Para proteger la investigación sobre el ministro de fomento

El CGPJ respalda a la juez del 'caso Blanco' y remite su queja por filtraciones a Pumpido

16 NOV 2011 | D. Carrasco

La Fiscalía practicará diligencias para determinar si existe responsabilidad penal. La magistrada de Lugo señala que se vulneró el secreto de las actuaciones.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer trasladar el escrito de queja de la juez del caso Blanco a la Fiscalía General del Estado para que inicie las correspondientes investigaciones. Con esta decisión, el CGPJ protege la actuación de la juez en este asunto mediático y del que, de momento, no ha solicitado amparo alguno. Y es que hace una semana la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, que investiga la operación Campeón remitió al máximo órgano de Gobierno de los jueces un contundente escrito en el que se quejaba de las filtraciones del fiscal de Lugo en unas diligencias que son, a fecha de hoy, secretas.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explicaron que el malestar de la juez viene porque parece ser que la Fiscalía ha traspasado la línea roja que separa el deber de guardar secreto. Esto es, que el Ministerio Público dio a conocer públicamente las razones por las que se oponía a que la magistrada San José remitiera una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que justificaba que había indicios de delito de tráfico de influencias y cohecho contra el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco. En consecuencia, “la opinión del fiscal no debe conocerla la opinión pública porque está enmarcada dentro de unas diligencias que son secretas”, resaltan las citadas fuentes de la judicatura.

Ahora corresponderá al fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, que está de salida, iniciar una investigación para conocer cómo se han producido las filtraciones denunciadas. “Es muy probable que en estos días donde está finalizando la campaña electoral no se haga nada desde la Fiscalía”, aseguran. Lo llamativo de este asunto es que “no se respete el secreto del Sumario cuando la prohibición es para todas las partes que tienen acceso en la causa, incluido el fiscal”, explican. No obstante, la Fiscalía podrá practicar una serie de diligencias antes de trasladar la denuncia al órgano judicial competente para instruir la causa.

No es suficiente

Por otra parte, “en nuestra legislación la única figura para recriminar este tipo de conductas delictivas es la revelación de secretos, un tipo penal manifiestamente insuficiente”, señala un catedrático de Derecho Público. A su juicio, “conviene que haya una regulación para poner las bases de cómo debe transmitirse desde fuentes oficiales fidedignas la información sobre las actuaciones y diligencias que se practican en los tribunales”.

Especialmente, “las relaciones derivadas de la corrupción política que tiene una gran repercusión e interés para la opinión pública”, agrega.