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Manifiesto de los jueces

06 FEB 2010 | Fernando Ferrín Calamita

Para despolitizar la Justicia habría que empezar por suprimir el propio ministerio.

Aproximadamente medio millar de jueces y magistrados han suscrito un manifiesto denunciando la politización de la justicia. Ya era hora. La famosa lentitud de la justicia. Han tardado veinticinco años, ya que todo comenzó con la famosa enmienda Bandrés, cuando se debatía en 1985 en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cambió por las vías de hecho el sistema constitucional de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pasando de ser elegidos doce de ellos por los propios jueces y magistrados, a ser elegidos los veinte por el Congreso y el Senado. La razón esgrimida: en el Parlamento reside la soberanía popular, y no puede haber un poder del Estado no democrático, que no nazca del pueblo, a través de sus representantes. El propio Tribunal Constitucional advirtió expresamente del riesgo de politización de la justicia. Oídos sordos.

“Montesquieu ha muerto”, sentenció Alfonso Guerra. Paradójicamente hoy presidente de la Comisión Constitucional del Congreso. El que, por cierto, también profirió una frase profética: “El que se mueva, no sale en la foto”, como expresión de lo políticamente correcto. La enfermedad (la politización de la justicia) dura pues mucho tiempo, y ya hay metástasis. Tiene difícil arreglo, sobre todo cuando a los dos principales partidos políticos no les interesa mucho que la justicia funcione, o sea, que haya jueces independientes e inamovibles, que se atrevan a husmear en donde sea menester, ni que cuenten con medios para ello, como una verdadera Policía judicial acreedora de tal nombre, que dependa orgánica y funcionalmente de la Autoridad judicial (no como la actual, que depende de Interior), con peritos de toda clase y medios materiales.

Sólo fue elegido de conformidad a la Constitución el primer Consejo General del Poder Judicial, en 1982, presidido por Federico Carlos Sáiz de Robles. Los vocales de los restantes vienen siendo designados por los aparatos de los partidos políticos, en vergonzosa colaboración con las asociaciones profesionales. La mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); la segunda, la de Jueces para la Democracia. Las otras dos son marginales. Aunque, bien mirado, las cuatro no representan ni al 50% de los jueces. Vamos, como los sindicatos. El legislador constituyente de 1978 quiso diseñar un verdadero Poder Judicial como tercer Poder del Estado, junto al Ejecutivo y al Judicial, con jueces independientes e inamovibles, sujetos únicamente al imperio de la ley. No una Administración de Justicia ni un servicio público de la justicia. Para ello, sería necesaria la autonomía presupuestaria, para empezar. Ya que es sabido que quien paga, manda. Y si el que paga a los jueces es el Ejecutivo, mal empezamos. Y si es el Ejecutivo el que por Real Decreto firmado por el Rey y refrendado por el ministro de Justicia nombra a los jueces, mal seguimos. Y si es el Legislativo (en realidad, los portavoces parlamentarios de los dos grandes partidos, limitándose los diputados a apretar el botón, y aún así a veces se equivocan) el que nombra a los vocales del CGPJ, el mal se hace endémico, ya que luego éstos a puerta cerrada designan a un tercero como presidente, y qué curioso que ya de antemano se sabe su nombre (recuérdese que fue ZP el que “adivinó” que iba a ser Carlos Dívar el nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo). Y, a su vez, es el órgano de gobierno de los jueces el que designa a los altos cargos judiciales. Ahí está la lucha interna que se libra internamente estos días para el nombramiento de los nuevos presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia del País Vasco, Valencia y Cataluña.

Obviamente, para despolitizar la justicia habría, en primer lugar, que volver al sistema de elección de doce de los veinte vocales del CGPJ por los propios jueces y magistrados, en sufragio directo. En segundo lugar, suprimir el Ministerio de Justicia y traspasar sus competencias al CGPJ, dotando a este organismo de autonomía presupuestaria, al igual que la tienen los otros dos Poderes del Estado. En tercer lugar, que los Cuerpos de Secretarios y demás personal al servicio de los miembros del tercer poder del Estado se integraran también bajo la estructura del CGPJ, reasumiendo por tanto el Estado las competencias sobre dicho personal. No puede ser que los secretarios dependan del Ministerio de Justicia, y los Cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación y Auxilio Judicial dependan de cada comunidad autónoma. En tal sentido, la moderna oficina judicial lo que va a hacer es aislar al juez de los funcionarios. Vamos, que va a empeorar si cabe más todavía la situación. Finalmente, que los nombramientos de altos cargos judiciales se motivaran exclusivamente con arreglo a méritos y capacidad, y que se suprimiera el acceso a la carrera judicial sin oposición libre, “a juristas de reconocida competencia”.

Fernando Ferrín Calamita es jurista