El Gobierno elude registrar todos los casos pendientes

ETA pretende que al menos un tercio de sus 900 crímenes queden sin ser juzgados

02 NOV 2011 | Alberto Lardiés. Madrid

La banda pretende cerrar las causas judiciales abiertas a cambio de entregar las armas. Las víctimas reclaman “el esclarecimiento de cada uno de los atentados”.

La banda terrorista ETA pretende que al menos 300 de sus asesinatos queden impunes. Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por LA GACETA dan por hecho que una de las principales reclamaciones de la banda para acometer su final definitivo será que cesen las causas judiciales pendientes, tanto contra sus miembros como contra sus organizaciones afines. Dado que hoy quedan por resolver 300 crímenes de los pistoleros, si el Ejecutivo que salga de las urnas el 20-N accediera a las pretensiones de los etarras, esa sería la cifra de causas que nunca pasarían por los tribunales.

Las pretensiones de los criminales chocan frontalmente con el lógico y ardoroso deseo de las víctimas del terrorismo, que exigen por activa y por pasiva que el final de ETA no implique impunidad para los encapuchados. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana la asociación Voces Contra el Terrorismo, dirigida por Francisco José Alcaraz, convocó una exitosa concentración que llevaba el lema “Contra la impunidad, justicia”.

Sobran ejemplos de todos esos atentados irresueltos. Por ejemplo, hace unas semanas se conoció que la Audiencia Nacional había dado por prescrito el salvaje atentado que hace 20 años mutiló a Irene Villa y su madre, María Jesús González. Tampoco se sabe, por ejemplo, quién ordenó el brutal ataque a la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, que causó la muerte de 11 inocentes, entre ellos seis niños. Y así ocurre con la friolera de 300 casos, como se recordó activamente el pasado sábado en la madrileña plaza de la República Dominicana, durante la marcha ya citada.

Informe
Además de la concentración de Alcaraz, ya hace un año que la mayoría de asociaciones de víctimas, lideradas por la Fundación Víctimas del Terrorismo, presentó un documento para exigir justicia ante el probable final de la banda terrorista. En el decálogo que emana de ese documento se dice, textualmente, que “el hipotético final de ETA debe hacer posible el esclarecimiento de todos los atentados que están sin resolver y que suman centenares de asesinados, heridos, secuestrados y extorsionados sin autor conocido”.

De hecho, los abultados datos de crímenes de ETA sin resolver fueron recogidos en un estudio elaborado a instancias de la Fundación Víctimas del Terrorismo en el verano de 2010. Según el informe, al menos un centenar de esos asesinatos habría prescrito. El Partido Popular exigió al Gobierno en sede parlamentaria que crease un registro público de estos atentados de momento impunes, pero el Ejecutivo ha eludido dar pasos en esa dirección.