Una carta de Txeroki muestra que los asesinos de la T-4 mintieron al denunciar torturas

30 OCT 2010

La banda asesina adiestra a sus pistoleros para que hablen de malos tratos al ser detenidos. Reparte instrucciones para preparar los testimonios. Las asociaciones de la Benemérita salen en defensa de los agentes juzgados esta semana. “Hay que denunciar los malos tratos aunque la detención sea corta o insignificante”, afirman.

Alberto Lardiés. Madrid

Estos días se está juzgando en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa a 15 agentes de la Guardia Civil que participaron en enero de 2008 en las detenciones de Igor Portu y Martín Sarasola, los dos autores del atentado contra la Terminal 4 de Barajas. Se les acusa de haber maltratado a los arrestados. El fiscal del caso está del lado de las acusaciones. Y el entorno de la banda asesina está aprovechando el juicio para hacer campaña, como lo demuestra la manifestación de ayer en la capital guipuzcoana.

Las fuentes de la lucha antiterrorista recuerdan que la banda criminal adiestra a todos sus miembros para que siempre denuncien malos tratos falsamente. Sin ir más lejos, una carta escrita por el antiguo número uno de ETA Mikel Garikoitz Aspiazu, Txeroki, a la que ha tenido acceso LA GACETA, muestra que las denuncias de Portu y Sarasola eran falsas. Se trata de un testimonio que deja bien a las claras la forma de actuar de los terroristas: hablar de torturas siempre para debilitar al Estado.

“Por otra parte, aunque la caída (detención) ha sido bastante preocupante, tanto para Txetu como para Esti, lo referente a la caída como a las falsas torturas recibidas por Igor a manos del enemigo están en buen camino. Ésta es la estrategia que hay que seguir siempre ante las caídas. El buen resultado que estamos teniendo y visto el daño que estamos haciendo al Estado, demuestra que es muy importante que los compañeros en la escuela interioricen bien la importancia de tener las cantadas (confesiones falsas) preparadas al modo que hacía el talde (comando) de Igor. Entre todos prepararlo y repetirlo. Las torturas se deben denunciar siempre, y nunca ratificar delante del juez”.

Además de esta misiva reveladora, los etarras siempre se han adiestrado con precisión para fabricar falsos testimonios. Incluso, con el reparto entre los terroristas de manuales para la denuncia de torturas. Es “una norma de todo militante” declarar que ha sido maltratado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En 1998, los agentes del orden desarticularon el comando Araba. Los miembros de este grupo tenían en su poder un manual en el que dejaban al descubierto sus intenciones. “Ante una detención, por corta e insignificante que sea, aunque se ponga en libertad sin cargos, ni fianza, ni ninguna otra medida represora, hay que denunciar torturas”, reza el documento incautado a los etarras. En dicho manual, ETA da a sus miembros una serie de pautas a seguir para conseguir que la denuncia falsa tenga visos de verosimilitud. Entre otras cosas, recomiendan que el detenido describa con precisión las dependencias policiales y el aspecto físico de los agentes. Incluso, les animan a “intentar conseguir que se produzcan efectos que se puedan utilizar para aumentar y concienciar al pueblo”. Todo ello porque si un etarra detenido incurre en falso testimonio la pena no es demasiado importante, según las fuentes ya citadas.

Visto para sentencia

En cuanto al juicio antes referido, ha tenido cuatro sesiones y el jueves quedó visto para sentencia. Tanto la acusación particular como la Fiscalía exigen penas de cárcel para los agentes. Más en concreto, la Fiscalía mantiene su solicitud de entre dos y tres años de prisión por delito de torturas para cuatro agentes y la acusación de un delito de lesiones para otros seis, mientras la acusación particular mantiene su petición de entre seis y 17 años de prisión para todos los agentes, a quienes acusa de tortura y otros delitos y faltas, según recogió Europa Press.

En el informe de conclusiones que dio a conocer el fiscal jefe de Guipúzcoa, Jaime Goyena, en la cuarta y última sesión de este juicio, se acusa a cuatro guardias civiles que tomaron parte en el arresto de Portu y Sarasola, pertenecientes a la unidad GAR de este Cuerpo, de un delito de “tortura grave”, atendiendo a la “intensidad del sufrimiento” y a la “ansiedad” que padecieron los arrestados. Además, pide tres años para dos de los guardias (un sargento y un cabo), dos años para otros dos (un cabo y un guardia), y 10 días de localización permanente para los seis restantes (dos tenientes, tres cabos y un guardia), además de diversas compensaciones económicas, e inhabilitación en algunos de los casos. Y exculpa a los conductores que trasladaron a los etarras detenidos.

La acusación particular mantiene su petición de entre seis y 17 años de prisión e inhabilitación para los guardias civiles, a quienes acusa de tortura y otros delitos y faltas, y solicita la misma responsabilidad para los 15 acusados, porque considera que “hay una unidad en los hechos” y “no se pueden poner distinciones”.

Absolución

Frente a esas acusaciones, los abogados de la defensa destacaron que las acusaciones no aportaron “ningún elemento de significación probatoria, ni incriminatoria”. Además, criticaron la instrucción que se ha llevado a cabo de este procedimiento al considerar que ha sido “en todo caso unidireccional” y que el Ministerio Fiscal “sólo se ha preocupado de buscar elementos inculpatorios”, por lo que no ha actuado “con objetividad”. Por todo ello, exigen la absolución sin condiciones de los acusados.
Las diferentes asociaciones de guardias civiles han expresado sus quejas por estas denuncias. Desde la Unión de Oficiales, emitieron un comunicado en que recuerdan que “cuando se producen detenciones de miembros de la organización ETA, con mucha frecuencia, suelen alegar e incluso denunciar que se han producido malos tratos o torturas”. “Los miembros de la banda terrorista –agregan– están aleccionados para manifestar malos tratos ante la autoridad judicial, existiendo circulares internas en este sentido, en ningún modo se producen malos tratos y torturas en las detenciones e interrogatorios en nuestro Estado de derecho”. El secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Delgado, rechazó todas las acusaciones y destacó que sus 15 compañeros son “agentes ejemplares” y unos “grandes servidores públicos” con una hoja de servicios “impoluta”. Similares comentarios lanzaron desde la Asociación Círculo Ahumada.