Madrid.- El documento que el presidente del Gobierno presentó el viernes a los agentes sociales ha sido acogido sin entusiasmo por buena parte de los expertos laborales. Consideran que se trata, más que de una propuesta, de un conjunto de puntos abiertos que perfectamente podrían haberse propuesto hace 10 o 15 años, sin entrar en el fondo de las cosas.
Pese a que la interpretación que se dio en su conjunto era que se quiere fomentar el uso generalizado del contrato emanado en la última reforma de 1997 –fijo con 33 días de indemnización en caso de despido–, muchos de ellos reconocen a LA GACETA que esto no aparece mencionado de forma explícita.
Un punto importante del documento es el que recoge la idea de “abrir una reflexión sobre si no resultaría más eficiente para el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo reforzar y racionalizar, como señala la letra del Estatuto de los Trabajadores, el principio de causalidad del despido mediante una más clara distinción entre despidos disciplinarios y despidos económicos y, particularmente, la diferenciación entre el carácter procedente e improcedente de estos últimos”.
Aquí el debate que subyace es que si se clarificase esta doble vertiente, derivaría en indemnizaciones de 45 o 33 días por año trabajado en caso de improcedencia o de 20 días en el supuesto de un despido por causas objetivas. En definitiva, un abaratamiento que en el supuesto de procedencia se equipararía a la media existente en otros países europeos.
Para Salvador del Rey, socio y presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la reforma presentada por el presidente del Gobierno, “es una propuesta muy abierta, cuya finalidad es poner encima de la mesa las líneas a desarrollar por los agentes sociales”.
Considera que la idea que transmite es que hay más asuntos a abordar que el abaratamiento del despido y destaca como tema central la flexibilidad interna.
Respecto a la reflexión que recoge el documento del Ejecutivo, donde se lanza la idea de clarificar la causalidad del despido, este experto considera que mientras no haya una mínima seguridad jurídica para los despidos con causa objetiva, los empresarios, de antemano, no acudirán a juicio y preferirán pagar como un despido improcedente, es decir 45 o 33 días.
Por su parte, Federico Durán, catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues, considera que el Gobierno no ha dado a conocer una reforma, sino un documento de ideas y propuestas a debatir. Respecto a la causalidad del despido, sostiene que la objetividad del mismo no debería ser valorada por el juez.
En estos momentos, la realidad es que las empresas reconocen la improcedencia sin causa y pagan 45 días.
TEMAS RELACIONADOS: Política económica
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Si quieres entrar en el debate debes estar registrado en nuestra comunidad.
Si ya lo estás, debes iniciar sesión.
Si aún no lo estás, regístrate aquí.
Recuerda que tu comentario puede ser votado por el resto de los usuarios que estén registrados.
Revisa nuestras normas de conducta si no quieres que tu comentario sea moderado. Acceder al manual.