El caso de los ilegales de la hípica de Bono está ya en los juzgados 2 y 4 de Toledo

08 JUL 2010 | Nacho Bosque. Madrid

El TSJ de Castilla-La Mancha confirma la apertura de diligencias previas.

El caso de los cinco empleados que trabajaban de forma irregular en la hípica del presidente del Congreso se encuentra ya en los juzgados de primera instancia e instrucción números 2 y 4 de Toledo. Así lo ha confirmado a LA GACETA el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que además añade que ''se han incoado diligencias previas de instrucción por un delito contra los derechos de los trabajadores''.

Este delito es el que se instruye en el número 4 y que afecta a Ramón Navas Barchino, encargado del centro hípico de José Bono. Navas ostenta el cargo de administrador único de Hípica Almenara. Fuentes policiales confirmaron que había prestado declaración en la comisaría de Toledo en calidad de imputado y que se había hecho responsable de la situación de los sin papeles.

Hasta el día de ayer, continuaba ofreciendo la versión de que había ido a declarar voluntariamente y que no mantenía relación laboral alguna con el primero de los detenidos, asegurando que se trataba de un trabajador vinculado al dueño de uno de los equinos que la hípica tiene en pupilaje.

El TSJ de Castilla-La Mancha ha explicado que en el juzgado de instrucción número 2 se sigue el caso del empleado que presentaba documentación de identidad falsa. “El caso está en fase de pruebas para investigar los hechos”, añaden. Desde el Tribunal también aseguran que en las diligencias, de momento, el único trabajador afectado es el brasileño.

Fuentes policiales han explicado a este diario que en Hípica Almenara trabajaban hasta cinco extranjeros en situación irregular; el brasileño acusado de falsedad documental y cuatro ciudadanos rumanos.

Filtraciones

Frente a la información facilitada por el TSJ de Castilla-La Mancha, Europa Press publicaba ayer otra versión de los hechos. Acogiéndose a fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, este organismo seguía insistiendo en que los trabajadores de la hípica del presidente del Congreso “están en situación legal”.

Cabe destacar que el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Rey, es miembro del PSOE y ha desarrollado su actividad política en la Junta que presidía José Bono, ocupando diversos cargos, entre ellos el de portavoz y el de consejero de Administraciones Públicas.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo también ha pretendido desvincular la relación laboral del primer empleado detenido con Hípica Almenara, dividiendo a los trabajadores entre los contratados por Almenara y los vinculados a otras empresas o particulares, grupo en el que sitúa al brasileño.

Además, sucede que Hípica Almenara sólo ha declarado un trabajador en el año 2008 en sus cuentas del Registro Mercantil, aunque según fuentes conocedoras de la hípica, en 2007 ya estaba formada la actual plantilla.