El órdago soberanista, en pie

29 JUN 2010

El causante final del desaguisado no es otro que el hombre que dio alas al Estatut: Zapatero

No hemos pretendido ser agoreros, ni jugar a Casandra, pero LA GACETA lo venía anunciando desde hacía meses, la sentencia del Estatut iba a tener mucho de lampedusiana: que todo cambie para que no cambie nada. Una retoque para guardar ciertas apariencias, dejando intacto el corazón soberanista del Estatut. El resultado después del largo e indecente culebrón que terminó ayer con la sentencia de seis votos a favor y cuatro en contra tiene tres consecuencias muy negativas: una amenaza para la convivencia nacional, la confirmación del descrédito de una institución como el Tribunal Constitucional y, finalmente, el estímulo del órdago separatista del nacionalismo catalán, que lejos de contentarse sube el listón de sus peticiones.

La sentencia emitida ayer por el Tribunal Constitucional avala buena parte del contenido del Estatut y sólo criba el articulado sobre los poderes autonómicos de la Justicia. Al menos, pone los puntos sobre las íes al negar a Cataluña la última instancia judicial de la casación. Ya es algo. Admite el término “nación”, uno de los grandes caballos de batalla del largo litigio, aunque subraye que el término “no tenga eficacia jurídica”. Y reconoce expresamente la “indivisibilidad de la nación española”. Pero puede que todo esto sea un juego ambivalente, sujeto a la interpretación. Es la opinión de destacados especialistas, como el antiguo presidente del tribunal Rodríguez Bereijo, que insiste en la importancia doctrinal del Preámbulo, tal como subraya la jurisprudencia del Alto Tribunal.

La suma de chapuzas sólo puede engendrar una nueva chapuza aún mayor y ésa es la sensación que transmite la sentencia. Y de graves consecuencias para España. No es habitual en regímenes democráticos un nivel de inseguridad institucional como el que hemos vivido en estos casi cuatro años. Inseguridad creada, en primer lugar, con la propia figura del Estatut, que según diversos constitucionalistas implica invalidar la Carta Magna en Cataluña; y, en segundo lugar, con la tomadura de pelo del tribunal, su parálisis derivada del grado de partidismo de sus desprestigiados miembros, y su escandalosa tardanza en emitir el fallo.

La farsa ha tenido destacados Polichinelas, a cual más patético, con María Emilia Casas oficiando este cierre en falso. El fallo final ha sido posible gracias a los votos de los magistrados Guillermo Jiménez y Manuel Aragón, que han coadyuvado a desbloquear el impasse y a que salga el resultado. Por no hablar de quienes, desde el nacionalismo catalán o el PSC han presionado de forma intolerable sobre los jueces.

Pero si hubiera que buscar un culpable del fracaso que implica el Estatut, bendecido por la sentencia, no es otro que Zapatero, la persona que acumula todas las responsabilidades de los fiascos (económicos, políticos, institucionales) que, como una plaga bíblica, azotan a España.

El líder socialista fue quien dio alas al Estatut, al asegurar que bendeciría la reforma que saliera del Parlament. Un montaje del tripartito fraguado a espaldas de la mayor parte de la ciudadanía catalana, como demuestran el exiguo apoyo que recibió en las encuestas previas, y el manifiesto desinterés que despertó el referéndum, con una participación inferior al 50%.

Pero implicaba una severa amenaza contra el diseño del Estado surgido en la Transición. Tanto por el contenido, desde el concepto de Nación, puesto en tela de juicio por Zapatero, hasta los ataques a la unidad del poder judicial. Pero también por el contexto político en el que se enmarcaba, y no por casualidad: tras una tregua de la banda terrorista ETA para Cataluña, después del famoso viaje de Carod, y con el Plan Ibarretxe en ristre, y en paralelo con una negociación de Zapatero con la banda.

La mancha original del Estatut, impulsado por Zapatero, puede explicar los zigzags, tejemanejes y presiones que han marcado la deriva del Tribunal Constitucional durante tres años y siete ponencias. Con contaminaciones tan burdas como la de Pérez Tremps, recusado por el Partido Popular por haber firmado un contrato con la Generalitat. O a presiones cercanas a las prácticas mafiosas como la campaña orquestada contra García-Calvo, juez contrario al Estatut, a través de los servicios de Inteligencia, como reveló ÉPOCA en su momento.

Si en el último año han apretado el acelerador parece que ha sido por razones políticas: la renovación que favorecería al ala progresista de la actual composición del tribunal. Con estos mimbres, la sentencia iba a ser inevitablemente política. Es decir, acomodaticia.

La prueba es que, en muchos aspectos, la sentencia no soluciona el daño hecho en estos años en los que el Estatut ha operado como una norma constituyente, por la vía de los hechos consumados. Un caso emblemático es el castellano ya ha sido laminado por el catalán, y continuará siendo multado como si fuera una lengua de segunda.
Los nacionalistas han subido su apuesta soberanista (“ahora, la autodeterminación” amenaza Convergència i Unió; y Montilla llama a la movilización de los catalanes), pero gran parte del daño ya estaba hecho previamente.