ETA exige una indemnización a 'Egunkaria' para volver a dialogar

12 MAR 2010 | Alberto Lardiés. Madrid

En su afán por establecer una segunda negociación con el Gobierno, ETA cuenta con disponer de la probable indemnización a los acusados del 'caso Egunkaria'.

La banda terrorista ETA pretende utilizar la posible indemnización al diario Egunkaria para buscar acomodo a sus presos, en el marco de un proceso de negociación con el Estado, según ha podido saber LA GACETA de fuentes solventes de la lucha antiterrorista y de asociaciones de víctimas. 

No consta que el Gobierno haya acordado este punto con la banda, pero al menos ETA pretende que así sea. Si los proetarras vencen en la batalla judicial del caso Egunkaria, es seguro que reclamarán una indemnización por daños y perjuicios. El volumen de ese pago rondaría los 60 millones de euros, según las estimaciones de los expertos consultados. Una cantidad más que golosa para el entramado etarra, que, con escasa presencia en las instituciones y gracias a la eficacia policial para abortar sus extorsiones, está más cerca de la ruina que nunca.  

El juicio al periódico abertzale se celebró en la Audiencia Nacional recientemente. En los próximos días o semanas debe dictar sentencia el presidente de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. Aunque las fuentes jurídicas consultadas discrepan al respecto, la mayoría apunta a que los directivos del diario quedarán absueltos.

Implicados

Como ya publicó este diario, Marcelo Otamendi, el ex director del diario, y los directivos del mismo, Ignacio María Urúa, Juan María Torrealday, José María Auzmendi y Javier Oleagaos se enfrentan a penas de entre 12 y 14 años de cárcel por un delito de pertenencia a banda terrorista. 

 Paradójicamente, pese a la gravedad del presunto delito que se les atribuye, la Fiscalía renunció a participar en la acusación en un sumario que se remonta a 2003, cuando el juez Juan del Olmo ordenó la clausura del periódico, el referente de la izquierda abertzale tras el cierre judicial de Egin, en este caso por decisión del magistrado Baltasar Garzón.

 Siguiendo instrucciones jerárquicas del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y del fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, pidió la absolución de los cinco acusados, pese a que el juez Del Olmo dio por hecho que “ETA intervino en la creación, designación de directivos y dinamización del diario”. 

 El magistrado consideraba que el objetivo de Egunkaria era “facilitar el amparo y difusión con apoyo del idioma euskera o vasco como cobertura cultural para ello” del ideario terrorista “y de los valores e intereses defendidos por dicha organización terrorista”. La actitud del Ministerio Público provocó estupor e indignación en las víctimas de ETA. Con los antecedentes del caso Egin, no entendían por qué no se aplicaban las mismas pautas que en aquella ocasión. Frente a la actitud de la Fiscalía, las asociaciones de víctimas sí decidieron seguir adelante. La AVT y Dignidad y Justicia son las acusaciones particulares gracias a las que el juicio pudo celebrarse. 

 El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, denunció en estas páginas que, a su entender, la instrucción del caso Egunkaria formó parte del fallido diálogo del Gobierno con los terroristas. “Para las acusaciones, es muy triste ver cómo el representante del Ministerio Público empezó un juicio en 2003 y se retiró en 2006, en medio de la tregua, con un escrito bastante bochornoso, en el que se retractaba de lo dicho anteriormente, de la defensa que hizo del auto de procesamiento”. 

 “Es –agregó– una posición difícil y que está de alguna forma ensuciando el nombre de la Fiscalía, porque no todos sus miembros son así, y todo se debe a directrices de su jefe, Javier Zaragoza. Aunque él lo niegue, cuando llegó, en abril de 2006, venía con un objetivo claro: suavizar las cosas por el proceso de paz. Necesitaban a un títere y lo encontraron. A los hechos me remito. Fue una época penosa. En aquel momento, a finales de 2006, no se personó contra Otegi, incluso en el juicio de De Juana Chaos pidió que se rebajase la condena... Egunkaria fue una pieza de la negociación, es algo constatado”.

Injusticia 

Si la absolución de Otamendi, Uria, Torrealdai, Auzmendi y Oleaga se consuma, y así lo prevén la mayoría de los analistas, se abriría la puerta a la mencionada indemnización millonaria. El motivo, tal como contempla la propia ley,  apelará al “anormal funcionamiento de la Administración de Justicia”. La indemnización que el Estado deberá sufragar será obligada si los acusados acreditan “daños y perjuicios”. 

 Si son absueltos siete años después del cierre del periódico podrán argumentar que han sido encarcelados injustamente, que esta injusticia los señala como terroristas y que, además, han perdido su trabajo.
 Las fuentes consultadas relacionan esta supuesta indemnización con un término que se acuñó durante la anterior negociación. Se trata de la financiación de la paz. Antes del salvaje atentado contra la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, algunos medios desvelaron supuestos planes que permitirían la financiación de aquellos presos etarras o dirigentes batasunos que salieran a la calle si el diálogo entre el Gobierno y ETA hubiera tenido éxito. El ministro del Interior se vio obligado a desmentir que el Ejecutivo hubiera pactado con la banda un acuerdo de semejante alcance.

 Esa relación entre Egunkaria y los presos etarras veteranos, los más proclives a retomar una negociación, quedó al descubierto durante el juicio al diario vasco. En una de las sesiones declararon como testigos cuatro históricos miembros de ETA. Se trata de José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, ex responsable del aparato político de la banda y uno de los presos más críticos con la jefatura de la organización; Carmen Guisasola, expulsada de la banda; José María Dorronsoro y José Domingo Aizpurua.

‘Históricos’

Guisasola y Dorronsoro son recordados por haber enviado varias misivas en los últimos años en las que apostaban por el fin de la violencia de ETA y por una consiguiente negociación política con el Estado. Estos dos etarras están presos en la cárcel de Zuera (Zaragoza), lugar al que el Ministerio del Interior ha ido trasladando a varios miembros significativos de ETA que son críticos con la estrategia asesina de la banda.

 Como era de esperar, durante el juicio los cuatro etarras respaldaron las tesis de que Egunkaria no formaba parte del entramado terrorista. Incluso, Txelis arguyó que precisamente leer el diario vasco le había servido para “evolucionar” en su pensamiento hacia posturas menos radicales. 

 La práctica totalidad de los partidos nacionalistas también salió en defensa de Egunkaria ante el juicio. Miembros del PNV y ERC llegaron a manifestarse a las puertas de la Audiencia Nacional.