En dos semanas el Poder Judicial suspenderá definitivamente a Garzón

10 FEB 2010

El Consejo aprueba por unanimidad comenzar los trámites contra el magistrado de la Audiencia.

La suspensión cautelar de empleo y sueldo del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está cada día más cerca. Fuentes cercanas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han manifestado a LA GACETA que dicha medida se acordará en un plazo aproximado de dos semanas.  

En este sentido, la Comisión Permanente del CGPJ adoptó ayer por unanimidad un acuerdo por el que ordena dar traslado al fiscal de sendos autos del Tribunal Supremo, que le imputan presuntos delitos de prevaricación, estafa y cohecho, para que informe sobre la posible suspensión de funciones del juez Garzón. Las causas que este juez tiene abiertas en el Alto Tribunal son por atribuirse competencia para investigar las desapariciones durante el franquismo y la Guerra Civil y por unos cobros de la Universidad de Nueva York durante su estancia en Estados Unidos entre 2005 y 2006.
 

Con esta decisión el CGPJ da luz verde para iniciar los trámites legales de cara a apartar al juez de la Audiencia Nacional de la carrera judicial. Y ello porque el informe que emita la Fiscalía es preceptivo, pero no vinculante. Esto quiere decir que el Consejo del Poder Judicial decidirá lo que considere oportuno, aun en contra del criterio de la Fiscalía. En efecto, fuentes cercanas a este órgano han manifestado a este diario que lo más probable es que no cambie la argumentación que ha mantenido a lo largo de este proceso, es decir, solicitar el archivo de las actuaciones porque no ve indicios de delito. Con todo, lo único que hace el CGPJ es cumplir con lo que ordena el artículo 384.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice: “(...) El Consejo General del Poder Judicial hará efectiva la suspensión, previa audiencia del Ministerio Fiscal”.
 

Según fuentes del CGPJ, “se trata de la primera vez que se adopta esta decisión sin que haya un auto de apertura de juicio oral y sin que el Ministerio Fiscal presente la acusación”. En otras ocasiones siempre se ha iniciado a partir de un auto de procesamiento, por ejemplo en el caso del juez Javier Gómez de Liaño, apartado de la carrera por el caso Sogecable. Otro ejemplo, la suspensión del juez Urquía, de Marbella, contó con el escrito de acusación del Ministerio Público.
 

De esta manera, la Comisión Permanente, compuesta por el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, los vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra, y los vocales conservadores Manuel Almenar y Antonio Dorado Picón, cumple con lo preceptuado en la ley orgánica. En efecto, el traslado al fiscal es porque “la suspensión se acordará por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.
 

La causa detonante para que el CGPJ actuara con esta celeridad ha sido el auto dictado el jueves pasado por el magistrado Luciano Varela, instructor del caso de la Memoria Histórica, que aprecia indicios sólidos para acusar a Garzón de un delito de prevaricación. En un auto contundente, Varela señaló que “Garzón incoó diligencias de investigación que no estaban justificadas y que retrasó durante 11 meses la investigación”. Además, le acusa de “dictar varias resoluciones contrarias a Derecho”.
 

Otro factor que ha pesado en la decisión del CGPJ es el reciente auto de admisión de la querella por los cobros de la Universidad de Nueva York durante su estancia en Estados Unidos.

“Congelado”

La Comisión Permanente del CGPJ no sólo tomó ayer la decisión de iniciar los trámites para suspender a Garzón. Además, envió al Servicio de Inspección una denuncia por “retraso malicioso” en el caso del chivatazo a ETA, en el que están imputados altos mandos policiales por avisar a un miembro de la red de extorsión de la banda que iba a ser detenido.
 

El órgano de los jueces ha decidido remitir a los inspectores una denuncia de Manos Limpias que le acusa de una presunta falta muy grave de retardo injustificado en la tramitación de un sumario.
 

Según explica el sindicato en su escrito, el magistrado tuvo “congelado, bloqueado y paralizado” este asunto durante tres años. El único momento en el que el juez instructor dicta alguna resolución es tras la petición de la Fiscalía de archivar la causa.
 

A su juicio, Garzón también podría ser acusado de un presunto delito contra la Administración de Justicia y encubrimiento. Por eso, solicita al CGPJ que remita el asunto a la Fiscalía para que tome medidas. “El denunciado retardó, aparcó y congeló el expediente maliciosamente, con objeto de emplearlo en su beneficio en el momento que le conviniere”. Ese momento, según Manos Limpias, fue el de sacarlo a la luz cuando el Ministerio Fiscal pidió su archivo.
 

Así, recuerda que esto sucede cuando el Tribunal Supremo abre una causa contra él por un presunto delito de prevaricación por la causa de la Memoria Histórica. “Es obvio que presuntamente utiliza el expediente como moneda de cambio en el proceso que el Tribunal Supremo tiene contra él”, subraya el texto, que añade que Garzón ha encubierto a los responsables policiales y políticos del caso del chivatazo “al ser conocedor de la trama y no haber actuado al respecto”. Denuncian que el magistrado no les dejó personarse en la causa porque acusaban del chivatazo al ex comisario general de Información, Telesforo Rubio, “íntimo amigo” suyo.