Reforma laboral de una vez

09 FEB 2012 | Román Gil Alburquerque | Sala Vip

España es un paradigma de inflexibilidad e inadecuación en cuanto a su normativa .

En España ha habido seis reformas laborales en los últimos 30 años y, tras la cacofonía de agrios debates, ya secos los ríos de tinta y digeridas las correspondientes huelgas generales, el paisaje sigue siendo desolador. Parece el mismo que las reformas quisieron repoblar y reverdecer, a saber, un páramo donde la desconfianza del empresario en el trabajador fijo y la inadecuación entre condiciones laborales y circunstancias de mercado campa por sus respetos. El ave fénix del paro, la precariedad en el empleo y la falta de competitividad resurgen casi al tiempo en el que se publica el BOE con la última reforma laboral, y eso siendo optimista: más vale reconocer que ni se llega a convertir en ceniza y que, más que ave fénix, es pavorosa quimera que parece haber hecho de nuestro país su hábitat natural, ajeno al resto de Europa y del mundo.

¿Por qué ha de ser España tan notoria y dramática excepción en cuanto a la regulación de su mercado de trabajo? Mucho se puede escribir sobre lo fundado o infundado de la percepción de nuestro sistema regulatorio como inflexible, inadecuado o perverso. Las comparaciones entre sistemas laborales de países enteros son necesariamente complejas y difícilmente permiten conclusiones unívocas. Con todo, es España la que ha conseguido el dudoso honor de convertirse en paradigma de inflexibilidad e inadecuación en cuanto a su normativa laboral. Y ello con el efecto de limitar la inversión extranjera, además de generar una perversa dualidad en la que los trabajadores fijos viven en aparentes fortalezas aisladas, mientras el empresario intenta evitar por todos los medios que nadie de los de fuera vuelva a cruzar el foso que les separa del frío páramo del empleo precario, en el que malvive la mayoría del casi 50% de los jóvenes que tiene empleo. Y ni eso la otra mitad. Ante tal situación, mal cabe seguir enfrascado en discusiones sobre si son galgos o podencos, ni elaborar el enésimo real decreto paniaguado.

Es una emergencia nacional. Es el futuro de nuestros jóvenes, de nuestro país. Es, desde luego, una tarea de todos: de empresarios, de sindicatos, del Gobierno, de cada trabajador. De una vez por todas debe percibirse sin ambages que hemos estado a la altura de lo que se necesita para ser competitivos y eficaces, para adaptarnos –con responsabilidad compartida– al mundo proceloso de la economía global, desplegando las velas adecuadas para recoger sus vientos a favor. Y, desde luego, con solidaridad de ida y vuelta. No con el fin de agravar las desigualdades económicas, ni de quebrar el consenso social, sino todo lo contrario: de demostrar que somos un país capaz de sacrificios para salir, todos juntos, mejores y más fuertes de la dramática tormenta perfecta en las que nos hallamos sumidos.

El contenido de la reforma laboral necesaria, que debe expresarse en normas claras y concisas, lo conocen ya los agentes sociales, y sus recientes acuerdos del 20 de enero pasado –que deben ahora devenir en convenios colectivos y ley– son buena prueba de ello: propiciar la flexibilidad interna y, para ello, la negociación en la empresa, a medida de las necesidades de cada una de ellas (muy particularmente, de las mayoritarias pymes); flexibilizar el tiempo de trabajo, convirtiendo la distribución irregular de la jornada, según objetivas necesidades cambiantes, en una realidad; facilitar la movilidad funcional (mayor diversidad de tareas que cada trabajador puede llevar a cabo); hacer depender significativamente los salarios de la situación y resultados de la empresa, con limitación de los incrementos salariales para contener los precios españoles de forma que observen una tasa de crecimiento inferior a la media europea, reactivando la cuota de mercado interna y externa de nuestros bienes y servicios; reconduciendo el precio del despido a medias europeas, para que deje de ser un factor de generación de dualidad entre trabajadores fijos y temporales, y clarificando aún más las causas de despido objetivo. La ultraactividad y normatividad de los convenios colectivos también habrá de ser reconsiderada, de nuevo con Europa como referente. Y, desde luego, enfatizando siempre la formación y reconversión profesional de los trabajadores.

En definitiva, y según hemos declarado desde el Instituto de Relaciones Laborales y Empleo de la Fundación Sagardoy, nuestra dura realidad exige abordar con decisión los aspectos clave del marco laboral y concretar medidas que faciliten y potencien la flexibilidad y la competitividad de las empresas, con particular atención a las pymes y a la generación de empleo, en especial de los más jóvenes. Y todo ello apoyado en unos principios sólidos de austeridad y solidaridad, y con la profundidad y valentía suficientes que muestren al mundo entero que, de una vez por todas, lo hemos conseguido.

*Román Gil Alburquerque es socio de Sagardoy Abogados.