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Allí donde se honra la verdad en vez de la impostura, la sociedad está sana y sostiene al resto. El pueblo español necesita ver a los responsables de la corrupción rendir cuentas en los tribunales.
Al celebrar el primer aniversario de LA GACETA de Intereconomía, su director Carlos Dávila me pide mi opinión, más que de la enfermedad de España, sobre cómo sanarla.
La encomienda es compleja, no porque haya que decirlo en breve, sino porque la España actual es muchas cosas. Mi primera apreciación es que unas gozan de salud y otras, todo lo contrario. Coexisten en creciente tensión.
Y la duda es si las manzanas podridas podrán con las sanas o será al revés. Pregúntense conmigo: ¿qué España está enferma? ¿La de los ciudadanos corrientes y anónimos? ¿La sociedad… toda ella? ¿El régimen político que instauró la Constitución de 1978 o las cabezas y cúpulas políticas responsables de su gestión? ¿Todas sus instituciones o solamente algunas? ¿Los partidos políticos o los sindicatos? ¿Nuestro tejido industrial, sus ejecutivos y empresarios? ¿La banca, las cajas de ahorros? ¿La escuela y las universidades? ¿Nuestros cuadros profesionales en ingeniería, arquitectura, medicina, abogacía, agricultores y ganaderos, artes, oficios y etcéteras? ¿El deporte: el fútbol, el tenis, el ciclismo, el baloncesto, la Fórmula 1, el motociclismo o el alpinismo? ¿La juventud? ¿Las familias?
La lista es bastante para darnos cuenta de que, en esta España, hay de todo. Ciertas cosas están muy enfermas, corroídas y agónicas; otras resisten con la fuerza de los cuerpos sanos pero expuestos al contagio de los focos de infección; unas, tristes y desencantadas, parecen resignadas a la decadencia; otras, cabreadas y rebeldes, luchan por sus ideales. Tenemos hasta insuperables excelencias en deportes. Somos campeones del mundo.
Les propongo un primer diagnóstico. En esta heterogénea España, allí donde hay iniciativa personal libre y responsable, esfuerzo, disciplina, honradez, generosidad y profesionalidad, respeto, abnegación y sacrificio, mérito y constancia, austeridad en vez de despilfarro, servicio a los otros… allí donde se honra la verdad en vez de la impostura, la picaresca y la mentira, allí la sociedad española está sana y, además, sostiene al resto. Si este diagnóstico fuera cierto, habríamos identificado la fuente de esperanza para nuestro futuro. Está en estos sectores de la sociedad española.
Está en sus valores. Tendríamos localizado, también, el primer punto donde aplicar la cirugía: la reforma profunda de nuestro sistema educativo y su escala de valores. Más responsabilidad personal, sentido de los deberes y respeto a los derechos. Menos ideología relativista y sectaria impuesta desde el poder con el dinero de todos. Más persona y menos Estado.
Veamos una segunda propuesta. ¿Es el señor, más que el vasallo, quien está podrido y corrompiendo lo que toca? La última encuesta del CIS revela que el pueblo español considera a los partidos políticos –que son los que han ocupado el Estado y bastante sociedad– un problema principal, el tercero tras el paro y el terrorismo. Obviamente, no estoy sugiriendo que se extirpen los partidos políticos como merecen el terror y el desempleo.
Lo enfatizo para evitar malintencionadas interpretaciones. Los partidos políticos son instituciones imprescindibles en una democracia y así lo estima nuestra Constitución. Pero algo muy malo están haciendo sus jefes y aparatos para que el pueblo los juzgue uno de sus primeros problemas. ¿Qué convicción ha calado en la conciencia ciudadana? Pues que la clase política –unos más y otros menos– no se rige por el servicio al bien común, sino por la codicia de poder y recursos públicos.
Sin escrúpulos mienten, manipulan, desinforman, compran y corrompen, desnaturalizan las instituciones, amedrentan y coaccionan, malversan y dilapidan, con una ineficiencia de gestión que en cualquier empresa o comercio privados les habría puesto de patitas en la calle.
Esta radical perversión del servicio público –el poder en vez del bien común– es un cáncer mortal, una corrupción químicamente pura y dura, que infecta los cuadros, el funcionamiento, las maneras y los fines de las instituciones públicas y las privadas infiltradas. Los repartos de poder entre partidos nacionales y soberanistas –en realidad, independentistas– se han hecho en ciertas comunidades autónomas forzando los hechos, los históricos y los presentes, amordazando la educación y la libre opinión pública y, en el fondo, manipulando la soberanía popular. El resultado es, por fortuna, el desprestigio y divorcio entre la mayoría ciudadana y los aparatos de los partidos políticos, entre la sociedad sana, que selecciona el factor humano por su mérito, valores y profesionalidad, y las instituciones públicas –más algunas privadas colonizadas–, que se nutren de clientes, vasallos y compromisos políticos. Y digo “por fortuna” porque no quisiera imaginarme una ciudadanía, tan degradada y cobarde, que adulase tamaña corrupción.
La perversión del servicio público convirtiéndolo en un aparato de poder sólo puede hacerse construyendo un sistema de impunidad y una desnaturalización de las instituciones políticas. Éste es el cáncer. Quien proponga un programa de regeneración democrática tendrá que renaturalizar las instituciones del Estado de Derecho para que cumplan sus auténticas funciones.
Tendrá que democratizar la vida interna de los partidos y reformar la Ley Electoral. Deberá suprimir o liberar muchos organismos públicos y privados de la colonización por la clientela política. Más verdad y menos mentira, más libertad para la sociedad y menos Estado, es el clamor.
Pero, sobre todo, tendrá que terminar con la impunidad. Un pueblo, como el español, al que han arruinado el enorme patrimonio en común que supuso la Transición y la Constitución de 1978, para recuperar su esperanza necesita la experiencia de ver a los responsables de la corrupción rendir cuentas ante los tribunales. La Justicia o la impunidad son el test.
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