Finalmente, el Consejo de Ministros se pronunció sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de la peor manera posible: no corrigen el error, y además se enrocan en él. Solo les ha faltado movilizar a los GEOS y al Santo Padre: ahora, los “delitos” relacionados con la propiedad intelectual en Internet serán juzgados ¡por la Audiencia Nacional!
Impresionante: los jueces que se ocupan de narcotraficantes o terroristas estarán encargados de decidir, a instancias de una comisión administrativa y en cuatro días, sobre si una web infringe la propiedad intelectual, y si corresponde su cierre o bloqueo. Mientras, todo un ministro de Justicia habla de la propiedad intelectual ¡como derecho fundamental! ¿Se han vuelto locos?
Veamos: hasta ahora, si un derechohabiente consideraba vulnerada su propiedad intelectual, podía acudir a un juez. En virtud de medidas cautelares disponibles incluso con procedimiento de urgencia, esa página podía ser cerrada en plazos muy cortos, y el hecho posteriormente enjuiciado. Sin embargo, y aquí radica el problema y la razón del entrecomillado de la palabra “delitos”, en nuestro país, este tipo de juicios han terminado con sobreseimiento o absolución. En algún caso, incluso se condenó a la parte acusatoria, la SGAE, por mala fe procesal en la solicitud de medidas cautelares. ¿Qué quiere decir esto? Que en España, las páginas que facilitan enlaces para la descarga de materiales no son constitutivas de delito.
El procedimiento existente hasta ahora funcionaba perfectamente: los derechos de propiedad intelectual estaban suficientemente protegidos. ¿Problema? Las resoluciones de los jueces no gustaban a los lobbies de intermediarios de la propiedad intelectual. No eran favorables para su negocio.
Ante esto, y dada su proximidad al Gobierno de todos los españoles, esos grupos asaltaron la Ley de Economía Sostenible, y con la connivencia de la vicepresidenta, introdujeron una disposición final, que nada tiene que ver con la sostenibilidad de la economía de todos los españoles, sino con la sostenibilidad de su economía. La de los intermediarios de la propiedad intelectual, los mismos que consiguieron que les hiciesen un canon a medida. La introducción de la disposición final, además de pervertir la ley de economía sostenible para transformarla en cajón de sastre a la medida de sus intereses, era tan chapucera que vulneraba derechos que sí son fundamentales, como la libertad de expresión.
¿Cómo arreglar tamaño despropósito? Retirando esa disposición final del anteproyecto. En su lugar, el Gobierno ¿de todos los españoles? ha querido sacar los tanques a la calle: innecesario, absurdo y perverso. Si cada vez que un sector tenga problemas vamos a liar semejante artificio para salvarlo, nuestra economía será muchas cosas, pero... ¿sostenible?
Enrique Dans es profesor de IE Bussines School y bloguero.
PALABRAS CLAVE
197 | Para comentar debes registrarte
Si quieres entrar en el debate debes estar registrado en nuestra comunidad. Si aún no lo estás, regístrate aquí.
Recuerda que tu comentario puede ser votado por el resto de los usuarios que estén registrados.
Revisa nuestras normas de conducta si no quieres que tu comentario sea moderado. Acceder al manual.
