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Su propuesta, de marcado acento sindicalista, contradice lo anunciado hasta la fecha. A su juicio, sólo 42 millones de inmigrantes mantendrían el modelo actual. Critica la eficacia de los sistemas privados.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confía en tener lista la reforma de las pensiones antes de que finalice el año. Sin embargo, el relevo en la cartera de Trabajo e Inmigración puede frenar las ambiciosas previsiones del presidente y obligar a introducir profundos cambios en la propuesta inicial, que fue impulsada por el anterior responsable del departamento, Celestino Corbacho.
El recién nombrado ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, además de censurar la reforma laboral de su antecesor, no comparte el planteamiento actual de la reforma de las pensiones que ha hecho el Gobierno, que se fundamenta básicamente en el alargamiento de la vida laboral para garantizar las prestaciones futuras.
Gómez, afiliado al sindicato UGT, asegura que quiere avanzar en una reforma “que tenga un amplio grado de respaldo político y social” y apuesta porque los cambios no se limiten a llevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años –que también–.
En un artículo recogido por La Factoría, una publicación que se define revista catalana de pensamiento social, y, posteriormente, publicado en el blog del socialista Miquel Iceta, Gómez admite que no será suficiente reducir el gasto para garantizar las prestaciones a medio y largo plazo y que será necesario aumentar los ingresos por la vía de las subidas de impuestos.
“Las reformas no solamente deben contemplar la reducción del gasto en el futuro, sino el aumento de los ingresos, haciendo que los impuestos participen más en la financiación de un sistema que, como el nuestro, no podrá descansar –y no es bueno que descanse si sus gastos aumentan tanto como puede esperarse– exclusivamente en las cotizaciones sociales”, asegura Gómez. El ya ministro de Trabajo admite “que sólo las posiciones más fundamentalistas y extremas siguen planteando, contra toda evidencia, la reducción de los ingresos tributarios en un horizonte de crecientes necesidades sociales”.
El escenario que dibuja Gómez es desolador. Para mantener el actual esquema de un jubilado por cada cuatro trabajadores, el ministro apunta que dentro de 40 años serían necesarios 60 millones de activos en España, un número imposible de lograr con las actuales tasas de natalidad sin la inmigración. El número de extranjeros en esas circunstancias debería alcanzar los 42 millones, representar la mitad de la población española prevista; cerca de 85 millones, asegura el ministro.
No a las privadas
Pero la mayor crítica va dirigida al sistema de pensiones privadas, que asegura que no ha resistido a la crisis. “Sabemos que no hay futuro al margen de los grandes sistemas públicos de protección social. Hemos aprendido que los modelos privados no son, ni mucho menos, una alternativa superior a los modelos de pensiones de carácter contributivo y universal”, dice.
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