Corte Suprema de Justicia

Guatemala revoca la pena de muerte a 53 de los 54 condenados

23 ENE 2012 | Agencias

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala revocó la pena de muerte emitida contra 53 de los 54 presos que hay en el país con esa condena al considerar que se violó el derecho de defensa, informaron hoy fuentes judiciales.

La mayoría de los condenados a la pena capital fueron procesados por delitos de secuestro, asesinato y violación.

Aún está pendiente que la Cámara Penal de la CSJ resuelva un recurso promovido a favor del último de los condenados a muerte, que de ser favorable dejaría a Guatemala sin casos de ese tipo.

"Fue una decisión colegiada de los magistrados de la Cámara Penal al resolver procesos de revisión promovidos por el Instituto de la Defensa Pública Penal", dijo un portavoz de la CSJ.

Al revocar la pena capital, la Cámara Penal impuso a los 53 presos beneficiados una sentencia de 50 años de prisión, la máxima establecida en la legislación guatemalteca.

El presidente de la Cámara Penal, César Barrientos, declaró al diario Prensa Libre que la decisión se basó en que los presos no tuvieron oportunidad de defenderse debido a que "se violaron los principios del debido proceso", así como el Pacto de San José y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Según Barrientos, el Estado de Guatemala no puede aplicar la pena de muerte basada en criterios de "peligrosidad social de los condenados" toda vez que eso sería "adelantarse a que éstos siempre serán peligrosos".

El magistrado lamentó "el dolor de las víctimas (...), pero el derecho penal debe de cumplirse" ya que la justicia universal "está por encima de la justicia nacional", añadió.

Guatemala, junto con Cuba y Estados Unidos, son los únicos países del continente americano que incluyen en sus legislaciones la pena de muerte.

Sin embargo, en este país centroamericano la aplicación de la pena capital está en suspenso desde el año 2000 debido al "vacío legal" que significa la falta de una definición sobre el indulto presidencial.

En noviembre de 2010, el presidente Álvaro Colom, vetó una ley aprobada por el Parlamento por medio de la cual se restituía el indulto presidencial para que éste otorgara o denegara el perdón a los presos condenados a muerte.

Meses después, Colom envió al Congreso una iniciativa de ley para abolir de forma definitiva la pena capital, y en su lugar, como máxima sanción penal por delitos graves, establecer una "pena de prisión de alto impacto" que tendría una duración de 75 años inconmutables, la cual no ha sido estudiada por los legisladores.

El nuevo presidente, Otto Pérez Molina, quien asumió el cargo el pasado 14 de enero, dijo sobre la pena de muerte durante su campaña electoral que respetaría la decisión de los tribunales sobre su aplicación.