El grado de ejecución de los proyectos es de sólo un 75%

Exteriores compromete 25 millones en cooperación para que los pague el PP

27 NOV 2011 | E. Morales y J. Cordero. Madrid

El Congreso instó a la AECID en mayo a incrementar el control de los fondos. La externalización de las partidas provoca que parte del dinero no llegue a su destino.

Sólo cuatro días antes de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, el Ministerio de Exteriores, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), concedía cien millones de euros para proyectos de cooperación y ayuda humanitaria.

Un 75% de la partida, que según recoge el BOE corresponde únicamente al tercer trimestre del año, será financiado a través del presupuesto de 2011. Sin embargo, el dinero para afrontar los casi 25 millones restantes deberá salir de los presupuestos de 2012 y 2013, una importante hipoteca para el futuro responsable del ministerio, que tendrá como una de sus prioridades reducir euro a euro los gastos no prioritarios o innecesarios.

Además, la decisión de última hora de los responsables del ministerio dejará muy poco margen al futuro Gobierno para decidir las políticas de cooperación que quiere llevar a cabo.

El desglose de los últimos fondos aprobados por el departamento de Trinidad Jiménez evidencia que una buena parte del dinero será gestionado por los Gobiernos y Administraciones locales de países del Tercer Mundo, lo que reduce considerablemente el margen de control de los proyectos y del dinero.

El control de los fondos y su eficiente utilización es el principal problema al que se enfrenta el ministerio, que en bastantes ocasiones debe recurrir a la externalización de la actividad, que implica riesgos y costes adicionales.

El pasado mes de mayo, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas instaba a la AECID a intensificar los controles sobre los microcréditos al desarrollo y a efectuar una exhaustiva planificación de los fondos con el fin de evitar que una parte de estos no llegase a su destino final.

Tomando como base un informe que el Tribunal de Cuentas aprobó hace dos años, los diputados de la citada comisión instaban a la AECID a que implantase “adecuados sistemas de asistencia técnica y de control sobre las entidades prestatarias encargadas de llevar a cabo la concesión de los microcréditos, con el fin de evitar que los acuerdos adoptados puedan resultar no realizados por falta de actividad de la misma”.

Además, apuntaba la necesidad de una segregación de funciones que deje clara las responsabilidades sobre la gestión de fondos y su aplicación durante todo el proceso.

Según el Tribunal de Cuentas, el grado de ejecución de los proyectos gestionados por la AECID entre 1998 y 2006 fue de un 73%, “lo que pone de manifiesto un exceso de presupuestación”.