El Gobierno está de los nervios y, es curioso, el hombre sereno, experimentado, el que en las ocasiones más severas ha permanecido impasible, explotó ayer con un aviso y una amenaza que aportan una enorme claridad al escándalo Sitel. Como contamos ampliamente hoy, y según afirman los interesados del PP, le advirtió a un diputado de este grupo: “Te veo y te escucho todo”.
La frase, que tiene distintas interpretaciones en boca de los afectados de una u otra parte, es, en todo caso, un monumento a la inoportunidad ahora que en España hasta los que nunca serían espiados se sienten así. Y, claro está, cuando nada menos que un ministro del Interior como Pérez Rubalcaba reconoce desde lo más recóndito de su ira subconsciente que “ve y escucha” todo lo que hace y dice su interlocutor, hay que temerse lo peor. Sobre todo si, como es el caso, el rifirrafe viene a cuento de un asunto revelado directamente por LA GACETA, como es el Sitel, donde se pone en tela de juicio nada menos que un sistema de espionaje que permite en teoría al poder político conocer los vericuetos más íntimos o comprometidos de la vida de cada quien.
Si, además, ocurre que los protagonistas de este episodio acaban de pelearse parlamentariamente por el mismo asunto (por cierto, en el hemiciclo el ministro, sin micrófono, también se las tuvo tiesas con Esteban González Pons), la preocupación crece a la enésima potencia. Rubalcaba, ufano hasta la imprecación, asegura que mientras él permanezca en el cargo no va a haber ley orgánica alguna para regular precisamente el funcionamiento de Sitel, algo que, por lo demás, venimos pidiendo editorialmente en este periódico desde que desvelamos el escándalo. En estas circunstancias, la advertencia, de ser cierta, de Rubalcaba al diputado extremeño Carlos Fiorano y su posterior invectiva adquieren perfiles de notable gravedad. Por lo pronto, de la conducta del ministro, según la cuentan los implicados, se deriva un reconocimiento explícito de un posible delito: escuchar ilegalmente las conversaciones de una persona y contemplar su propia vida sin mandato judicial alguno. La única salida de Rubalcaba es que, como luego dijo ayer, se refiriera únicamente a “ver” en la televisión y “escuchar” en la radio.
Pero, por salirnos del deplorable caso concreto que estamos contando en LA GACETA, la política del Gobierno en el asunto de Sitel consiste, por un lado, en negar la evidencia; o sea, en desmentir que este sistema de vigilancia intensiva pueda ser utilizado para espiar a cualquier ciudadano y, por otro, en insistir en que no existe la menor posibilidad de promulgar una ley orgánica para regular el funcionamiento de dicho sistema. Respecto al primer elemento, posee un crédito muy endeble: ayer mismo recogíamos en este diario el testimonio de un ciudadano que fue vigilado durante tres meses por una mera confusión. Sólo esta declaración debería valer para poner en solfa las pertinaces negativas del Gobierno en aceptar la evidencia. En cuanto al segundo, hay que preguntarse: ¿por qué el Gobierno no quiere “legalizar” a Sitel? La sospecha es mayoritariamente clara, incluso entre jueces y fiscales: porque quiere seguir utilizándolo a su conveniencia.
Volvemos al principio: el Gobierno está de los nervios. Otra muestra es la de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, cuya reacción trastornada a las acusaciones del PP sobre la inepcia gubernamental con el Alakrana revela también un estado político y psicológico desaconsejable para dirigir el país. Estamos, pues, de acuerdo con la reprobación que plantea el Partido Popular. Lo de Pérez Rubalcaba tiene un tratamiento más específico aún: si es cierto que ha avisado a los diputados populares de que les “ve” y les “escucha” (y no solo por la radio y la televisión) Rubalcaba o debe dimitir o tiene que ser destituido: una bravata así no puede permitirse.
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