros gobiernos en situaciones  menos graves. Aparte de las bajas causadas en lucha, los revolucionarios asesinaron a entre 85 y 115 personas.

Sí hubo, en casos difíciles de cuantificar,  maltrato e incluso tortura, pero las historias de torturas masivas son tan inventadas como las heroicidades de González Peña: simplemente no tenían sentido.

Tiene interés el caso del informe de Gordón Ordás. Gil-Robles le retó en las Cortes, el 30 de octubre de 1935: “Que tenga el señor Gordón Ordás ocasión de decir en esta Cámara, donde se le puede contradecir con hechos y pruebas, lo que él pretende llevar en labor de simple agitación”. Gordón, enojado, replicó que en noviembre del año anterior  a Marco Miranda se le había contestado que acudiese a los tribunales  y que solo si estos rechazaban su informe recurriese a las Cortes. Gil-Robles contestó que en aquellas fechas seguía siendo fuerte la tensión revolucionaria, por lo que simplemente se había aplazado el debate, con plena legalidad, y que desde entonces ni Gordón ni Marco habían insistido: “Si S. S. hubiera puesto en eso el interés que puso en ir a revolver por Asturias los bajos fondos de la revolución para extraer una porción de infamias, hubiera podido aclarar lo que hubiera querido”. Gordón, incoherente, rehusó plantear el debate aduciendo que no trataría el asunto “cuando le convenga a Gil-Robles”, achacando a este interés electoral: “Hablaremos cuando crea que el Gobierno tenga títulos”. La alusión electoral indica que Gordón, al menos,  planteaba el asunto desde ese punto de vista, y que no estaba seguro de salir bien librado del debate. A la exigencia de pruebas replicó: “Si yo puedo hablar algún día será desde el poder”. Marco Miranda había pedido la palabra, pero renunció a hablar. Los diputados socialistas y republicanos de izquierda tampoco juzgaron oportuno recoger el guante que Gil-Robles les lanzaba.

Y la ocasión para Gordón se presentó cuatro meses después, cuando el poder llegó a las izquierdas en febrero de 1936, tras unas elecciones marcadas por una redoblada campaña en torno a los supuestos crímenes de Asturias, con promesa electoral de investigarlos a fondo si el Frente Popular conseguía el gobierno.
Sin embargo, una vez en el poder, toda la izquierda mostró una asombrosa desgana en la investigación y el debate, a pesar de que Gil-Robles volvió a pedírselo. No por eso cesó la agitación al respecto. El 16 de junio de 1936, en las Cortes, Dolores Ibárruri loaba con ardor “el octubre glorioso del cual nos enorgullecemos todos los ciudadanos españoles  que tenemos (…) dignidad” y acusó a “los hombres de derecha” de llegar “a extremos de ferocidad tan terribles que no son conocidos en la historia de la represión de ningún país. Millares de hombres encarcelados y torturados; hombres con los testículos extirpados; mujeres colgadas del trimotor por negarse a denunciar a sus deudos; niños fusilados; madres enloquecidas al ver torturar a sus hijos” Etc. etc. Gil-Robles retó y exhortó una vez más a sus enemigos: “Todas las responsabilidades hay que ponerlas en claro (…) No es lícito venir a lanzar discursos de mitin”. A los diez días, el gobierno izquierdista rehusaba llevar el caso a las Cortes, y aun el 15 de julio, ya al borde de la sublevación militar, el líder de la CEDA apostrofaba: “Cuando al obrero no le dais pan (…) lo que hacéis es darle unos cuantos latiguillos sobre octubre (…) Ya es ciertamente un poco extraño que llevando estas Cortes varios meses reunidas y habiendo sido motivo principal de propaganda de los partidos del Frente Popular la exigencia de responsabilidades por la represión de octubre, no hayáis tomado todavía ninguna determinación (…) Decía el señor Prieto que hay que medir las responsabilidades de cada uno. Yo tengo ganas de que se hable de todo (…) también de las responsabilidades del señor Prieto y las de todos aquellos que prepararon el movimiento revolucionario y desencadenaron la catástrofe sobre España”.

Este resumen de mi estudio en el libro citado creo que dejará en claro al lector que la campaña sobre la represión de Asturias fue, en el mejor de los casos un cúmulo de exageraciones sin tasa, y en el peor simples falsificaciones. La izquierda la desató  con el evidente propósito de contrarrestar su derrota militar y política en octubre, y debe decirse que lo consiguió en muy amplia medida. Las acusaciones fueron creídas y divulgadas no solo entre amplias masas de gente, sino por intelectuales, historiadores y periodistas de todo el mundo que se han ocupado de esta cuestión sin el menor examen crítico. Véanse algunos ejemplos de autores extranjeros:  según Gerald Brenan “Millares de detenciones fueron hechas y los prisioneros, excepto los asesinados en el camino, fueron llevados a los cuarteles (…) y fusilados en serie. Los legionarios del coronel Yagüe  y los moros habían liquidado ya, según su costumbre, a todos los prisioneros caídos en el momento de la lucha”. Hugh Thomas cuenta que las tropas “se comportaron  (…) igual que si se tratara de un ejército victorioso  que viviera de los sufrimientos de los vencidos (…) Muchas muertes tuvieron lugar  una vez acabada la lucha, cuando la Legión saboreaba su victoria”. Gabriel Jackson no posee menos inventiva: “Si un pequeño contingente de soldados cruzaba territorio montañoso y hostil y oía un disparo o una imprecación (…) creyendo que este disparo podía ser el preludio de un ataque general en un esfuerzo por liberar a los prisioneros, éstos eran matados por los guardianes”.  Verdaderamente el análisis de esta crucial campaña no puede excluir la credulidad  más o menos intencionada con que muchos historiadores no solo han seguido sin criterio las desvirtuaciones propagandísticas, sino que las han adornado con sus propias fantasías.

Pero el efecto principal de aquella marea de propaganda fue crear en España un clima de enfrentamiento realmente enconado que no existía, al menos con tanta amplitud, en 1934. La izquierda, en general, no sacó de su derrota en octubre la lección de que debía moderarse y aceptar la democracia, sino la contraria, la de la necesidad de excitar en la población unos odios irrefrenables. Fue una campaña de intoxicación masiva muy exitosa en sus dos fines: presentar como criminales, a los ojos de millones de personas, a una derecha que  había defendido  la república; y crear en millones de personas un espíritu de revancha que hallaría su expresión más fuerte  al reanudarse la guerra en 1936, en una política de exterminio practicada con sadismo muy destacado por el Frente Popular (he estudiado en Los crímenes de la guerra civil y en diversos artículos las versiones de unos y otros sobre la represión durante la guerra y la posguerra).  

Creo que, como en otras ocasiones, es Josep Pla quien califica mejor todo ello: “Llegaron en la propaganda a extremos de pedantería, de simplismo y de primitivismo solo comprensibles si lo que se pretende es incitar los más bajos instintos del salvajismo humano”. En sí mismo, el suceso constituye toda una lección histórica, ahora que muchos intentan reverdecer odios con exageraciones y falsedades  como las que cimentaron la ruina de la república.

Este breve examen requiere completarse con el del juicio a los jefes de la Generalidad, capitaneados por Companys, que se habían sublevado en octubre del 34 junto con el PSOE.   He analizado también el contenido de la campaña con cierta amplitud en el citado Derrumbe de la República, y creo que también en exclusividad entre los historiadores.

Como es sabido, Companys, a la cabeza d la Generalitat y de la Esquerra, dirigió simultáneamente con la insurrección del PSOE,  una sublevación contra la república tratando de imponer, oficialmente, un “estado catalán” dentro de una “república federal”, mientras que un amplio sector de su partido veía el intento como la pura y simple secesión de Cataluña. Pues si Azaña había concebido un estatuto autonómico que debía resolver el problema creado en dicha región por los nacionalistas, algunos de estos lo habían mirado solo como un paso adelante hacia mayores concesiones sin un final determinado, y otros hacia una próxima separación; y la propaganda antiespañola de todos ellos había cundido con ímpetu durante aquellos años. Ante la rebelión, la gran masa de los catalanes, como del resto de los españoles,  había permanecido afecta a la legalidad, desoyendo los llamamientos a las armas  prodigados por la radio que dominaban los líderes de la Esquerra.
Entonces el general Batet, que con muy pocos medios sometió a los rebeldes, en unos episodios bastante ridículos por parte de Companys y los suyos, se convirtió en un héroe popular en Cataluña, mientras los jefes de la Generalitat cayeron en el descrédito.

El mismo proceso judicial tuvo mucho de arlequinada. Los procesados negaron haber tenido actitud rebelde alguna. Habría sido “el pueblo” quien por su cuenta habría reaccionado a supuestas amenazas  de Madrid (cuando el pueblo, precisamente, permaneció tranquilo y no existía amenaza ninguna). Companys acusó a los anarquistas, de quienes dijo que  “estaban en combinación con elementos monárquicos”. Poco antes del golpe de octubre, Companys y los suyos habían impedido aplicar la orden del gobierno de buscar armas (pues algunos preparativos insurreccionales eran ya conocidos). El consejero de Gobernación respondió al cargo aduciendo que la medida “le había extrañado, por la desconfianza que entrañaba”, y que la Generalidad había obrado legalmente al impedir la búsqueda de armas (era la misma Generalidad quien las estaba acumulando). Todo lo que quedaba, según los acusados, era solo una orden suya, meramente defensiva,  de “rechazar por las armas a todo aquel que atacase el Palacio de la Generalidad”. A partir de ahí, la defensa se convirtió en una parodia realmente cómica. El consejero Lluhí afirmó no saber si realmente se había dado orden de defender el Palau, ni tampoco contra quién debiera ser defendido, aunque,  indicó,  Companys y sus consejeros se creían en riesgo de ser “atacados por la FAI” anarquista. A la pregunta de si creían posible que la FAI dispusiera de cañones (Batet había instalado dos pequeños cañones frente al Palau) el consejero Ventura Gassol respondió: “Eso no puedo decirlo, porque en absoluto no puede decirse nunca si hay elementos que tienen o no armamento”. Desde el Palau habían disparado contra la escasa tropa que lo asediaba,  pero Gassol, que estaba allí, negó tener conocimiento del hecho “porque no era de mi incumbencia” y “no me enteré de los detalles”. Ni siquiera se le había ocurrido informarse de quiénes asediaban el Palau a aquellas horas de la noche.

Un defensor de los acusados, Ossorio y Gallardo,  afirmó que aquel 6 de octubre sus defendidos estaban “incomunicados virtualmente con el resto de España” –omitió que ellos mismos habían dado orden de cortar las comunicaciones—y “justamente preocupados ante la verosimilitud de un golpe fascista” –nadie creía realmente en tal golpe, que era usado solo como pretexto, según he documentado en Los orígenes de la guerra civil--, mientras que las masas se “rebelaban espontáneamente” –una nueva invención—, por lo que “El Gobierno de la Generalidad, precisamente por ser Gobierno y ejerciendo una función de Gobierno, inexcusable en tan dramáticas circunstancias, hubo de buscar un cauce jurídico y político  para que  (…) las enormes masas del pueblo (…) aplicasen su exaltación y su fervor a una obra política constructiva”. La proclamación del Estado catalán contra la república era una “obra constructiva” a su  entender. Y afirmó audazmente que tales hechos no eran constitutivos de delito.

Un miembro del tribunal, llamado Sbert, simpatizante de los delincuentes,  fue aun más allá. Según su tesis, alabada por la prensa de la Esquerra (“ha producido gran sensación por su consistencia y su modernidad”),  los procesados debían ser absueltos, pues no podían penarse delitos no tipificados. La ley tipificaba el delito consistente en intentar cambiar el Gobierno por la fuerza, pero la Esquerra había intentado cambiar el Estado, cosa muy diferente y no contemplada por la ley, por lo que se trataba de un “acto político y legítimo”, sin posible sanción.

Podría pensarse que tan grotescos ataques a la verdad y a la inteligencia ahondarían todavía más el descrédito de los líderes rebeldes, pero no fue así. La Esquerra emprendió una campaña a través de sus órganos de prensa. Su prensa anterior fue suspendida por unos meses, pero cambiaron el nombre a sus periódicos y siguieron publicándolos sin problemas.  La Ciutat, por ejemplo, sustituyó a L´Humanitat, con titulares eran de este género: “En el banquillo de los acusados, siete hombres de Cataluña. Y en torno al estrado y al banquillo, y fuera, el pueblo”.  “Lluis Companys, el Presidente de la Generalitat, es el primer luchador de Cataluña”. “Companys y Cataluña. Gómez Hidalgo ha establecido la magnífica ecuación. Companys y Cataluña se encontraron juntos el 6 de octubre (fecha de la revuelta). Y no se separarán jamás” “Companys es Cataluña. Cataluña es Companys”. Un libro, compuesto a imitación del dedicado a González Peña, se titulaba Companys-Catalunya”. Él y los suyos aparecían como “hombres afectuosos, llanos e inteligentes. Han procedido con lealtad  y rectitud en el gobierno de su nación. Lo han sacrificado todo por el pueblo”. Companys salía retratado como “un hombre de gobierno”, y exaltado sentimentalmente como persona que “lo había tenido todo” para caer en una inmerecida desgracia. Cuando se conoció la sentencia que los condenaba a treinta años de prisión, su prensa lo acogía “con lágrimas en los ojos” bajo un titular a toda plana “TREINTA AÑOS DE PRESIDIO. ¡VIVA CATALUÑA!”,  acompañado de frases como “El veredicto que nos importa es el que pronuncie en su conciencia íntima el pueblo (…) Ya que nuestros defensores han hablado del juicio de la Historia, declaramos que esperamos tranquilos el veredicto definitivo”. Y así sucesivamente.

Todo el asunto demostraba, entre otras cosas, la escasa fibra moral de los acusados, pero, como dije, en vez de desprestigiarlos aún más, logró convertirlos en héroes para mucha gente. Poco a poco Batet se convirtió en el villano y Companys en una especie de mártir “nacional”. Algo similar había ocurrido con otro líder nacionalista, Macià. Este había organizado un grotesco intento de invasión de Cataluña desde Francia, durante el régimen de Primo de Rivera, cayendo en un ridículo generalizado… para convertirse, al llegar la república, en otro héroe popular.

Los preparativos generales de la sublevación de octubre del 34 eran entonces bien conocidos, pues en gran parte se habían desarrollado con plena publicidad y alharaca, pero quedó en la oscuridad el detalle concreto de los mismos. Los planes de la Esquerra, salieron a la luz poco antes de reanudarse la guerra civil en 1936,  con ocasión de un debate en el Parlamento catalán entre Companys y Dencàs. Como el fracaso de Companys había sido tan estrepitoso y en cierto modo irrisorio, la campaña para mitificar su figura debió completarse con otra para buscar un chivo expiatorio. Este último papel recayó sobre Dencàs, ex consejero de Gobernación de Companys, y en Miquel Badía, organizador de las milicias nacionalistas. Los dos cargaron con el peso de las burlas y desprecios de los mismos nacionalistas. En el debate, Dencàs se defendió con eficacia de las acusaciones, mostrando a un Companys intrigante,  mentiroso y traicionero, lo cual le valió de poco porque el grueso del partido apoyaba a este último e hizo callar parte de las revelaciones del primero (he expuesto también ese demostrativo debate, silenciado por la mayoría de los historiadores).

La pelea entre Badía y Companys, por su parte, derivó en un turbio asunto, con el  asesinato de Badía y un hermano suyo por pistoleros anarquistas movidos, según circulaba en los propios medios nacionalistas, por la mano del presidente de la Generalitat,  habiendo existido por medio un curioso lío de faldas, que ha sido tratado por el historiador Ucelay da Cal.   

 El éxito propagandístico de ambas campañas requiere sin duda un estudio especial que aquí no podemos abordar. Cabe decir que, en cualquier caso, ninguna de ellas fue contrarrestada eficazmente con una campaña de intensidad semejante por parte del poder. La derecha quedó con la impresión de que los hechos hablaban por sí solos y no replicó con la insistencia y documentación necesarias. Lo que demostró ser un grueso error. Un dato crucial para entender a la izquierda española es que esta no ha producido ningún pensador o libro de pensamiento de alguna enjundia; en compensación, ha destacado extraordinariamente en las técnicas propagandísticas, aun si basadas generalmente en la falsedad, como acabamos de ver. En esa combinación de falta de pensamiento y de exceso propagandístico puede encontrarse la raíz de muchas de las desgracias españolas del siglo XX.