Una ley injusta y corrupta

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A mediodía del jueves 26 de noviembre, 183 diputados del PSOE, PNV, ERC, BNG, IU, ICV, Na-Bai y uno de Convergencia rechazaron las cuatro enmiendas a la totalidad apoyadas por 162 diputados del PP, CIU, UPN, UPyD y Coalición Canaria, contra el proyecto de ley que faculta el aborto libre a partir de los 16 años de la madre y hasta la semana 14 de vida del concebido. Con una ligera mayoría, nuestros diputados han decidido no abortar una ley injusta y corrupta. Si comparamos el activismo social y el compromiso real de los movimientos provida con las mujeres en riesgo, el fortísimo arsenal racional y científico o la repugnancia creciente de mucha ciudadanía frente a la solución abortista de este 2009, con el estado desinformado y anestesiado de la sociedad de 1985, cuando se despenalizó en tres supuestos el delito de aborto, tal vez no esté lejos el día en que esta mañana parlamentaria nos avergonzará. Oyendo argumentar a la prócer entre las próceres Bibiana Aído, vienen a la memoria aquellas ocasiones, tantas en la historia, en que parece triunfar lo que está muriendo y fracasar el porvenir que está naciendo. Por desgracia, la aprobación de esta ley —aunque la edulcoren con la información, que no el consentimiento, de las menores a sus padres y, tal vez, con alguna previsión de objeción de conciencia para los profesionales implicados en la praxis— promoverá un aumento de las cifras del aborto y un mayor deterioro de la educación sexual y sus responsabilidades. Y ocurrirá esta degradación porque, aparente lo que aparente esta ley, la mentira jamás engendró nada bueno, aunque engaña un tiempo. A veces, las sociedades, como las personas, necesitan tocar fondo, experimentar la devastación, para identificar las falsas soluciones y buscar la regeneración.    

La lucha por una cultura de la vida proseguirá con más fuerza, pues está cargada de razón, justicia y humanidad. Entre tanto, una mayoría ya pequeña de nuestros actuales diputados socialistas,  uncidos a los independentistas y nacionalistas,  gesta una ley injusta y corrupta que configura el aborto como un derecho. Claro que es una ley injusta. Y lo es radicalmente porque en nuestra civilización la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo. Y nada más suyo del inocente e indefenso ser humano concebido que su vida y su derecho a vivirla desde su nacimiento hasta su muerte natural. Esta evidencia de la razón y este natural derecho innato ha sido una de las ocultaciones, negaciones y falsificaciones más maliciosas que el abortismo tiene en su conciencia. ¿Recuerdan la tesis sobre “el trozo o parte del cuerpo de la madre” del que puede disponer como le plazca, que para eso es su cuerpo? ¿Recuerdan lo de “sólo es una masa informe de células”, aquello otro del “preembrión” o lo del “está vivo pero no es humano”?. El abortismo, ante todo, necesita negar la vida o la humanidad, o ambas cualidades, del niño concebido. ¿Por qué? Porque si no está vivo o no es humano, cuando abortamos no matamos a ningún ser humano. Como máximo, extirpamos un apéndice molesto. La ciencia actual ha desenmascarado todas estas patrañas. A nuestros 183 diputados —y a sus amos— se lo han dicho más de 4000 científicos y expertos entre documentos recientes. El Manifiesto de los Académicos, la Declaración de Madrid de los biomédicos y el Manifiesto de los Juristas. No hay peor sordo que quien no quiere oír.

¿Y por qué nuestros diputados no quieren oír, en este caso, lo que proclama la razón científica? Sería pavoroso suponer que es por los “garbanzos” o, lo que parece análogo, “porque quien se mueve no sale en la foto”. Dado que es difícil aparentar dignidad cuando uno somete su conciencia a los dictados de los amos del partido, en psicología es bien conocido el mecanismo de transferencia de culpas o el invento de teorías justificadoras. La culpa la tendría la Iglesia católica, tan fanática, agresiva e intransigente. La autojustificación inventa una teoría que suene noble. Por ejemplo: esta ley del aborto es “un mal menor” que nos ahorra tragedias mayores. O mejor: “¡la mujer!”, la defensa de su libertad, independencia y otras banderas feministas, para justificar tres grandes indignidades. La primera, el matar un ser humano, que es un hijo, con la complicidad u omisión de un padre, una familia o todo un entorno que la abandona o la empuja, produciendo en todo caso una degradación de la mujer. La segunda: la inducción desde la política al relativismo sexual, ya entre adolescentes, porque facilita ingeniería social y control demográfico.  La tercera, la insolidaria y cruel sociedad que permite esta matanza sin cambiar lo que hubiere que cambiar, todo sin excepción, con tal de evitar que el homicidio de nuestros hijos, en su edad más inocente e indefensa, deba ser “derecho y ley”.