Grupo Época

Otras pensiones son posibles

09 FEB 2010 | Gabriel Calzada

La bandera que Zapatero ha ondeado más veces ha quedado hecha añicos en los últimos días. Se trata de su promesa de mantener las prestaciones sociales bajo cualquier circunstancia.

En un nuevo ejemplo de la famosa afirmación de Margaret Thatcher según la cual “el problema del socialismo es que termina quedándose sin recursos”, los españoles hemos podido ver dónde acaba la combinación de un sistema de pensiones públicas de reparto y una política de gasto manirroto en medio de una crisis económica agrandada por el intervencionismo zapateril.

Donde Zapatero dijo digo dice ahora Diego, y pretende obligarnos a que trabajemos más y recibamos menos como si no pasara nada. Qué duda cabe que los sindicatos y la oposición le tienen muy mal acostumbrado. Sin embargo, todo hace pensar que esta vez va a ser distinto. Por primera vez desde que llegó a Moncloa, Zapatero no tiene quien le escriba ni quien le adule ni quien le dé cobijo político. Zapatero ha jugado con fuego y las ampollas de su quemadura son tan grandes como el recorte de las prestaciones sociales que pretende llevar a cabo.

Tanto él como sus escuderos más fieles repitieron hasta la saciedad que el Partido Popular bajaría o liquidaría las pensiones en caso de llegar al poder mientras que el Gobierno socialista era sinónimo de prestaciones crecientes por jubilación. Se trataba de la versión siglo xxi de aquel “que viene el lobo”, tantas veces usado por el Gobierno de Felipe González. Al final todo ha resultado ser falso. Desafortunadamente, el Partido Popular jamás se ha planteado darnos libertad de elección entre un modelo público de reparto y uno privado de capitalización mientras que el Partido Socialista ha acometido la mayor rebaja de las prestaciones que se lleva a cabo desde la existencia de pensiones públicas en España.

La súbita reforma viene dada por el inminente déficit de las cuentas de la Seguridad Social. El Gobierno echa la culpa a la ciudadanía: que si tenemos pocos hijos, que si vivimos demasiado, que si nos jubilamos excesivamente pronto. Un sistema de pensiones que precisa que la población crezca, viva y se comporte de acuerdo con el único patrón que permite sostener el modelo es una perversión. El modelo de pensiones públicas de reparto es una bomba de relojería y tenía que estallar antes o después. Y es que hablamos de un sistema tipo piramidal en el que las aportaciones que hacen los trabajadores se las gasta el Estado sobre la marcha en el pago de las pensiones de quienes se jubilan. Mientras la base de la pirámide vaya creciendo no parece haber problemas, porque representan nuevos primos a quienes sacarle los cuartos para mantener a los de arriba. Sin embargo, en cuanto disminuye la base de nuevos clientes porque se reducen los nacimientos, se reduce la ocupación laboral o se incrementa la esperanza de vida, el sistema explota sin remedio. Si este método lo diseña Madoff, todo el mundo lo ve inmoral y el protagonista termina encerrado en la celda. En cambio, si es el Gobierno quien lo promueve, dirige y coordina, se cataloga el sistema como social y solidario.

Este sistema no aguantaba más tiempo sin cambios. Después de negarlo una y otra vez, el Ejecutivo reconoce esta verdad de Perogrullo. El Partido Popular aprovechará ahora las contradicciones socialistas para marcar distancias. Sin embargo, la diferencia entre las propuestas de ambos partidos es mínima. Los dos pretenden mantener el sistema público de pensiones de redistribución piramidal y forzosa poniéndole los únicos parches que podrían darle unas décadas más de vida en espera de un cambio en el incorrecto comportamiento demográfico de la población: aumentar los años obligatorios de contribución al sistema, retrasando la edad de jubilación y reducir las prestaciones tanto por la vía del mencionado cambio de la edad como por la del cambio del método de cálculo.

Los políticos se justifican diciendo que en España existe un gran apoyo al timo de reparto. No olvidemos que también dicen lo mismo del sistema de salud y, sin embargo, la inmensa mayoría de los funcionarios, que son los únicos que pueden elegir entre prestación médica pública o privada, eligen año tras año la provisión privada. Si su excusa fuera cierta, no deberían tener ningún problema en dar libertad de elección a la ciudadanía porque lo único que pasaría es que comprobaríamos lo contentos y felices que estamos todos con el sistema público. Sin embargo, todo apunta a que con las pensiones ocurriría algo parecido a lo que sucede con la prestación sanitaria de los funcionarios.

Una cosa es la retórica ideológica y el resultado de encuestas que se realizan a una población que sabe que no tiene posibilidad de elección y otra bien distinta es preguntarle a quien has dado la posibilidad de elegir y sabe que el futuro de su pensión depende de esa decisión. Más de una veintena de países, con Suecia, Chile y Australia a la cabeza, tienen hoy en día un sistema de capitalización en el que los ciudadanos son más o menos dueños de sus ahorros para la jubilación.

Allí donde se ha preguntado a los ciudadanos qué quieren hacer, éstos han elegido un sistema más privado en el que cada uno se responsabiliza de su pensión a lo largo de su vida laboral. En ese sistema cada uno podría decidir a qué edad jubilarse y los pensionazos no pasarían de ser desagradables pesadillas en las que soñáramos con políticos intervencionistas con capa y largos colmillos.