La fianza del millón de euros

03 OCT 2010 | Manuel Cerdán

Es un depósito desproporcionado porque, aunque está por ver que haya condena, jamás la sanción alcanzaría esa cifra. En este país sólo funciona el corporativismo mal entendido, no existe solidaridad ante los ataques a otros medios. “Sólo se me ocurre una idea: que van a por Intereconomía”, me dijo un profesor experto en doctrina legal sobre medios.

El titular, aislado y sin un texto que lo acompañe, tiene de por sí entidad propia. No necesita ningún aderezo lingüístico para, como diría un profesor de Teoría de la Información, transmitir un mensaje trascendente. Y si además cambiamos la moneda euro por dólar podría servir hasta para el título de una superproducción de Hollywood. ¿Se acuerdan de títulos como El hombre de un millón de dólares o Un botín de 500.000 dólares? En 1974, fecha del filme, era toda una pasta.

¡Un millón de euros! Ésa es la cifra que un juez ha impuesto a Carlos Dávila y Eugenia Viñes por una información sobre la separación de Marichalar que el magistrado considera injuriosa. Pero resulta que el Código Penal castiga el delito de injurias en su estado más extremo, “con daño y publicidad”, con una multa de seis a 14 meses. No tiene sentido un depósito tan desproporcionado porque, aunque los acusados fueran condenados en un futuro –cosa que está por ver–, jamás la sanción alcanzaría esa cifra.

Colegas insolidarios

El titular del juzgado sancionador, Enrique Luis Bergés, tiene fama en el edificio de la Plaza de Castilla, donde se halla la sede judicial, de ser un magistrado que se deja influenciar con facilidad por los escritos de las acusaciones y la Fiscalía. Un compañero suyo me lo calificó como de “muy osado”. Y no le falta razón porque jamás en España se había fijado a unos periodistas una fianza de tal magnitud.
Un proverbio bíblico dice “trata a tu enemigo con justicia”, pero ese consejo no se ha instalado en la prensa española. Cuando a uno le vienen mal dadas y de manera injusta, la competencia, en lugar de solidarizarse, saca las uñas en busca de réditos. Sin acordarse de las palabras de Bertolt Brecht: “Bla, bla, bla… y luego vinieron a por ti y no quedaba nadie”. ¡Un millón de euros de fianza a un periodista! Debería ser suficiente argumento para que se encendieran todas las luces de alarma de las asociaciones de la Prensa. Pero en este país sólo funciona el corporativismo mal entendido. No existe solidaridad ante los ataques a otros medios, al margen de las ideologías o los intereses empresariales. Me lo comentaba la otra tarde un prestigioso profesor, con muchos espolones en la doctrina legal sobre los medios de comunicación: “Es una fianza desproporcionada para una multa de seis a 14 meses. Sólo se me ocurre una idea: que van a por Intereconomía”.

Y a uno se le revuelven las tripas porque en dos ocasiones también ha pasado por ese trance de elevadas fianza, aunque logré superarlas con la ayuda de los compañeros. Las dos acciones judiciales las sufrí mientras ejercía la profesión en el diario El Mundo. Una, por la información sobre unos guardias civiles de Intxaurrondo relacionados con la guerra sucia contra ETA, y otra, por una querella de Manuel Cobo del Rosal, el abogado de personajes tan ilustres como Paesa, Al Kassar, Vera o Barreiros. En la primera, el juez fijó un depósito de 20 millones de las antiguas pesetas, y en la segunda, el magistrado Santiago Pedraz marcó una fianza de ¡¡¡30 millones de pesetas!!!, ¡¡¡Casi 200.000 euros!!! ¿Y saben cuál había sido el atropello del plumilla contra tan afanado letrado? Llamarlo en un artículo de opinión “lazarillo de Al Kassar”. Aquello era para mi una locura porque lo que se pretendía era presionar y acorralar a los periodistas que investigaban a los GAL. No lo lograron porque perdieron los dos juicios. Manuel Cobo era entonces el abogado preferido de Belloch y de su secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega. Años después, en 2006, el Gobierno de Zapatero lo premió con la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Siempre ocurre así. Los periodistas, difamados y vilipendiados, a los leones, y los compañeros de viaje del poder, a una playa del Caribe.
¡Un millón de euros! Es la cifra que gastó el Gobierno cada día que duró la pasada cumbre UE-América Latina-Caribe, pero esas cifras astronómicas sólo se las puede permitir los equipos de ZP, jamás una empresa periodística que trata de sacar adelante un proyecto editorial en periodo de crisis. ¿Y no será que buscan eso: hacer daño en la línea de flotación? No me quito la cifra de la cabeza.

Narcos y terroristas

Jamás en España un juez había impuesto a un periodista tamaña fianza. Incluso, si rebuscamos otras fianzas en otros sectores sociales y profesiones nos encontramos con alarmantes agravios comparativos. Claro, eso sí, son círculos menos canallas y peligrosos que el periodismo. Estamos hablando de narcotraficantes, pirómanos, terroristas, pederastas, políticos corruptos, estafadores… Nada comparable con un malvado plumilla sin arraigo social que, en cualquier momento, se puede fugar con el botín a su hacienda amazónica de Brasil. De ahí que podamos entender que el filoetarra Díaz Usabiaga, ex secretario general del sindicato abertzale LAB, fuera puesto en libertad por el juez Garzón con una fianza de 30.000 euros. Estaba en la cárcel por un tema menor que el de Dávila y Viñes: pretender reconstruir las estructuras de Batasuna. Meses antes también había alcanzado la libertad Pernando Barrena previo pago de 50.000 euros. ¿Sus delitos? Pretender reconstruir la Mesa Nacional de Batasuna. La decisión judicial se adoptaba en contra de la opinión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Estaba claro, ni el uno ni el otro eran un peligroso periodista. Lo mismo sucede con el terrorista De Juana, a quien un juez de Belfast lo dejó en libertad con una fianza de 5.900 euros. Normal, el chico estaba fuera de su país.

La Audiencia también dejó libres a diez dirigentes de Batasuna con una fianza de 50.000 euros. Entre los liberados estaban Juan José Petrikorena y Marije Fullaondo, portavoz de la ilegalizada Mesa Nacional. Tampoco el perfil de Dávila se puede comparar con el del mafioso georgiano Zakahr Kalashov, a quien la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia dejó tras depositar 300.000 euros. La cifra se juzgó desproporcionada para un simple jefe mafioso acusado de blanqueo de dinero, extorsión y secuestro. Nada comparable a una acusación por injurias.

Algo parecido sucedía con unos narcotraficantes gallegos que conducían unas lanchas para desembarcar 4.000 kilos de cocaína en la costa de las Rías Bajas. Quedaron en libertad pagando 20.000 euros, 10.000 menos que la cantidad fijada a un individuo que atropelló y mató a tres miembros de una misma familia. Dávila debe llevar cuidado cuando coja el coche.

Los pirómanos también tienen mejor suerte que los directores de periódicos. Los dos individuos que provocaron el fuego, intencionadamente, en Horta de Sant Joan, en Tarragona, en el que fallecieron cinco bomberos, quedaron en libertad con 6.000 euros de fianza. Es cierto que algunas informaciones de los periodistas a veces son incendiarias, pero afortunadamente no producen cenizas.

¿Y qué me dicen de los políticos corruptos? 51 detenidos de la operación Malaya tuvieron que afrontar fianzas que iban de 6.000 euros a 500.000. El empresario Carlos Sánchez pagó 250.000. Pobrecillos. Tampoco tenían nada que ver con la calaña periodística. Como le sucedió a Juan Enciso, el alcalde de El Ejido, que tuvo que pagar 300.000 euros por un delito de blanqueo. ¿Tiene Dávila cuentas secretas en Suiza o en Islas Caimán?

Los implicados del caso Palma Arena desembolsaron fianzas entre 50.000 y 15.000 euros. Para eso eran políticos. Como la ex presidenta del Parlamento balear, María Antonia Munar, que eludió la cárcel por un delito de corrupción con 350.000 euros en el denominado caso Maquillaje.

Injusticia

Es más rentable la política que la información. Que se lo pregunten a Ginés Jiménez, el sheriff de Coslada. Imputado por un caso de corrupción policial, lo dejaron en libertad con 9.000 euros. Y podría seguir con una lista interminable de casos que colocan al magistrado Enrique Luis Bergés, el titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, en una situación un tanto delicada. Eso sí, el magistrado se mostró generoso dando a Dávila un plazo de 24 horas para que depositara la fianza y así no verse obligado a embargarle sus bienes. ¡Un millón de euros! Marichalar está en todo su derecho de defender su honor y acudir a los tribunales.

Los periodistas no disponemos de patente de corso y somos iguales ante la ley que De Juana, Laureano Oubiña o el juez Garzón, pero tenemos el derecho a que nos apliquen las mismas reglas de juego que a De Juana o Díaz Usabiaga. También tenemos madres que cuidar y amar. Una fianza de tan insultante cantidad lleva a pensar en otras pretensiones. Decía Cicerón que “el derecho riguroso es una especie de injusticia”. Una fianza desproporcionada y excesivamente rigurosa es una especie de injusticia.