Los juristas censuran a De la Vega por usar al Estado para un asunto privado

23 ENE 2011

Coinciden en que la sentencia refuerza la libertad de información. Aseguran que ha triunfado un pilar clave para la democracia frente al intento de controlar a los medios.

D. Carrasco. Madrid

El archivo y sobreseimiento de la querella presentada por la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega contra el director y la directora adjunta de LA GACETA, Carlos Dávila y Maite Alfageme, “han reforzado el derecho fundamental a la libertad de informar y de expresión”, según aseguran destacados juristas a este diario.

De la Vega llevó a los tribunales una información publicada en la revista ÉPOCA sobre su empadronamiento irregular en Beneixida (Valencia), donde fue cabeza de lista del PSOE. Para interponer la correspondiente querella ante los juzgados de Madrid por presuntas calumnias graves, la vicepresidenta utilizó los servicios jurídicos del Estado. Este asunto fue archivado y sobreseído por la Justicia el pasado jueves, por lo que el intento de amordazar la libertad de información y de expresión ha quedado sin efecto.

Para el ex magistrado y abogado en ejercicio Javier Gómez de Liaño, “la decisión del juez se acomoda perfectamente a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión”. Es más, “la decisión judicial llega al convencimiento de que en los periodistas no existe ánimo de menospreciar u ofender a De la Vega, por lo que faltan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal”. Añade: “Lo que más me satisface es que este asunto lo hayan ganado dos periodistas como Dávila y Alfageme”. “El derecho de informar sale reforzado en una sociedad democrática”, enfatizó.

En el mismo sentido se pronunció el magistrado de la Audiencia Nacional y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial Enrique López. “El fallo pone en su sitio los derechos de libertad de expresión y de información, ya que son claves en nuestra democracia”. En este caso, “los periodistas no han sobrepasado el límite de estos derechos, que es el derecho al honor”. El abogado Miguel Bernad destacó que “el juez ha sido coherente con una querella que no tenía el más mínimo fundamento jurídico”.

Rafael Navarro Valls, catedrático de la Universidad Complutense, señaló que “tanto la libertad de conciencia como la libertad de expresión son dos estrellas polares que orientan a las democracias”. Por ello, “la tutela judicial que la judicatura ha dado a LA GACETA es adecuada en cuanto restablece la dosis de libertad erosionada por la querella”.

Control gubernativo

Esta decisión judicial es de extraordinaria importancia por el momento político en que se produce. Alfredo Dagnino, letrado en excedencia del Consejo de Estado, explicó que “desde el Gobierno se nos anuncian medidas de control gubernativo para los medios de comunicación como es la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales”.

Por lo que respecta a la utilización de la Abogacía del Estado, los juristas llegan al convencimiento de que De la Vega debió buscarse un abogado particular para defenderse de un asunto que era estrictamente privado. Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid “la ex vicepresidenta primera del Gobierno abusó del poder porque el abogado del Estado defiende institucionalmente los intereses del Estado, no los particulares de un individuo”. Y en el caso presente, De la Vega no representaba al Gobierno. Es más, “no se puede confundir un partido político con un Estado”. El catedrático se pregunta: “Cómo quien corrompe el funcionamiento del Estado de Derecho puede ser miembro del Consejo de Estado”.

Para Bernad, “es intolerable que De la Vega haya abusado de los servicios jurídicos del Estado en su propio interés”. Esto puede “incurrir en una malversación de utilización de medios personales para fines distintos de los que establece el ordenamiento jurídico”.

En cualquier caso, todos los juristas consultados por este diario han puesto en entredicho el actuar de una autoridad del Estado. Además, “es inaudito que se le haya dado como premio de consolación un puesto en el Consejo de Estado con un sueldo vitalicio”, apuntó Bernad.