Manos Limpias pide inhabilitar a Garzón durante 20 años

El fiscal pone en duda que Carrillo participara en la matanza de Paracuellos

09 FEB 2012 | Diego Carrasco.

No lo ve comparable con los "crímenes" del franquismo. "Fue un hecho puntual de una saca".

Segundo juicio a Baltasar Garzón, esta vez por un presunto delito de prevaricación en el caso de la Memoria Histórica, que quedó ayer visto para sentencia en menos de un mes. La sesión, que duró cuatro horas y media, contó con el informe de conclusiones de las partes, así como el derecho a la última palabra que pronunció el imputado Garzón. Prácticamente el guión se cumplió en la intervención tanto de la acusación como de la defensa.

La noticia saltó, una vez más, con la intervención del fiscal Luis Navajas, al advertir a la Sala Penal de que un fallo condenatorio para Garzón produciría un “efecto devastador” y “atentaría contra la independencia judicial”. Con esta contundencia el Ministerio Público volvió a pedir al tribunal que absuelva al acusado porque “de lo contrario sería un golpe moral a la carrera de Garzón”.

La intervención pública de Navajas fue más prudente que la del primer día que informó a la Sala sobre las cuestiones previas. Pero aun así, calificó de “patético y ridículo que, por aplicación de las normas penales internacionales, haya un procedimiento en Argentina por estos hechos y que aquí nos dediquemos a perseguir al juez que tuvo el atrevimiento de dar tutela a las víctimas”, enfatizó.

En otro momento, el Ministerio Público arremetió duramente contra la acusación popular Manos Limpias y la Asociación Civil Libertad e Identidad al calificarla de “infundada”. Es más, afirmó que tenía dudas acerca de las intenciones de Manos Limpias sobre el fin de la querella, es decir, si buscaba proteger el bien jurídico de que funcione bien la Administración de Justicia o si tenía que ver con la “personalidad del imputado”. Acto seguido sentenció: “Es indudable que Garzón no es un juez al uso”. Ahora bien, que “este modelo de juez se ajuste o no a nuestras preferencias no es objeto de este procedimiento, pues se trata de averiguar si determinadas resoluciones merecen de por sí ser calificadas como integrantes del tipo penal de prevaricación”, subrayó.

Navajas rectifica
Como no podía ser de otra manera el fiscal Navajas también se pronunció sobre la querella presentada por los crímenes perpetrados en Paracuellos del Jarama. De entrada rechazó que tuvieran relación alguna con los asesinatos y ejecuciones ocurridas durante la Guerra Civil salvo que en ambos bandos hubo muertes y sucesos desgraciados. No obstante, apuntó: “La matanza de Paracuellos aún se sigue investigando y cuestionando si entre sus responsables estuvo Santiago Carrillo y otros dirigentes republicanos”.

El Ministerio Público también defendió que siempre se ha actuado bajo el principio de unidad en esta causa, pese a que en la Audiencia Nacional se opuso a la tramitación de la querella. Eso sí, dejó muy claro que dicha posición del juez suspendido era “corregible mediante recursos”.

Un detalle importante. El fiscal Navajas rectificó ayer después de atacar duramente a Luciano Varela y a los cinco magistrados que respaldaron su instrucción, incluido el presidente de la Sala Penal Juan Saavedra. El fiscal comenzó su informe defendiendo al Supremo de las críticas de falta de independencia que se han vertido contra muchos de sus magistrados desde el inicio del proceso, “rechazo de forma rotunda desde el punto de vista personal e institucional”.

Por su parte, la acusación popular representada por el abogado Joaquín Ruiz Infante fue muy contundente en su informe al explicar a la Sala Penal que la conducta de Garzón fue de “una prevaricación dolosa que atenta contra los principios democráticos”. El eje central de su discurso fue demostrar que la presunta actuación delictiva comenzó con el rechazo de la denuncia presentada contra los crímenes de Paracuellos.

En efecto, “cuando se presentó esta denuncia el juez tardó menos de veinticuatro horas en archivarla de plano al mismo tiempo que dejó muy claro que no se podían investigar los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil porque estaban prescritos y no podían aplicarse retroactivamente los delitos de genocidio y de lesa humanidad”, explicó Ruiz Infante. Además, en esta decisión el juez Garzón arremetió contra los abogados porque “la presentación de la denuncia atentaba contra la buena fe procesal y la deontología”. Lo sorprendente fue que “el 19 de diciembre de 2006 Garzón dictó un auto por el que se declara competente para investigar los crímenes ocurridos durante los años de la Guerra Civil al aceptar varias denuncias de asociaciones de memoria histórica”, explicó.

Así las cosas, a partir de dicho auto el imputado dictó varias diligencias de trámite “bajo el mismo designio y conocimiento de ilegalidad mientras que omitía cualquier pronunciamiento sobre su competencia”, señaló la acusación popular. Es más, “en dichas resoluciones Garzón retrasó consciente e intencionadamente resolver sobre la competencia”.

Por estos hechos, Manos Limpias y Libertad e Identidad solicitan al tribunal que Garzón sea condenado a una pena de 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. También se pidió que se imponga la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día.

Es defendible
En otro orden de cosas, el abogado del imputado, Gonzalo Martínez-Fresneda, calificó a la acusación de “introducir por la puerta falsa unos hechos nuevos al referirse a las modificaciones introducidas en su escrito de conclusiones”. Su defensa se basó en que “todas las resoluciones que dictó su cliente estaban apoyadas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los altos organismos internacionales”. Esto nos lleva a la conclusión de que “no se puede decir que sus decisiones fueran injustas sino que son interpretables”.

En idéntico sentido se pronunció Garzón en el turno del derecho a la última palabra antes de que se dicte sentencia. “Inicié la investigación para proteger y reparar el daño causado a las víctimas basado en un criterio que se puede o no compartir, pero que es defendible”, afirmó.

Despojado de la toga y sentado en frente del tribunal parafraseó al filósofo Kant al recordar: “El tribunal del hombre es su conciencia y la mía está tranquila. Por eso tomé esas decisiones”. El acusado también justificó que instruyó la causa atendiendo a la independencia y capacidad de cada juez de interpretar las normas, que constituyen la “esencia de la función judicial” y siempre guiado por el desamparo de los afectados que todo juez debe proteger. Ahora sólo toca esperar la sentencia.