El ministerio de Justicia está subvencionando, con nuestros impuestos, mezquitas y asociaciones islámicas en las que se justifica la sumisión de la mujer, las torturas y los castigos físicos, como cortar manos a los ladrones. Y dice hacerlo como muestra de respeto y consideración hacia las creencias religiosas. Como si todas las creencias religiosas fueran igualmente válidas para el ciudadano.

A la democracia española le ha tomado treinta años entender que no podía admitir en su seno partidos que apoyasen el terrorismo o se negaran a condenarlo. El eslogan "prohibido prohibir", tan del gusto de la generación que nos ha gobernado en las últimas décadas, encontró un obstáculo infranqueable en movimientos que operaban en un ambiente de libertad con el único propósito de acabar con ella. El terrorismo etarra es un ejemplo de esto. El islamismo fundamentalista es otro. Esperemos que, en este último caso, la democracia española no tarde otros 30 años darse cuenta.