Justicia para el no nacido

26 ENE 2012 | Editorial

Si “dar a cada uno lo suyo” es una de las definiciones más certeras y elementales de la Justicia, desde ayer estamos de enhorabuena en España. Porque se han puesto las bases para corregir la injusticia, perpetrada hace 30 años por los socialistas, que supuso secuestrar a Montesquieu o legitimar la muerte de los más inocentes. Una batería de reformas en materia judicial y una enmienda a la totalidad de la ley Aído corrigen el grave desafuero.

La revolución que implican las reformas anunciadas por el ministro Ruiz-Gallardón refuerza el Estado de Derecho, seriamente dañado, primero, por la oleada de Felipe González al borrar la división de poderes y después por la arbitrariedad del zapaterismo, que llegó al colmo con la Ley de Salud Reproductiva y Sexual, de 2010, que convierte el aborto en un derecho. Aunque todas las medidas anunciadas tienen gran calado, la reforma de la ley Aído es quizá la que reviste mayor trascendencia. El ministro de Justicia ha explicado que esa reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida, basada a su vez en la doctrina definida por el Tribunal Constitucional. Lo cual implica una enmienda a la totalidad a la ley zapaterista de 2010. Esta última apostaba por el aborto libre hasta la semana 14 de gestación, frente a la ley de 1985 que seguía considerando el aborto un delito, con la excepción de tres supuestos. La ley Aído daba un paso más al convertir la muerte del feto en un derecho, lo cual es un disparate jurídico.

Tantas contraindicaciones tenía el texto del zapaterismo que el TC admitió un recurso del PP en el que pedía su suspensión cautelar hasta que hubiera sentencia para determinar si la norma se ajustaba a la Carta Magna (“Todos tienen derecho a la vida”, artículo 15) y a la propia sentencia emitida por esa instancia en 1985, en la que admitía la despenalización, pero subrayando que el Estado estaba obligado a proteger al nasciturus.

La ministra Aído trató de justificar tan grave retroceso en los derechos fundamentales, con la excusa de que había que evitar las malas prácticas de la ley despenalizadora y reducir así el número de abortos. La realidad es que la ley Aído ha disparado la cifra hasta los 113.000, pese al descenso del total de embarazos y de población en España.

Lo ideal, desde el punto de vista de la ética y del Derecho, sería derogar también la ley despenalizadora de 1985, pero al PP le ha quedado políticamente muy escaso margen después de la sentencia que el Constitucional emitió aquel año. Se ha dado, sin embargo, un decisivo paso al reformar la amenaza totalitaria que implica la ley Aído. El TC fijó claramente la doctrina al señalar que “los derechos de la mujer no pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus”. Esa es la línea roja que un gobernante no debe traspasar. Y esa es la línea roja que el Gobierno de Rajoy quiere respetar. El nasciturus no es ni una borrosa entelequia ni un monstruo, como cabría deducir de la definición de feto que daba Bibiana (“Es un ser vivo pero no hay base científica para llamarlo ser humano”). La ministra feminista demostraba su supina ignorancia científica, su sectarismo ideológico y su desprecio por el Derecho. Porque el nasciturus es un bien jurídico que el Estado debe proteger si no quiere amparar la arbitrariedad.

En la sentencia de 1985 –ratificada posteriormente en 1996 y 1999–, los magistrados ampararon la ley despenalizadora de los tres supuestos, pero al hacerlo también establecieron los límites de la norma. En esa sentencia se establece que el nasciturus es un bien jurídico que hay que proteger. La reforma zapaterista –en radical contradicción con estos preceptos y con las más elementales normas del Derecho– desampara por completo la vida del no nacido hasta la semana 14 de la gestación. Y conculca, de paso, otros derechos constitucionales, como la libertad de cátedra, el derecho a la educación y también el de objeción de conciencia.

A estas alturas resulta aburrido recordar lo obvio: la defensa de la vida no es una cuestión ideológica ni un mantra de derechas, por más que determinada izquierda se empeñe en disfrazar el aborto como una conquista progre. Un escritor tan poco sospechoso como el premio Pulitzer Norman Mailer, conocido por sus simpatías comunistas, señalaba: “Si una mujer no desea tener un hijo, creo que está en su derecho a decir no, pero no pretendamos decir que no es una forma de matar”. Y en España, un filósofo materialista como Gustavo Bueno negaba que un Parlamento pueda convertir el aborto en un derecho. No existe el derecho a matar, y sobre todo a matar inocentes... al contrario, el derecho a la vida es la base de todos los demás.

Y eso es exactamente lo que el Ejecutivo de Rajoy ha venido a recordar: no existe el derecho a matar inocentes. Consecuente con este ideario –que por lo demás es el que debería tener todo Gobierno que se considere democrático y no totalitario– el PP llevaba en su programa la reforma de la ley Aído y se comprometieron expresamente a ello dos de los actuales ministros, Ana Pastor –en declaraciones a Intereconomía TV– y Alberto Ruiz-Gallardón –en una entrevista a LA GACETA–. Bien está que el PP articule medidas para garantizar el derecho de los españoles al trabajo, mediante la reforma laboral y el achicamiento del enorme gasto público; pero no menos perentorio resulta que garanticen el derecho a la vida. Es razonable pensar que para salir de la crisis no bastan con reformas económicas sino que también es necesaria una regeneración ética de la sociedad española. Ayer, Gallardón dio un alentador primer paso.

La regeneración se completa con el cambio del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial; la nueva regulación en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable. El Gobierno va a subsanar otra grave injusticia al restablecer el derecho de las Víctimas del Terrorismo a estar informadas de la situación procesal del autor del delito y de su paradero hasta el final de su condena. Respecto a los proetarras y sus cómplices pidiendo amnistía, Gallardón recordó que tal cosa no cabe en la Constitución. Un recetario muy completo para dar la necesaria vuelta a la Justicia en defensa del Estado de Derecho.