“¿Por qué no reclama un certificado de vida a Carrillo?”

“El Poder Judicial debe tutelar a todas las víctimas y no sólo a las de un bando”

03 FEB 2012 | S. Sanz

Familiares de asesinados por milicianos republicanos ven prevaricación por parte de Garzón: “Antes de que él asumiera la investigación ya se autorizaban exhumaciones”, aseguran.

No se les oye mucho, prefieren ser prudentes; no acostumbran a ponerse detrás de la pancarta, pero también tienen su sentimiento; no han vivido de las subvenciones del anterior Gobierno socialista, pero han tirado de orgullo para realizar sus averiguaciones prácticamente de forma altruista. Son la otra cara de la tragedia, las víctimas de la otra Memoria Histórica, los familiares de hombres y mujeres que murieron a manos de la República.

Ninguna de las partes personadas en la causa que se sigue estos días en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón –procesado por un presunto delito de prevaricación al entrar a investigar fosas de la Guerra Civil– ha propuesto que testifiquen en la vista oral ni ha hecho alusión a ellas en sus turnos de palabra. Sin embargo, sus testimonios están ahí. LA GACETA se puso ayer en contacto con parientes de fusilados por el bando republicano implicados en la búsqueda de restos de cadáveres consecuencia de la represión roja.

José Manuel de Ezpeleta, miembro de la Hermandad de Nuestra Señora de los Caídos de Paracuellos, cree que Garzón prevaricó al vulnerar la Ley de Amnistía aprobada en 1977. Con esta norma, subraya Ezpeleta, “se pasaba página a lo ocurrido”, por lo que “ahora no procede” volver a echar la mirada atrás. Asimismo, destaca que “antes de que Garzón asumiera la investigación, ya se hacían exhumaciones” de pequeñas fosas a nivel local autorizadas por jueces de instrucción en sus respectivos partidos judiciales.

Con estos precedentes, recalca, no se entiende por qué tuvo que entrar la Audiencia Nacional en el asunto en 2006, a través de su entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. De hecho, cuando en 1998 la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama quiso que el ex líder comunista Santiago Carrillo se sentara en el banquillo, Garzón desestimó “de plano” la querella y acusó a sus promotores de “mala fe procesal” y “abuso del derecho”. Ezpeleta recuerda hoy cómo su abuelo, que ingresó siendo “preso preventivo” en la cárcel Modelo de Madrid, fue sacado de la misma y fusilado en noviembre de 1936 por milicianos republicanos.

Doble rasero

También a punta de pistola de militantes de UGT murió en Talavera el abuelo de Luis Avial, geofísico y director de la empresa de prospecciones Condor Georadar, dedicada a la exhumación de restos. Avial, que participó activamente en los trabajos de la mina de Las Cabezuelas, en Camuñas (Toledo), donde seguidores del Frente Popular arrojaron decenas de cadáveres, considera “inaudito” que el juez Garzón haya llegado a pedir en este proceso el acta de defunción de Francisco Franco. “¿Por qué no ha reclamado un certificado de vida de Santiago Carrillo, con responsabilidad por acción u omisión en los asesinatos de Paracuellos?”, se pregunta indignado.

Avial, cuya empresa también ha asesorado con georradar a María Martín, de la asociación Nuestra Memoria –quien anteayer declaró como testigo en el Supremo en defensa de Garzón–, señala que el juez suspendido tuvo que involucrar en sus diligencias, al mismo tiempo, a los perseguidos por la represión roja. Pero no lo hizo. “El Poder Judicial debe tutelar a todas las víctimas y no sólo a las de un bando”, sentencia. Los nombres y apellidos de esta otra Memoria Histórica lamentan que Garzón actuara aquí con distinto criterio.

Ellos, cuentan, son los que se encargan motu proprio de emprender y completar estudios sobre el terreno y las posteriores exploraciones, sin impulso de ningún juez ni ayudas estatales. En el caso de la fosa de Camuñas –cuya investigación dio resultados en enero de 2010 y fue narrada en exclusiva por LA GACETA–, “fuimos los voluntarios los que nos pagamos el hotel y la estancia”, apunta Avial. “Únicamente se costearon los gastos del equipo de espeleólogos, arqueólogos y forenses, que corrieron a cargo del Arzobispado de Toledo a partir de donaciones privadas”, añade. El Expediente Camuñas incluido en la Causa General recoge torturas, saqueos, incendios y profanaciones, entre otros actos aberrantes.