La historia de su éxito comenzó a truncarse en 2008

Díaz Ferrán-Pascual, fin de un imperio

05 FEB 2012 | Javier Mesones

La Fiscalía imputa a los ex propietarios de Marsans por apropiación indebida l Se enfrentan a ocho años de prisión. La compra de Aerolíneas Argentinas y su posterior expropiación condenó al consorcio.

Ana María Gallego Sánchez, la juez que instruye el concurso de acreedores de Viajes Marsans, decidirá en las próximas semanas –algunas fuentes jurídicas apuntan incluso días– si inhabilita a Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual para ejercer actividad empresarial alguna durante un periodo que podría alcanzar los 15 años, según recoge la Ley Concursal. Así será si la magistrada encuentra que los ex propietarios de Marsans tardaron más de lo legalmente permitido en comunicar la insolvencia de la compañía, es decir, si declara el concurso culpable. De hacerlo, consumaría el final de su hasta hace apenas tres años próspera aventura empresarial.

Ingenieros técnicos de carrera, G y G (Gerardo y Gonzalo), como les gustaba llamarse, se conocieron en la universidad en los años sesenta y se hicieron amigos inseparables. En 1967, con el respaldo económico de sus padres, crearon su primera empresa, Trapsa, dedicada al transporte por carretera y que tuvo su continuación cuatro años después con la agencia de viajes Trapsatur. El éxito les acompañó en aquellos primeros años y les permitió crear nuevas empresas o adquirir otras que conformaron el grupo Marsans.

La ambición de Díaz Ferrán y Pascual no tenía límites, y la pasión, especialmente del segundo, por los aviones les llevó a forjar, junto con otros inversores, a mediados de los ochenta, la hoy quebrada Spanair (vendieron su participación hace poco más de tres años). Después llegó la también desaparecida Air Comet y Aerolíneas Argentinas, que la SEPI adjudicó en 2001 precisamente a Air Comet. Al calor de la bonanza económica y del crédito infinito, compraron aviones, ampliaron su red de hoteles y realizaron inversiones millonarias –hoy cuestionables– en empresas como SOS Cuétara y Martinsa.

El grupo Marsans se había convertido en un jugador de primerísimo nivel y el prestigio de sus dueños crecía en proporciones similares. Así, Díaz Ferrán, próximo a los círculos de Esperanza Aguirre, se convirtió sucesivamente en presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, de la CEIM madrileña y, en 2007, de la CEOE, sustituyendo tras 23 años al difunto José María Cuevas. También en este ámbito le secundó Pascual, que fue vicepresidente de la patronal española en representación del turismo.

ExpropiaciónTodo les iba viento en popa. Hasta el verano de 2008, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió Aerolíneas Argentinas. Díaz Ferrán y Pascual culpan de todos sus males posteriores a aquella maniobra del Ejecutivo argentino.

Con perspectiva, los problemas se remontan mucho más atrás en el tiempo, precisamente al momento en que compraron Aerolíneas a la SEPI –por aquella operación hoy están acusados de cometer un fraude a Hacienda de 99 millones de euros–. Era el año 2001 y la compañía aérea atravesaba una profunda crisis, con más de 6.000 empleados y apenas media docena de aviones. Los dueños de Marsans, sin embargo, confiaban en retomar el vuelo de la aerolínea. Y lo lograron. Hasta que los Kirchner dejaron de subir las tarifas y ellos dejaron de invertir. La consecuencia fue la mencionada expropiación y los intentos –tampoco muchos– de Zapatero por convencer a la presidenta argentina para sellar un acuerdo con los empresarios fueron infructuosos.

Díaz Ferrán y Pascual no vieron un solo euro –les pagaron, al cambio, un peso– y aún mantienen en un tribunal de arbitraje internacional una demanda por la que reclaman una indemnización de 1.800 millones de euros. Solicitan una contraprestación por el impacto que tuvo en las cuentas de Aerolíneas la congelación de tarifas durante seis años y por los costes que Marsans asumió para la adquisición de 70 aviones a Airbus, destinados en su mayoría a la compañía argentina.

Caída de Air CometLa expropiación de Aerolíneas dejó un agujero importante en Air Comet, que también pagaba las consecuencias de la crisis. Los bancos habían cerrado el grifo y, para evitar el desastre, sus dueños utilizaron otras empresas de Marsans como financiadoras de la compañía aérea. De nada sirvió. El 21 de diciembre de 2009, apenas 18 meses después, un tribunal británico ordenó el cese de las operaciones de una compañía acuciada por las deudas –días antes, Caja Madrid le había abierto un expediente por el impago de un crédito de 26,5 millones–. Al día siguiente, el Ministerio de Fomento le retiró la licencia de vuelo, dejando en tierra a 7.000 pasajeros y a 650 trabajadores en la calle en plena Navidad. Dos días después, Díaz Ferrán dio la cara, pero no pidió perdón y, para más inri, soltó una de esas frases que quedarán grabadas a fuego en la memoria de los miles de afectados: “Yo mismo, viéndolo desde fuera, ante esta situación tampoco volaría con Air Comet”.

Como fichas de dominó, la quiebra de Air Comet fue derribando el resto de empresas del consorcio. En marzo de 2010 le tocó a Seguros Mercurio y, sólo un mes después, la IATA ordenó a Viajes Marsans que cesara la venta de billetes. Todo ello con Díaz Ferrán aún al frente de la patronal y, en consecuencia, expuesto en la primera fila mediática. Surgieron cada vez más voces que pedían su dimisión como presidente de la CEOE, pero se resistió.

En junio vendieron la que había sido la joya de la corona del grupo, Viajes Marsans, a Posibilitum Business –la misma que meses después adquirió Nueva Rumasa, compra por la que sus dueños están citados por los tribunales–. Después del verano, el 4 de octubre, convocó elecciones anticipadas en la CEOE y en diciembre, tres años y medio después de suceder a Cuevas, abandonaba una organización sumida en una crisis de imagen como nunca antes había sufrido.

4,4 millonesEsta semana, la Fiscalía acusó a los antiguos y a los nuevos propietarios de Viajes Marsans de presunta apropiación indebida por un importe superior a los 4,4 millones de euros -en la querella, el Ministerio Fiscal denuncia que siguieron haciendo reservas sin pagar a proveedores y sin devolver el dinero a los clientes–.

Declararán dentro de dos semanas. La pena por este delito puede llegar a los ocho años de prisión. Sería el peor final para dos empresarios que durante 40 años crearon un imperio, derrumbado sin embargo en apenas dos años de crisis, con decisiones desacertadas y, sobre todo, actuaciones –de confirmarse– más que censurables.