El fallo del Constitucional

El TC avala la mayor parte del Estatut, aunque reitera la indivisibilidad de España

28 JUN 2010 | D. Carrasco. Madrid

El texto sale aprobado por los votos favorables de seis magistrados y cuatro en contra. Declara inconstitucional todo el capítulo relativo al Poder Judicial y la autonomía financiera.

El Tribunal Constitucional (TC), después de cuatro años deliberando el Estatuto de Cataluña, dictó ayer sentencia sobre la constitucionalidad de la norma catalana. El borrador de sentencia de la presidenta, María Emilia Casas, fue aprobado por seis votos a favor y cuatro en contra. Por tanto, la sentencia avala la mayor parte del contenido del Estatut. De entrada, el término “nación” contenido en el preámbulo del Estatut ha sido declarado sin eficacia jurídica, lo que significa que carece de validez y no tiene ninguna vinculación. Esta decisión ya fue adelantada por LA GACETA el lunes 21 de junio.

Según fuentes jurídicas, este punto ha sido uno de los decisivos para que el magistrado progresista Manuel Aragón haya votado a favor de la ponencia de Casas. El otro magistrado que apoyó el texto ha sido el vicepresidente del Tribunal Constitucional Guillermo Jiménez Sánchez.

Fuentes del tribunal informaron que la ponencia se votó por bloques. Así, el primer bloque, el Preámbulo, salió aprobado por seis votos a favor y cuatro en contra. Un segundo bloque, estaría compuesto por los 14 artículos que han sido declarados inconstitucionales. En este apartado, votaron a favor ocho magistrados y en contra dos. Uno de los preceptos declarados sin validez constitucional ha sido el 218, que versa sobre la autonomía y las competencias financieras. Este precepto está encuadrado en el capítulo relativo a las Haciendas de los gobiernos locales. El tercer bloque estaría compuesto por los preceptos que son declarados constitucionales, pero siempre y cuando se someta a una determinada interpretación que fijará el tribunal. Aquí los preceptos declarados han sido 23 y cuatro disposiciones adicionales. En este apartado, votaron seis magistrados a favor y cuatro en contra. Como ejemplo, el artículo 34, que se refiere a los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios, es uno de los que se declaran constitucionales, pero con interpretación. El mismo resultado arrojó el cuarto bloque que se votó, que encuadraba el resto del articulado que se declaraba constitucional.

Asimismo, los magistrados Jorge Rodríguez Zapata, Vicente Conde, Javier Delgado Barrio y Ramón Rodríguez Arribas, todos ubicados en el bloque conservador, han anunciado que formularán sus respectivos votos particulares, para mostrar su desacuerdo en la mayoría de los preceptos aprobados ayer por el Tribunal Constitucional.

Y es que Casas ayer hizo lo imposible para sacar adelante una sentencia favorable al Estatuto de Cataluña antes de la precampaña de las elecciones catalanas. Casas modificó ayer su ponencia a la desesperada para conseguir atraer los votos del magistrado progresista y clave en las deliberaciones, Manuel Aragón, y del vicepresidente del tribunal, el conservador, con matices, Guillermo Jiménez. La estrategia de la presidenta era clara. Para conseguir el apoyo favorable de Aragón, según fuentes jurídicas, “había que declarar en la parte dispositiva de la sentencia que el término ‘nación’ carecía de eficacia normativa”.

Finalmente no ha sido necesario que la presidenta, María Emilia Casas, emitiera voto de calidad, puesto que al bloque progresista se habrían sumado a última hora para avalar la mayor parte del texto tanto el vicepresidente del tribunal, Guillermo Jiménez, como el magistrado Manuel Aragón Reyes, que fue uno de los que más oposición mostró durante las deliberaciones sobre el contenido del Preámbulo. De hecho, el anterior borrador, que fue redactado por el magistrado conservador Jiménez, no llegó ni siquiera a votarse. Y ello porque durante las conversaciones previas y en el día de la deliberación no consiguió los apoyos necesarios porque limitaba mucho el texto catalán.

Todo se remonta al 31 de agosto de 2006 cuando el PP presentó su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Impugnaba el Preámbulo, 114 de los 223 artículos del texto y nueve disposiciones adicionales y tres finales. El recurso del PP, que redactaron Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo, estaba dirigido principalmente a la definición de Cataluña como nación, la obligatoriedad del catalán, la regulación de derechos y deberes, la legislación judicial, el reparto competencial y la relación bilateral con el Estado.
El pleno del Estatut estuvo reunido durante tres horas y media por la mañana. Tras un receso, de dos horas, para comer, los magistrados volvieron a reunirse a las 17 horas para continuar las deliberaciones, que concluyeron en votación y fallo de la sentencia.

Según fuentes del órgano constitucional, el borrador de Casas, que ha obtenido finalmente los apoyos del TC asume con algunas modificaciones las mismas tesis que la que elaboró en su día la magistrada del sector progresista Elisa Pérez Vera respecto a los aspectos más polémicos de la norma, tales como la inclusión del término “nación” en el Preámbulo, la mayoría de los preceptos referidos al uso de la lengua catalana y la bilateralidad de las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado.

Entre los preceptos anulados estarían varios relativos a las competencias del Poder Judicial en Cataluña y del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán). En efecto, según el Estatut contemplaba un poder judicial único, con la regulación de un consejo autonómico de justicia. De esta manera, se anula el artículo 97, que declara inconstitucional el Consejo de Justicia de Cataluña. Por tanto, también se anula el precepto 98, que contempla las atribuciones de dicho organismo. Esta situación había indignado a la carrera judicial y al Consejo General del Poder Judicial, que emitió en 2006 un duro informe contra el texto catalán.

Reacciones

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, afirmó ayer que el TC ha cuestionado “50 artículos de calado” del Estatuto de Cataluña y pidió “prudencia” y “responsabilidad” después de destacar las contradicciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y del presidente de la Generalitat, José Montilla.
Al ser preguntada si el PP se siente derrotado por la decisión del TC, la portavoz popular dijo que “depende” de a quién se escuche, si a De la Vega o a Montilla, ya que la primera ha dicho que el PP había sufrido una “derrota en toda regla” y el segundo ha advertido a Zapatero de que deberá rehacerse el pacto que posibilitó el Estatut.

Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó ayer de “ventaja” que, tras haber defendido tantas veces la legalidad del Estatut de Cataluña, ahora el fallo dictado por el Tribunal Constitucional “también lo diga”. En este sentido, el que fuera portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE durante la negociación del texto autonómico añadió que la “ventaja” de haber defendido esta postura durante tanto tiempo es que “ahora también lo dice el Tribunal Constitucional”.

Ahora, en los próximos días Casas procederá a la redacción de la sentencia, que incorporará los fundamentos jurídicos.