A la desesperada, el juez Garzón recusa a tres vocales del CGPJ

05 MAR 2010 | C. Garrido.

Pretende que De Rosa, Robles y Gemma Gallego no voten en su posible suspensión.

Madrid.- El juez Baltasar Garzón no está dispuesto a permitir que acaben con su carrera sin antes hacer todo lo posible para evitarlo. En su escrito remitido al Consejo General del Poder Judicial, el magistrado dispara contra vocales del propio órgano de los jueces, miembros del PP e, incluso, algunos medios de comunicación, a quienes acusa de intentar  acabar deliberadamente con su trayectoria. Así, solicitó que tres vocales, Fernando de Rosa, Gema Gallego y Margarita Robles, se abstengan de decidir sobre su suspensión o, si no, sean recusados.

Del vicepresidente, recuerda que antes de llegar al Consejo fue consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana con Francisco Camps, dirigente del PP sobre el cual Garzón apuntó a indicios de delito en la trama de corrupción del caso Gürtel. A su juicio, De Rosa tiene una “amistad íntima” con el presidente de la Generalitat y una “enemistad manifiesta” hacia él, colaborando para “poner en tela de juicio” su labor como magistrado, “sin mostrar el respeto y amparo que cabría esperar de un vicepresidente respecto a un juez que actúa en el marco de la Ley para el descubrimiento de delitos”.

De Gallego, recuerda que, como titular de un Juzgado de Instrucción de Madrid, se encargó de la causa por la falsificación de un informe pericial, que previamente había llevado el propio Garzón. Según recoge en su escrito, presentado ayer ante el Consejo contra su suspensión, la magistrada “revirtió” la situación para exculpar a aquéllos que él había imputado y acusar, “sin motivo”, a varios cargos policiales, que finalmente quedaron absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid.

Tras esta actuación, Gallego fue, según el magistrado, “aupada” por el PP para llegar al CGPJ. “Desde entonces, esta vocal se ha caracterizado por una constante persecución de mi persona hasta un punto poco razonable y que muestra una nula disposición para enfrentar de forma objetiva y serena el estudio de mi situación personal”, señala en el escrito.

De la tercera vocal recusada, Margarita Robles, recuerda que fue secretaria de Estado de Interior cuando él investigó los GAL o el caso Roldán. Señala que, ya como vocal, ha solicitado en alguna ocasión al Pleno que se estudiara su suspensión  “sin precedente alguno” y habiendo sido ya analizado. La Comisión Permanente, que se reúne el próximo martes, debe decidir sobre la recusación de los tres vocales y, en última instancia podría ir a Pleno, según fuentes jurídicas.

Estrategia de acoso

En su escrito de alegaciones presentado ante la Comisión Permanente que estudia su suspensión solicitada por los abogados Mazón y Panea, Garzón acusa a “ciertas instancias políticas y mediáticas interrelacionadas entre sí” de llevar a cabo “campañas de denigración” contra su persona.

En su opinión, todo empezó desde que inició la investigación por el caso Gürtel, en el que resultaron imputados varios dirigentes del PP. “A partir de ese momento, las declaraciones públicas de responsables de dicho partido se suceden en una clara estrategia de desprestigio, acoso y desautorización de mi labor jurisdiccional, sin precedentes en la historia judicial española. Una campaña alentada por personas a quienes yo imputé y jaleada por medios de comunicación interesados, por motivos ideológicos y personales, en terminar con mi carrera y prestigio profesional”, recalca.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acusa al PP de apoyarle cuando investigó causas que les favorecían, como puede ser los GAL, y ahora atacarle. “Los que ahora me tachan de partidista se deshacían en elogios hacia mí en el pasado; al parecer, entonces como ahora, buscaban sólo su ventaja política. En función de ésta, algunos no dudan ahora en denigrar a quien no entre en sus particulares intereses”, recoge el escrito, en el que añade que, “cuando esto se hace contra un juez, resulta de una gravedad inusitada y supone un grave menosprecio hacia la función jurisdiccional”.

Perturbar su trabajo

Para Garzón y su abogado, la prueba evidente de que los querellantes de las tres causas que tiene abiertas en el Tribunal Supremo tienen como único objetivo “perturbar” su trabajo, es que “se olvidan de terceras personas que habrían participado también en los hechos que motivarían” su imputación.

En el asunto de los cobros de la Universidad de Nueva York de los que le acusan, entre otros delitos de cohecho, Garzón recrimina que no se querellen con la otra parte; es decir, contra quien habría entregado la “dádiva” –el dinero de los cursos–, que en este caso es el banquero Emilio Botín.

Tampoco nadie se ha querellado, según el escrito, contra ninguno de los magistrados que han avalado o ratificado sus decisiones. “Desde luego, esta exclusión de tercero no obedece a una especial indulgencia u olvido de otras conductas ilícitas, sino a una especial animosidad hacia mi conducta como juez”, manifiesta.

El magistrado defiende el mantenimiento de su puesto de trabajo porque ninguna de las causas que tiene en el Supremo afecta al interés público ni se refieren a asuntos que se estén instruyendo en la actualidad en su Juzgado. “Tengo la convicción de que las querellas serán sobreseídas o que, en cualquier caso, resultaré absuelto de las acusaciones; los querellantes han actuado de mala fe exponiendo al Tribunal Supremo una versión equivocada y tergiversada de los hechos”, concluye.