Hay que despejar la X

21 SEP 2011 | Editorial

Al igual que con el caso GAL, sucede con el Faisán que la telaraña jurídica acaba aturdiendo a la opinión pública, agotando su paciencia, como si la complejidad de los mecanismos legales tuviese como único objetivo la evaporación del delito.

Sucede también, al igual que con el GAL, que el hecho que se está investigando –la colaboración con la banda ETA, evitando el desmantelamiento del aparato financiero– es demasiado grave como para caer en trampas leguleyas, nauseabundas, que parecen todas urdidas en medio de una de esas orgías horteras que se daba Roldán, en una de las cacerías de Garzón o, en fin, en cualquier otra película de la mafia.

El caso Faisán ya se ha desdoblado en dos escándalos gigantescos: por un lado el propio chivatazo, es decir, el aviso a los terroristas de que sobre ellos se cernía una operación policial. En este aspecto es muy relevante recordar que uno de los implicados en la financiación de la banda –el correo que cobraba el impuesto revolucionario– era destacado miembro del PNV y que justo en esas fechas el presidente Zapatero estaba tratando de consolidar el apoyo de los nacionalistas vascos. Pero aquí no acaba la perversión del asunto, porque a este primer y horroroso delito hay que añadir un segundo: el empeño de muchos en obstaculizar la Justicia, para que los responsables últimos del chivatazo puedan eludir la ley.

En esta segunda parte resulta un espectáculo ominoso contemplar cómo la Fiscalía pretende arrebatar la investigación al juez Ruz, argumentando que avisar a un terrorista para que no le detengan no es colaborar con banda armada. ¿Qué puede ser, entonces? ¿Amabilidad? Y no menos odiosa parece la actuación de algunos magistrados, dispuestos a secundar la extravagante teoría de la Fiscalía, y por supuesto dispuestos también a demandar a cualquiera que insinúe que su postura tiene mucho que ver con las condecoraciones que les ha otorgado Rubalcaba.

Se pueden entender discrepancias en la interpretación jurídica sujetas a perspectivas ideológicas, como sucede por ejemplo en el caso del aborto, donde al producirse un conflicto de derechos –el del no nacido a nacer y el pretendido de la madre a decidir– los jueces interpretan el derecho que ha de prevalecer conforme a sus propios criterios. Pero nada de esto existe en el caso Faisán: la discusión es sólo técnica, y por eso no se entendería –o peor, se entendería demasiado bien– que los jueces progresistas votaran en bloque para que la investigación abandone la Audiencia y se pierda en un juzgado de Irún.

Esta última posibilidad –que el caso vuelva a Irún– parece una de las últimas tretas de quienes desde el principio han pretendido el no esclarecimiento del chivatazo, cuyos ardides hemos ido desvelando en LA GACETA. Empezaron apartando a la Guardia Civil del caso, abandonaron las líneas de investigación que se dirigían a Ferraz y a Moncloa –el juez Ruz ha recuperado esta línea de investigación, según desvela hoy nuestro periódico– y después han llegado incluso a perder o destruir pruebas. Puede que todo esto haga un buen guión para un thriller político-judicial, pero las víctimas del terrorismo no están para películas ni para que los responsables de su dolor acaben eludiendo la acción de la Justicia. Y responsables de su dolor son todos: los que apretaron el gatillo, los que financiaron la estructura, los que recolectaban el dinero, los que les avisaron para que la Policía no les detuviera y, también, los que ahora entorpecen la acción judicial para proteger a los responsables últimos.

De todo esto trata el caso Faisán, y ojalá no suceda como con el caso GAL, y nos quedemos sin despejar la X.