Madrid.- En febrero de 2008, a sólo un mes de las elecciones generales del 9 de marzo y con una caída del empleo desconocida en décadas, el Gobierno socialista decidió impulsar un cambio profundo en el método de cálculo de los parados, gracias al cual aquellos que estuviesen recibiendo cursos de formación no computaban como desempleados. De esa forma, el Ejecutivo, cuyo ministro de Trabajo y Asuntos Sociales era entonces Jesús Caldera, ponía en manos de las comunidades, fundamentalmente las socialistas, en las que el paro resultaba un problema mayor, la posibilidad de maquillar las estadísticas de los Servicios Públicos de Empleo.
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