Un topo en el TC

18 MAY 2011 | Editorial

Una magistrada así de contaminada no debe decidir sobre la excarcelación de 60 asesinos etarras. Aunque en diferentes términos y grados, es tan juez y parte como Pablo Pérez Tremps, que fue recusado en 2007.

Sabíamos que el Tribunal Constitucional estaba politizado; lo que ahora sabemos es que, además, está gravemente contaminado por una juez que en un trabajo académico justifica de tal forma a los proetarras que está al borde de la apología del terrorismo. Si una persona como la magistrada progresista Adela Asúa, que ve “legítimo” el apoyo político que ETA recibe de su entorno, es una de las que tienen que decidir sobre la excarcelación de 60 asesinos, al derogar la doctrina Parot, entonces, apaga y vámonos. Porque tenemos en el tribunal encargado de interpretar la Norma Suprema a lo más parecido a un topo, una persona intoxicada. Y no podemos respirar tranquilos ante una instancia que va a seguir favoreciendo a los enemigos de la democracia y de la convivencia pacífica, como ya lo ha hecho al legalizar a Bildu.

Ya había razones para la alarma social con la actitud de un tribunal a fin de cuentas político (el TC) enmendando la plana a la máxima instancia jurisdiccional (el Supremo) y un pleno prestándose a hacer el juego a los filoetarras y cumpliendo con su parte del guión de la negociación con ETA. Pero ahora contamos con una prueba concretísima, un documento de rango científico –no una mera opinión de tertulia televisiva– en el que su autora, la juez Asúa, considera “legítimo” que las organizaciones satélites de ETA presten a los killers “apoyo político, moral y social”. En un trabajo publicado por la Universidad Nacional de México, titulado Terrorismo y conductas periféricas, la magistrada señala que la defensa a los etarras “permanece en el terreno legítimo de la diversidad”; y critica a las asociaciones de víctimas por la presión que supone ampliar “los requisitos típicos de las figuras delictivas”. En ocasiones, el lenguaje y los contenidos de esta señora recuerdan más a los editoriales de Gara, o las homilías del padre Arzalluz que a una magistrada del TC. Y que, encima, se niega a responder a LA GACETA cuando le interroga sobre este extremo o sobre las relaciones de sus familiares con el PSOE vasco. Sorprenden sus escrúpulos garantistas, que rozan lo obsceno, pero habría que recordarle que si nunca delinquen las instituciones, sino las personas, hay sujetos con nombre y apellidos como Troitiño, con responsabilidades penales muy concretas, cuya puesta en libertad avaló el TC.

Una magistrada así de contaminada no debe decidir sobre la excarcelación de 60 asesinos etarras. Aunque en diferentes términos y grados, es tan juez y parte como Pablo Pérez Tremps, que fue recusado en 2007, cuando tenía que decidir sobre el Estatut, por haber hecho un informe sobre ese texto años atrás. Constituiría un atropello al Derecho que la autora de Terrorismo y conductas periféricas votara sobre la derogación de la doctrina Parot, que implica una amnistía encubierta para decenas de carniceros, y no menos grave, que fue una de las cesiones ofrecidas por el Gobierno Zapatero a la banda, según las actas incautadas a Thierry.

En este sentido, la doctrina Asúa (insistimos, estamos ante una publicación académica) es una prueba más de la hoja de ruta pactada por el Gobierno y ETA para dar una salida política a quienes han vivido durante décadas del tiro en la nuca y la extorsión y alcanzar esa falsa paz con la que Zapatero trata de poner la guinda a su calamitosa estancia en La Moncloa. También confirma que en su descarada politización, el TC parece más deudor del tacticismo de un Gobierno sectario que de interpretar la Carta Magna. Lo cual lleva a plantear una vez más la utilidad real del Tribunal Constitucional en España.