Calamita pide al Constitucional la suspensión de su sentencia

20 MAR 2010 | Efe

El juez cree que la inhabilitación ordenada por el TS podría tener consecuencias irreparables. Permanecerá apartado hasta 2018.

Madrid.-
El juez Fernando Ferrín Calamita ha solicitado al Tribunal Constitucional que suspenda de manera cautelar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, por la que era condenado a 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación al retrasar de forma maliciosa la adopción de una menor por una mujer lesbiana.

Esta solicitud se ha planteado en el recurso de amparo presentado ante el Alto Tribunal contra la decisión del Supremo que supondría, en el caso de ejecutarla, su alejamiento definitivo de la carrera judicial, ya que sus efectos se extenderían hasta el año 2018.

El juez de Familia ha solicitado la suspensión, al considerar que en el caso de ejecutar la sentencia del Supremo se podrían derivar consecuencias irreparables o de difícil reparación si el Tribunal Constitucional aprueba su recurso de amparo.

Más acciones

Este magistrado tiene también entablada una acción penal ante un Juzgado de Instrucción de Murcia contra dos funcionarias del gabinete psicosocial de su antiguo juzgado por presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio.

Ferrín se basa en lo declarado por estas funcionarias y por las madres querellantes en el juicio seguido contra él para señalar que pueden haber incurrido en estas figuras delictivas, ya que cuando la madre adoptiva y la adoptante acudieron para practicar un informe de idoneidad, “el mismo estaba ya hecho”.

Aún así, el Supremo ya confirmó que el ex juez de familia de Murcia sólo quería impedir una resolución favorable al amparo de la ley que permite el matrimonio de homosexuales y la adopción de un niño si es hijo de uno de los cónyuges.

Esta misma semana, Calamita solicitó al Consejo General del Poder Judicial que inicie un expediente de revisión de la decisión de suspenderle cautelarmente en sus funciones, sobre la base de la mera admisión a trámite de una querella en su contra por un delito de retardo malicioso en la administración de Justicia.

Ferrín alega que, a diferencia de lo que ha ocurrido con el juez Baltasar Garzón, a él no se le dio la oportunidad de hacer alegaciones en su defensa, y cree que fue suspendido “de forma arbitraria y discriminatoria”.

“Ahí está el caso notorio de Baltasar Garzón, sobre el que pesan tres querellas admitidas por el Tribunal Supremo, pese a lo que sigue en activo”, dice. A su parecer, “no caben privilegios en nuestra Constitución, se trate de quien se trate”.