El debate de los sábados

¿Debe el Gobierno instar a la ilegalización de Amaiur?

25 FEB 2012

Salvador Ulayar, hijo de Jesús Ulayar, asesinado por ETA, apuesta por el sí. Cristina Guerrero, periodista, en partidaria del no.

1 No. El acuerdo sobre el fin de ETA impulsado por PP, PSOE, CiU y PNV, y ratificado por todos los grupos políticos que forman el arco parlamentario, a excepción de UPyD y Amaiur, es el primer texto firmado por nacionalistas y no nacionalistas en relación al fin de la banda terrorista en los últimos 16 años, lo que indica que la inmensa mayoría de los grupos ha entendido que cualquier acción en sentido contrario estaría condenada al fracaso, a la luz de las limitaciones que ya estableció el Tribunal Constitucional en relación a Bildu y las recomendaciones en este sentido de la Abogacía y la Fiscalía del Estado.
2 De forma abrumadora, los partidos políticos escuchan el reclamo ciudadano que hace décadas exigía un frente común, que evite cualquier acción unilateral que pudiera generar divisiones entre los partidos, ofreciendo así una clara victoria a aquellos que se quiere combatir. Aunque UPyD no haya permitido votar el texto y le reste fuerza, el valor político del acuerdo es histórico.

3 El acuerdo asienta las bases de la política antiterrorista y de la gestión del fin de ETA, exigiendo de forma contundente y sin tibiezas “el cumplimiento estricto de la ley”, así como “el cese definitivo e incondicional de ETA”. Y sobre todo, apela a la imperiosa necesidad de “reforzar el compromiso con las víctimas”, situándolas como el eje vertebrador de la política antiterrorista.

4 Aunque aún hay muchas tareas pendientes, como la condena de la violencia y el perdón a las víctimas, estas pueden resolverse de forma más eficiente con el apoyo unánime del Congreso, con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los jueces, y no emprendiendo acciones que, como todo apunta, pudieran ser claramente contraproducentes.

Salvador Ulayar: Sí, porque además de que se trata de un imperativo democrático, Rajoy llevaba –pretérito imperfectísimo– en su programa de 2011 la ilegalización de las marcas de ETA.

Salvador Ulayar:  Tras el atentado de Santa Pola de 2002, donde murieron una niña y un jubilado, el Partido Popular inició los trámites para ilegalizarlas. Y se hizo. Coincidiendo con el juicio a los terroristas que perpetraron aquella salvajada, ese mismo partido ya no quiere saber nada de ilegalizar franquicias etarras y, además, suma a socialistas, Unión del Pueblo Navarro ¡ay! y la antiespaña nacionalista, a un cordón sanitario contra Unión Progreso y Democracia (UPyD), por proponerlo.

Salvador Ulayar:  Suenan cínicas muchas de las críticas por la supuesta inviabilidad legal de la propuesta de la líder de UPyD, Rosa Díez. La iniciativa magenta tiene la virtud de poner negro sobre blanco el trampantojo, el acuerdo secreto alcanzado por Mariano Rajoy y Rodríguez Zapatero en julio de 2008 en materia antiterrorista. Ese oscuro pacto ha moldeado un paisaje político intransitable, embarrado y afectado por esas incertidumbres judiciales a las que apelan los cínicos que afean la conducta a UPyD.

Salvador Ulayar:  Socialistas y populares rompieron el jarrón aposta. Ahora exigen airados que nadie agarre el tubo de pegamento para recomponerlo. Sus enjuagues impiden el cumplimiento de esa Justicia que hace poco, cuando el Pacto Antiterrorista, consideraban irrenunciable. Recordemos el bochorno de los ropones del politizado Tribunal Constitucional blanqueando a Bildu. En aquella infamia anduvieron metidos PSOE y PP. Total, que tienen mucha cara.