La acusación se querellará contra el CGPJ si no suspende a Garzón el próximo jueves

19 ABR 2010 | D. C.

El juez Luciano Varela no ha remitido aún el auto de las fosas. Algunos miembros del Pleno del Poder Judicial no quieren que el expediente se vea pasado mañana.

El orden del día del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se celebrará el próximo jueves, se cerró ayer sin incluir la suspensión cautelar del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, según confirmaron a LA GACETA fuentes de dicho órgano. La razón por la que los vocales no estudiarán dicha medida es que el juez Luciano Varela no ha comunicado oficialmente al CGPJ el auto de preparación de juicio oral contra Garzón por el caso de la Memoria Histórica. Este asunto es el que más avanzado está porque sólo falta el escrito de acusación de los querellantes, el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, para que Varela dicte el preceptivo auto de apertura de juicio oral, para sentar definitivamente a Garzón en el banquillo.

    Aún así, fuentes judiciales han asegurado a este diario que el CGPJ sí tiene constancia del auto dictado por Varela el pasado día 7 de abril. Y es que Manos Limpias solicitó a la Sala Penal copia testimoniada de dicho auto al día siguiente. El fin era evitar que los vocales del CGPJ alegaran que no conocían el auto de Varela para no estudiar en el pleno la suspensión cautelar de Garzón.

    Ante esta situación, los letrados José Luis Mazón  y Antonio Panea, acusadores de Garzón en el caso de los cobros de Nueva York, han asegurado a este periódico que interpondrán una querella contra el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, por un presunto delito de prevaricación administrativa tipificada en el artículo 404 del Código Penal.

    Según los querellantes, “Dívar está retrasando de una manera deliberada el examen de la suspensión del juez de la Audiencia Nacional”. A su juicio, “el presidente del CGPJ no ha incluido en el orden del día este asunto porque Garzón es su protegido”. Es más, “Dívar apoyó el permiso de estudios en la Universidad de Nueva York, que era manifiestamente ilegal, porque no se le puede dar a un juez permiso de estudios, con retribución íntegra, para dar conferencias”, subrayan. La querella se interpondrá ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

    Para los acusadores, “el presidente del CGPJ ha cruzado la línea roja de lo que es un margen de error admisible para entrar de lleno en la injusticia administrativa a sabiendas”. 

Obstáculo 

Por esta razón, “Dívar ha obstaculizado el artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto ha sido interpretado por el Tribunal Supremo, en el caso Calamita, en el sentido de que la mera admisión de una querella contra un juez por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones es suficiente para suspender al juez o magistrado”, explican. Además, consideran que si el auto está testimoniado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en principio, tiene toda la validez jurídica como si lo hubiera enviado el magistrado instructor.

    Y es que, como manda el reglamento del Consejo General del Poder Judicial, el orden del día del pleno se cierra con una antelación de 72 horas al día de su celebración. Ahora bien, el presidente del CGPJ puede incluir con posterioridad cualquier otro punto en el orden del día hasta minutos antes de que comience la sesión, siempre y cuando no se oponga ningún vocal. 

    Fuentes judiciales consultadas por este diario barajan la posibilidad de que el magistrado Varela está esperando tener el escrito de acusaciones de los querellantes en el caso de la Memoria Histórica, para remitir el escrito de apertura de juicio oral. “Con este nuevo escrito, el CGPJ no tendría ya salida alguna para retrasar más la suspensión cautelar de Garzón porque ya sería demasiado flagrante”, resalta un jurista. Además, “el máximo órgano de gobierno de los jueces podría estar cometiendo un delito de prevaricación”, apunta un miembro de la carrera judicial. 

Pleno extraordinario 

Por otra parte, las mismas fuentes indican que, si en los próximos días, el juez Varela dicta el auto de apertura de juicio oral, que implica que Garzón se siente en el banquillo, lo más normal es que el presidente del CGPJ convoque un pleno extraordinario para tratar la suspensión cautelar del juez. 

    En cualquier caso, el futuro profesional de Garzón en la judicatura está muy complicado porque tiene otras dos causas con serios visos delictivos. De entrada, mañana declaran en el Tribunal Supremo tres testigos en el caso de los cobros de Nueva York. Se trata de María del Mar Bernabé, asistente de Garzón durante su estancia en Nueva York; James D. Fernández, director del Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York, y la subdirectora, Laura Turégano. El juez declaró la semana pasada durante casi cinco horas. “El interrogatorio del  magistrado instructor Manuel Marchena fue bastante exhaustivo”, según los querellantes. Es más, “Garzón se vio obligado a pedir al magistrado un receso porque se vio agobiado por el interrogatorio”. 

    La tercera querella contra el juez por las escuchas ilegales del Gürtel fue confirmada el pasado viernes por la Sala Penal del Tribunal Supremo. Ello supone que Garzón autorizó las grabaciones de las conversaciones a sabiendas de que eran ilegales. 

    Por tanto,   el instructor de la causa, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, está en disposición de practicar ya todas las diligencias de prueba que considere necesarias para el esclarecimiento de los presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad. En los próximos días, Barreiro citará a Garzón para que preste declaración por estos hechos. 

    De este modo, Baltasar Garzón declarará por tercera vez en el Tribunal Supremo acusado de otro presunto delito de prevaricación. Con estos antecedentes, exentos de connotaciones ideológicas, el cerco al juez estrella está cada vez más cerca.