Minería

La protesta indígena condiciona la apertura del diálogo con el Gobierno de Panamá

06 FEB 2012 | Agencias

Los líderes de la protesta indígena antiminera, que este domingo dejó un muerto en enfrentamientos con la Policía, condicionaron hoy el diálogo con el Gobierno de Panamá a la liberación de los manifestantes detenidos y a la participación de la ONU, que aceptó el papel de mediador.

El Gobierno del presidente panameño, Ricardo Martinelli, reiteró la pasada noche su oferta para conversar con los líderes de la etnia ngäbe buglé, después de que la Policía dispersase a los indígenas que bloqueaban por sexto día carretera Interamericana, que comunica al país con el resto de Centroamérica.

La alta comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Ana Villa, aceptó mediar en el conflicto durante el encuentro entre el canciller panameño, Roberto Henríquez, y el cuerpo diplomático acreditado en Panamá.

En esa reunión, Villa ofreció como mediador al Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el estadounidense de origen apache James Anaya.

En los enfrentamiento del domingo, al menos un manifestante muerto, mientras que otras 46 personas resultaron heridas, seis de ellas policías, y 44 indígenas fueron detenidos, diez de ellos menores, según los datos oficiales.

El presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo ngäbe buglé, Rogelio Montezuma, dijo este lunes que para dialogar con las autoridades primero se debe retirar a la Policía Nacional que permanece en el área.

El líder indígena también puso como condición que termine la "represión y persecución" que, según él, sufren los miembros de la Coordinadora, según publicó la versión electrónica del diario La Prensa de Panamá, al informar de los resultados de una reunión de los líderes indígenas celebrada esta madrugada en San Félix, a unos 400 kilómetros al oeste de la capital panameña

También la liberación "inmediata" de los detenidos el domingo, "apoyo" a los familiares del manifestante muerto, y el restablecimiento de las comunicaciones de telefonía móvil en la zona de conflicto.

Desde el sábado pasado permanece suspendido el servicio de telefonía celular en las áreas afectadas por la protesta indígena, una medida de "seguridad del Estado", según explicó ayer el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino.

Montezuma también pidió que la Iglesia evangélica, el rector de la Universidad de Panamá y el relator de las Naciones Unidas en Panamá actúen como observadores en las eventuales negociaciones con el Gobierno.

Los indígenas reclaman que en la ley que debate el Parlamento unicameral, que veta las actividades mineras en su región, se incluya la prohibición de construir hidroeléctricas.

El Gobierno se opone a ello porque considera que el acuerdo alcanzado el 27 de febrero de 2011 con los ngäbe nuglé para terminar con un conflicto similar se pactó la protección de los recursos hídricos, pero en ningún caso prohibir su explotación.