Alberto de la Hera

Poder político y fenómenos religiosos

16 OCT 2011 | Alberto de la Hera | Sala Vip

La libertad religiosa es un derecho esencial e intangible, que el Estado debe reconocer y tutelar.

Entre todos los fenómenos sociales que han estado presentes a lo largo de la historia, uno solo ha escapado siempre a la acción del Estado: el fenómeno religioso. Reiteradamente, los más diversos sistemas y poderes políticos han intentado dominarlo, controlarlo, eliminarlo; el resultado a la larga ha sido siempre nulo: los Gobiernos pasan, los dictadores desaparecen, los controlantes se extinguen, las persecuciones cesan y renacen, cruentas e incruentas, por la vía jurídica o por la vía de la fuerza. Todo es inútil, nadie ha conseguido nunca acabar con el fenómeno religioso y su incidencia social, y nadie lo va a conseguir.

Naturalmente que no estoy hablando de esta o aquella confesión religiosa determinada; hablo de todas ellas, y no hablo de ninguna. Hablo del germen de eternidad que lleva dentro cada ser humano, de la fe, del sentido de la trascendencia de la vida, que el hombre ha puesto siempre en relación con un sentido sobrenatural de su existencia: de Dios procede y hacia Dios camina. Este es el sentido de la vida desde los orígenes de la humanidad para millones y millones de personas, para miles y miles de pueblos. Se puede controlar el derecho a la vida, privando al hombre de su disfrute; lo mismo tantos otros derechos, que tantas veces los gobernantes han querido y conseguido eliminar para un momento dado y para un lugar concreto. Los mártires de todas las religiones testifican la imposibilidad de privar al hombre de su fe.

Y ese derecho, esencial e intangible, a la opción de fe, que es previo al Estado y que es deber del Estado reconocer y tutelar –si desea ser un Estado que actúe en justicia–, al que llamamos libertad religiosa, conduce al hombre a elegir, a adecuar su conducta pública y privada a su elección, y a asociarse con otros que compartan con él sus creencias: de aquí nacen las confesiones.

Afirma el artículo 16.1 de nuestra Constitución de 1978 que el Estado garantiza la libertad religiosa de los individuos y las comunidades. Es fácil comprender que son los primeros y no las segundas los auténticos titulares de ese derecho de libertad, que poseemos por naturaleza y del que nadie debe privarnos. Y digo “debe”, pero lo exacto es decir “puede”, porque para quitárnoslo hay que quitarnos la vida, como sobradamente demuestra la historia humana. Las comunidades religiosas, las confesiones, las Iglesias, como se las quiera llamar, poseen una libertad que es en realidad la libertad conjunta de sus miembros, que poseen derecho a creer, a enseñar, a practicar el culto, a inspirar en su fe sus acciones, a ser atendidos religiosamente en sus necesidades, y para todo ello se asocian, constituyen las confesiones, y en la libertad con que estas actúan encuentran los hombres el marco de acción y de satisfacción de su propia libertad.

Todas las tiranías –bajo los más diferentes disfraces– han pretendido limitar la libertad de las entidades religiosas. Al individuo se le trata de apartar de la fe bañándolo en un materialismo educativo y ambiental; a las confesiones se les recortan derechos, y con el pretexto de la igualdad se las trata de equiparar a la baja, no al alza. Y por ese camino procuran los Estados sustituir a las religiones como fuentes de los principios éticos que rigen nuestra vida, para más fácilmente someternos a sus propios códigos de valores. Y cuando el Estado consigue que el pueblo considere justo o injusto, moral o inmoral, lo que el poder político le dicta y no lo que la fe le propone, los hombres dejan de ser personas libres para convertirse en números que los políticos manejan y utilizan. De momento, nada más que de momento; a la larga, es la libertad religiosa y no el poder estatal quien sobrevive.

En este juego están entrando hoy muchos intelectuales, muchos sociólogos, muchos defensores de que la vida es materia y de que no somos sino animales algo más desarrollados. Esto es nuevo. Y están entrando también muchos políticos. Esto es viejísimo. Muchos políticos o partidos que, al haber sido asumidos universalmente en lo que tenían de positivo sus primitivos programas, al extinguirse la lucha de clases, al estar por todos aceptados los otrora avanzados y hoy comunes principios de carácter social, se han quedado sin mensaje y han decidido asumir el de la extinción de los derechos de origen religioso: la fe del individuo y la acción de las confesiones.

Naturalmente, procuran empezar por introducirse en la educación de los niños; tratan luego de destruir el principal núcleo de resistencia, que es la familia, y coartan luego los derechos de las entidades. El final es más antiguo que el sonajero: hacerse con el control de las mentes, dictar los principios de la justicia, ser omnipotentes. Y a veces lo llegan a conseguir, pero por un tiempito y en algunos grupitos; la fe es indestructible, los programas políticos no. Estos son tantas veces pura demagogia para, como decía Tierno Galván, ilusionar y engañar a los electores, y los partidos sin nada que ofrecer son tan aficionados a utilizarla…

No lo intentan nunca a través de las confesiones más débiles en cada lugar; prometen a estas todo lo prometible y van, en cada país y momento, contra la que allí sea mayoritaria; cuando creen haber dominado a esta, las promesas hechas a las demás se convierten en humo. Nada nuevo: la misma idea se les ha ocurrido a muchos, y lo han intentado muchas veces. Ninguno sobrevivió a su empeño; las confesiones, sí; la libertad religiosa, desde luego.

*Alberto de la Hera es vicepresidente de la International Religious Liberty Association.