Madrid.- Al Ministerio de Defensa se le atraganta la Ley de la Carrera Militar. Desde que la norma empezó a aplicarse, bajo el mandato de Chacón, la ministra no deja de abrirse frentes.
El pasado verano, cientos de oficiales afectados por la integración de las escalas presentaron recursos por la vía administrativa y, luego, tras el “silencio” del ministerio, siguieron en la Audiencia Nacional. Antes de que acabara el año, los suboficiales se manifestaron públicamente contra esta ley frente a Defensa.
Ahora, el grupo que ha llegado a la Audiencia Nacional denuncia que el proceso judicial está siendo retrasado porque el departamento de Chacón no termina de aportar toda la documentación que el tribunal le solicita, según informó a LA GACETA el despacho de abogados Ramón y Cajal, que se encarga de la defensa de los militares.
El pasado 29 de octubre una avanzadilla de 200 oficiales puso los primeros recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra la unificación de las escalas, la parte de la norma que prevé que la Escala de Oficiales y los de la Escala Superior de Oficiales formen una sola. Les han seguido cientos. En total, han recurrido 1.700 militares pertenecientes al Ejército de Tierra, 48 del Ejército del Aire y 10 de la Armada.
Siguiendo los trámites judiciales, el pasado mes de enero la Audiencia Nacional solicitó al ministerio la remisión de todos los antecedentes del caso. Es decir, los recursos que pusieron en primera instancia los militares, las respuestas que les dio Defensa –a la mayoría de ellos con retraso–, los informes que prepararon los respectivos Cuarteles Generales sobre la ley, algunos de ellos discrepaban con la norma que se desarrolló siendo ministro de Defensa José Antonio Alonso.
Faltan documentos
A la Audiencia Nacional, el expediente ha llegado medio vacío. Defensa, según los militares perjudicados, tan sólo ha enviado los recursos de alzada y la contestación que les dio el ministerio.
Faltan, por lo tanto varios documentos, entre ellos los informes.
Como consecuencia, los oficiales no pueden presentar todavía una demanda, ya que el juzgado les exige que tengan la información completa sobre el caso. La Audiencia Nacional se ha dirigido en dos ocasiones al ministerio (en enero y marzo) y en ambas ha recibido exactamente la misma documentación.
“Algunos de estos informes eran contrarios a los cambios que incluye la Ley de la Carrera Militar”, aseguran fuentes militares.
La omisión de esta información no sólo está paralizando el pleito, sino que impide a los militares consultar los informes para obtener argumentos en su defensa. Los oficiales apuntan directamente a la subsecretaria de Defensa, María Victoria San José, y al director general de personal, Vicente Salvador, como los principales responsables de esta exclusión. El despacho de abogados no contempla, por el momento, presentar una demanda contra los dos altos funcionarios. Aunque el pleito empezó el pasado mes de octubre, cuando depositaron los primeros recursos contra la norma, reunir toda la información sobre el caso es un requisito para que los oficiales puedan demandar al ministerio y continuar con los trámites pertinentes.
Descontento
La Ley de la Carrera Militar descontenta a varios sectores de militares, pero por motivos distintos. En concreto, este grupo de oficiales denuncia la integración de la Escala de Superior de Oficiales (ESO) –han estudiado cinco años en las Academias Generales– y la Escala de Oficiales (EO) –los que tienen tres años de estudios, militares procedentes del acceso directo o suboficiales que promocionaron–.
Los oficiales de la ESO se sienten agraviados porque los de la EO sólo tendrán que hacer un curso de adaptación de seis meses para optar al ascenso frente a sus años de experiencia y formación. El Ministerio de Defensa, por su parte, alega que todas las peticiones de información que llegaban de la Audiencia Nacional se han ido atendiendo conforme llegaban”, si bien, admite que alguna de las solicitudes puede estar “retrasada” porque “todo lleva un proceso”.
En cualquier caso, según una fuente oficial del ministerio, “todo está siendo atendido”.
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