Temor de los pensionistas ante un pronto recorte de las prestaciones

14 ENE 2010

Las reformas en otros países se han traducido en rebajas de las pensiones. Los prejubilados citan el superávit de la Seguridad Social para no bajarlas.

Madrid.“El Gobierno español tiene el claro objetivo de recortar la pensión media en un 20% y no entienden que muchos jubilados viven al borde de la miseria”. Así de tajante se mostraba ayer el presidente de la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas de España, Enrique Castillo, ante la incertidumbre que ha generado el informe que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo 29 de enero. La indignación de este colectivo ante la nueva regulación se hace patente en las palabras de su representante: “ampliar el plazo para calcular las pensiones de 15 a 20 años es una locura”, asegura Castillo, “el Ejecutivo sólo piensa en reducir el gasto, cuando la caja única de la Seguridad Social registró en 2009 un superávit de más de 12.000 millones de euros”.

    El Ministerio de Trabajo también ha reconocido que la reforma afectará a las pensiones de viudedad, algo que, para Castillo, “viola los derechos del trabajador. Quieren sustituir la pensión contributiva por otra asistencial”. El pasado 28 de diciembre, la Confederación envió un escrito al presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el que explicaban la necesidad de que estas pensiones aumentasen al 70% de la base reguladora, pero la respuesta aún no ha llegado, por lo que temen que el Gobierno traslade la reforma a la Comisión del Pacto de Toledo sin contar con este colectivo.

    Lo cierto es que las experiencias en otros países resultan contundentes, ya que las reformas de pensiones adoptadas se han traducido en una reducción en la generosidad de estos sistemas. Y es que cuando se trata de reducir gasto, todos los países recortan pensiones.

    Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, el diputado por Valladolid, Tomás Burgos, lanza un mensaje de tranquilidad. Afirma que no es del todo cierto que una ampliación del plazo para el cálculo de la pensión se traduzca en todos los casos en una bajada de la misma, respecto al cómputo actual de 15 años. Considera que si un trabajador pierde un trabajo próximo a los 65 años y se ve forzado a darse de alta como autónomo, su cotización a la Seguridad Social será más baja que la aportada antes por el régimen general, por lo que una ampliación del plazo le beneficiará. Burgos considera que “es una adecuación más justa y refleja mejor la cotización adecuándose a las carreras profesionales con cotizaciones no lineales”. No obstante, expresa sus dudas acerca de que el Gobierno quiera ir más allá, aunque lo que está claro es que es un debate que hay que abrir.