¿Se querellará contra Chaves?

28 ENE 2010 | Editorial

Es de lógica el razonamiento de Esteban González Pons: “Empiezo a contar los minutos que faltan para que el abogado del Estado presente una querella contra Chaves por decir lo mismo que Dávila y Alfageme sobre empadronamientos como el de De la Vega”. Porque eso es exactamente lo que ha hecho el vicepresidente al dejar en evidencia a la vicepresidenta, al decir que con la nueva Ley de Régimen Local un empadronamiento como el suyo constituiría un “fraude de ley”, además de una irregularidad.

Ya no es un problema del mensajero, como la vice se empecina en demostrar, al utilizar a la Abogacía del Estado contra Carlos Dávila y Maite Alfageme, a la sazón director y subdirectora de ÉPOCA (y actualmente director y directora adjunta de LA GACETA), el medio de comunicación que destapó el caso. Ni de un único mensajero (ABC lo recogió en su momento y ayer volvía sobre el asunto). Tampoco es un problema de los tribunales que, por dos veces, han sentenciado que se empadronó irregularmente en Beneixida (Valencia). Ahora puede ser el Gobierno –su propio gabinete– el que le ponga en la picota al incurrir en fraude de ley.

La película de los hechos es elocuente. La vicepresidenta incumplió el Reglamento de Población y Demarcación (art. 54. del Real Decreto): “Toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite más tiempo al año”. Además, se empadronó fuera de plazo, incumpliendo las normas y el calendario electoral. Y, además, obtuvo “beneficio patrimonial” por la recalificación de unos terrenos en Beneixida, como probó la Audiencia Provincial de Madrid.

Pero ahora tenemos la vuelta de tuerca del Gobierno, al endurecer las condiciones del padrón. Como apunta irónico González Pons en LA GACETA, será divertido ver a la vicepresidenta autoflagelándose un viernes, tras el Consejo de Ministros, anunciando una ley que prohíbe empadronamientos irregulares. De modo que lo que debe hacer es darse de baja en el padrón de Beneixida. Y, puestos a ser coherente, además de salvar el pellejo ante tal monumental pillada, Fernández debería retirar los cargos contra Dávila y Alfageme, que se limitaron a decir la verdad, es decir, a cumplir con su deber como periodistas, y pedir disculpas públicamente por su abusivo comportamiento. Aunque esperar eso de ella equivaldría a creer en un milagro.

El episodio no sólo desenmascara a la vicepresidenta, al agravar su responsabilidad, sino que retrata el carácter chapucero del Gobierno de Zapatero: si puede convertirse en fraude de ley, ¿qué era hasta ahora el Reglamento de Población y Demarcación? ¿Papel mojado? ¿Con qué autoridad va a plantear el Gobierno el reglamento de extranjería y, en general, toda su política de inmigración después de este pecado de origen? ¿Cómo va a exigir a los inmigrantes que cumplan la normativa si la número dos del Gabinete incumple flagrantemente la ley al estar empadronada en una casa deshabitada en un municipio en el que no vive?

Hacer demagogia a costa de los inmigrantes, como ha hecho el PSOE a raíz del caso Vic tiene riesgos. Sobre todo porque puede salirle el tiro por la culata con personajes como la vicepresidenta, que no es que se arracime en pisos-patera precisamente, sino que dispone de viviendas deshabitadas que utiliza para votar fuera de plazo, chalés de lujo en Segovia o pisos heredados del franquismo.