La revista Época investigó el empadronamiento irregular de De la Vega y reveló que, efectivamente, se produjo fuera del plazo, con una ley hecha a medida y por lo tanto, su voto podría haber sido fraudulento. A raíz de estas informaciones, la vicepresidenta demandó al director de la publicación, Carlos Dávila y a la subdirectora, Maite Alfageme, que ahora ven apoyadas por la justicia las informaciones publicada por la revista.
El empadronamiento de De la Vega en Beneixida fue irregular y por segunda vez la vicepresidenta del Gobierno es derrotada ante los tribunales. María Teresa Fernández de la Vega presentó una demanda porque consideraba que González Pons había cometido una intromisión ilegítima en su derecho al honor en unas manifestaciones a los medios de comunicación, el 5 de diciembre de 2007, cuando el político popular calificó su empadronamiento en la localidad valenciana como "irregular".
En paralelo un año después, la revista Época investiga el empadronamiento de De la Vega y revela que, efectivamente, se produjo fuera del plazo, con una ley hecha a medida y por lo tanto, su voto podría haber sido fraudulento.
A raíz de estas informaciones, la vicepresidenta demanda también al director de la publicación, Carlos Dávila y a la subdirectora, Maite Alfageme.
Precisamente mañana, ambos periodistas están llamados a declarar ante la Fiscalía que actuó de oficio como mero abogado particular de la vicepresidenta.
No obstante, la sentencia favorable a Pons revela que las informaciones publicadas por Época son ciertas y supone un claro apoyo a sus editores y periodistas.
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