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El ministro de Trabajo, ausente en los últimos cambios, afirmó que la crisis económica no se solucionará con una sola reforma. El Gobierno dará esta semana más detalles a los agentes sociales.
Madrid.- Los cerca de 4,5 millones de parados que hay en España y la desorbitante tasa de paro del 20% que puede registrarse a lo largo de los próximos meses, son dos razones de peso como para ponerse manos a la obra. Éste es el mensaje que el pasado viernes quisieron dar sindicatos, empresarios y Gobierno. Pero aparte de la foto, las imágenes sonrientes y el optimismo por llegar a un acuerdo, poca fue la concreción del documento aportado por el presidente del Gobierno.
Se ha dicho que la crisis económica internacional es, en gran medida, la responsable de la sangría del mercado laboral español, que es cierto, pero no lo es menos que nuestro mercado presenta unas características internas que le hacen muy especial.
Apenas hace unos años, la economía española generaba la mitad del empleo de la Unión Europea. Eran los tiempos de la expansión económica basada en el tirón del ladrillo, la entrada masiva de inmigrantes, en los que la tasa de paro alcanzó mínimos del 7,95% a mediados de 2007. Apenas dos años después, todo esto se ha desmoronado como un castillo de naipes. La mitad de los parados de la UE son españoles, la tasa de paro flirtea con el 20% y España pierde la confianza de los inversores internacionales.
Ésta ha sido la consecuencia de un mercado de trabajo altamente segmentado entre dos figuras bien diferenciadas, la del trabajador con contrato indefinido y la del empleado con contrato temporal, sobre el que ha caído el contundente peso de la crisis. Precisamente en este punto es sobre el que quiere ejercer su influencia el Gobierno. Según el documento presentado el viernes a los agentes sociales, esta dualidad entre trabajadores fijos y temporales constituye el problema estructural más grave del mercado de trabajo español.
A lo largo de los últimos 25 años, la fórmula empleada por las empresas para obtener flexibilidad ha sido la utilización del contrato temporal, en muchas ocasiones empleados de forma fraudulenta para cubrir un puesto de trabajo estable, pero siempre preferible a una relación laboral estable con mayores costes de despido. A partir de ahora, el objetivo no va a ser otro que incentivar la contratación estable. Sin embargo, el documento del Gobierno no aporta novedades. Han tenido que pasar doce años para que el modelo de fomento de la contratación indefinida, principal figura contractual nacida al amparo de la reforma laboral de 1997 renaciese de sus cenizas. Esta figura contractual, pese a contemplar una indemnización por despido improcedente de 33 días, frente a los 45 días del convencional, apenas representa el 17% de los contratos firmados en el último año. De ahí que Zapatero pida a los agentes sociales fórmulas para su empleo más generalizado en lugar de contratos temporales.
Causalidad del despido
Otro de los puntos de reflexión que quiere el Ejecutivo que traten empresarios y sindicatos es el principio de causalidad del despido mediante una más clara distinción entre despidos disciplinarios y despidos económicos y, particularmente, la diferenciación entre el carácter procedente e improcedente de estos últimos. Con ello, se conseguiría que muchos de estos despidos fuesen indemnizados con 20 días en lugar de los 45 días.
Precisamente el coste del despido es un clásico cada vez que se habla de reforma laboral. Por parte empresarial, se argumenta que los jueces son excesivamente protectores con el trabajador, dictando sentencias mayoritariamente a favor de éste, con indemnizaciones de 45 días por año trabajado. Desde los sindicatos, se alude a la tutela que tienen los jueces del Tribunal de lo Social para dictar sentencia.
Tenga quien tenga la razón, el abanico de contratos existente hace posible que, en virtud del tipo de relación laboral que exista, pueda haber hasta cuatro tipos de indemnizaciones en caso de despido. El contrato indefinido clásico recibe una compensación por despido improcedente de 45 días por año trabajado hasta un límite de 42 meses. Si se trata de un contrato de fomento, la figura que ahora se quiere relanzar, la indemnización será de 33 días con un tope de 24 mensualidades. Si se trata de un contrato temporal, recibirá un pago de 8 días por año. Sin embargo, si se trata de un despido objetivo, por causas económicas y por lo tanto justificado, la indemnización es de 20 días por año y hasta un máximo de 12 meses.
Intermediación privada
La reducida intermediación de las oficinas públicas de empleo y, por lo tanto, su reducido peso a la hora de que un parado encuentre empleo, deja un espacio abierto a las agencias privadas. El documento del Gobierno se manifiesta a favor de la entrada de estos agentes en el mercado, aunque con condiciones. Tendrán que tener una autorización del Servicio Público de Empleo y gratuidad para los trabajadores. También se examinará la legislación española de las Empresas de Trabajo Temporal para adaptarla a la Directiva europea sobre este tipo de empresas.
Adaptarse a la realidad
Otro de los objetivos que debe perseguir la reforma laboral es elevar la flexibilidad interna de las empresas para adaptarse a la situación económica. En España, esta adaptación ha sido traumática. La amplia mayoría de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presentados se han traducido en extinción de contratos y, consecuentemente, despidos. Tal vez la flexibilidad podría haber llegado de la mano de ERE temporales, lo que hubiese mantenido muchos empleos. El ejemplo en Europa lo tenemos en el llamado modelo alemán.
Ganar confianza
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, sin duda el gran ausente en la presentación de la reforma laboral del viernes, y una semana antes en la de las pensiones, hizo acto de presencia. Veinticuatro horas después de que el presidente Zapatero anunciase su reforma laboral para afirmar que la actual crisis “no se arreglará con una sola reforma” y apostase por recuperar la confianza, el crédito y adaptar el mercado laboral a la realidad actual. Así de contundente se mostró en una sesión informativa en Barcelona. Adelantó que el Gobierno se reunirá la próxima semana con los agentes empresariales y sociales para detallar el documento de reforma laboral. Según dijo, en la reunión del viernes “lo más destacado fue la predisposición y voluntad de trabajar y hacerlo rápidamente para encontrar un acuerdo y un consenso. Quiero agradecer este gesto de responsabilidad”. Sin embargo, el ministro de Trabajo explicó que en los próximos días “estaremos más pendientes de dedicar horas y horas a trabajar que a comunicar; comunicaremos los avances, no las reuniones previas”, aclaró. De la misma forma, aseguró que el Gobierno seguirá debatiendo también la eventual reforma del sistema de pensiones para encontrar acuerdos en ambas materias que permitan al país salir lo antes posible de la crisis.
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