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La ex cuñada del socialista Diego López Garrido denunció a la juez Cillán

09 DIC 2011 | D. Carrasco y J. Bustos. Madrid

Sacramento Fernández ejerce de secretaria judicial de la magistrada que investiga el 11-M.

“En la mañana del pasado jueves día 1 dos miembros del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un hombre y una mujer, se personaron en el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, cuya titular es la magistrada Coro Cillán, con una orden para abrir una investigación”. De esta manera narran las fuentes jurídicas consultadas por LA GACETA el suceso. Acto seguido, “la juez, con calma, se puso a disposición de los inspectores para todo aquello para lo que fuera requerida”.

Curiosamente, el enemigo de Cillán no está extramuros de la plaza de Castilla, sino en su propio juzgado. Según ha podido saber este diario, quien la ha “denunciado ante el Servicio de Inspección del CGPJ ha sido su secretaria judicial, Sacramento Fernández Vivancos, ex cuñada del secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido”, explican las citadas fuentes.

Al parecer, las relaciones entre Coro y Fernández Vivancos no son todo lo fluidas que debieran ser. Por eso, “la secretaria judicial lleva un tiempo buscándole las cosquillas a la magistrada”. De hecho, “la denuncia puede tener su base en el asunto del cierre de la discoteca madrileña Moma”, comentan fuentes del entorno de Cillán. Es más, “la secretaria judicial alega que la juez no le pasa los autos de este asunto, un aspecto que es rechazado de plano por la titular del juzgado madrileño”, subrayan. Todo indica, según las mismas fuentes, que “la secretaria judicial intenta buscar que la magistrada ha prevaricado en dicho asunto”.

Buena disposición
En cualquier caso, el entorno de Coro Cillán manifestó ayer a este diario que “ella está tranquila y en una muy buena disposición para colaborar con la inspección del CGPJ”. Es más, “de momento ya ha contestado a dos de los tres escritos que le han solicitado al respecto”.

En este contexto de máxima colaboración de la magistrada con el máximo órgano de gobierno de los jueces su entorno sigue defendiendo que “estas actuaciones forman parte de una persecución por estar investigando un tema tan sensible y de enorme relevancia como es el atentado del 11-M”. Lo que pone de relieve que su trabajo está siendo mirado con lupa. En este sentido, “el fiscal de provincial de Madrid también aprovechó para sumarse a la petición de investigar el juzgado”, aseguran.

Por tanto, “la magistrada seguirá indagando hasta el final y demostrar a todos aquellos que pensaban encontrar errores en los procedimientos penales que tramita, para apartarla de las investigaciones que no los hay”. Con todo, “ella es consciente de que el enemigo lo tiene en casa, pues no ignora de dónde ha salido la denuncia”, explican.

Malestar
En otro orden de cosas, la orden de inspeccionar un determinado proceso penal que tramita Cillán partió de la jefa del servicio Virginia García Alarcón. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial explicaron que “existe cierto malestar en dicho organismo con las actuaciones de García Alarcón”. Concretamente, apuntan, “por inspecciones que han tenido lugar en la Audiencia Nacional”. Otras fuentes le atribuyen que se “ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones”. El enfado es corroborado tanto por los vocales conservadores como por los progresistas.

García Alarcón está casada con el ex vocal del CGPJ y fiscal del Tribunal Supremo, Félix Pantoja, muy amigo del ex ministro de Justicia y actual fiscal de Sala, Mariano Fernández Bermejo. Pantoja no ha ocultado nunca su apoyo públicamente al juez suspendido Baltasar Garzón por tener abiertos dos juicios orales en el Alto Tribunal. La jefa del Servicio de Inspección fue nombrada en 2008.

Actuación ordinaria. Irregularidades en un proceso penal

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial confirmaron ayer a este diario la existencia de una denuncia presentada por una secretaria de la juez Cillán por “unas irregularidades que había visto en un determinado procedimiento penal”. Así las cosas, “la queja se cursó desde la secretaría de Gobierno que se remitió al servicio de inspección”. A partir de ahora de lo que se trata es de “contrastar una serie de datos y llegar una conclusión”. De momento, “se está en una fase muy preliminar”, añaden desde el CGPJ. En los próximos días el Servicio de Inspección emitirá el informe que corresponda a la Comisión Disciplinaria. La propuesta puede ir desde el archivo, seguir investigando o abrir diligencias.