El Supremo de EE UU autoriza a Arizona a cerrar negocios que contraten ilegales

26 MAY 2011 | Agencias

La ley, conocida informalmente como la "pena de muerte para los negocios", permite llevar a juicio a empresarios que, a sabiendas, contraten a trabajadores indocumentados.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos apoyó este jueves una ley del estado de Arizona que permite demandar a los empresarios que contraten inmigrantes sin regularizar e incluso cerrar sus negocios, una normativa a la que se opuso el Gobierno federal.

Por cinco votos contra tres, los jueces de la máxima corte rechazaron los argumentos de comerciantes, organizaciones civiles e incluso del Gobierno de Barack Obama y reabrieron la puerta a la aplicación de la ley estatal, que entró en vigor en 2008 pero estaba suspendida a espera del dictamen, al haber sido recurrida.

La decisión es la primera de la corte sobre la serie de medidas que han impulsado las autoridades de Arizona contra la inmigración irregular,y, según algunos analistas, puede tomarse como adelanto del dictamen que el Supremo podría dar a la más polémica de esas leyes, la SB1070.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, anunció hace dos semanas que llevará ante la máxima instancia sus argumentos para que esa otra iniciativa, que convierte a los inmigrantes indocumentados en delincuentes, pueda aplicarse en su totalidad y no con las restricciones que le impuso un tribunal federal.

También se espera que acabe en el Supremo una ley más reciente, firmada el año pasado por Brewer, que exige a los policías del estado que verifiquen el estatus migratorio de cualquier sospechoso de cometer un delito y que está bloqueada e inmersa en un largo proceso de apelaciones.

En el fallo de hoy, que firma el presidente del Supremo, John Roberts, conservador, la corte determinó que la ley no viola las leyes federales sobre inmigración, como afirmaban los demandantes y como defiende el Gobierno.

La ley, conocida informalmente en Arizona como la "pena de muerte para los negocios", permite que los abogados de cada condado lleven a juicio a empresarios que, a sabiendas, contraten a trabajadores indocumentados. Las empresas que infrinjan esta ley corren el riesgo de perder sus licencias y el peligro de cierre de sus negocios.

Los jueces argumentaron que la ley de Arizona no causará importantes "tensiones" con la normativa federal y se apoya "únicamente" en el programa "E-Verify", establecido por el Gobierno para que las empresas verifiquen el estatus migratorio de los empleados, por lo que va en la línea trazada por las autoridades federales.

No obstante, los tres jueces que votaron en contra de la ley advirtieron que la medida puede llevar a "discriminación ilegal" contra algunos trabajadores. "Tanto directamente como a través de la incertidumbre que crea, el estatuto de Arizona impondrá nuevas cargas sobre el empleo legal", indicó el juez Stephen Breyer en sus argumentos finales contrarios a la mayoría.

La Cámara de Comercio de EE UU mostró poco después su "decepción" por la resolución, aunque subrayó que no favorece, "de ninguna manera", la creación de sistemas de inmigración en cada uno de los estados, al margen de la legislación federal.

"El Tribunal Supremo sólo ha respaldado el estatuto porque respeta la ley federal tal y como es; porque usa la definición del Gobierno de 'inmigrante no autorizado' y exige a los estados que utilicen un sistema federal para comprobar el estatus de los empleados", dijo en un comunicado Robin Conrad, vicepresidente de la firma legal de la Cámara.

La decisión aumenta, según Conrad, la "urgencia" de que el Congreso de EE UU impulse una reforma migratoria que elimine "la cacofonía de legislaciones estatales y locales incompatibles entre sí" que tienen que afrontar los negocios de todo el país.

Otros siete estados -Colorado, Misisipi, Misuri, Pensilvania, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental- han aprobado leyes similares a la de Arizona (sur, fronterizo con México), según indicó el juez Roberts en la sesión de hoy.