La Fiscalía de Pumpido dio pábulo a las denuncias de torturas de los etarras

29 ENE 2012 | Roberto R. Ballesteros.

Tras el archivo de 40 casos en los tribunales, la banda recurrió al Ministerio Público. Inexplicablemente, este también revisó su habitual proceder y se lanzó a investigar.

La banda terrorista ETA cambió su estrategia judicial respecto a las torturas que supuestamente recibían sus miembros en plena negociación con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Las denuncias, que siempre presentaba ante los juzgados ordinarios, comenzaron a interponerse ante la Fiscalía por primera vez.

La razón pudo ser que esperaban un mejor trato haciéndolo de este modo. No en vano, tras las primeras denuncias dirigidas al Ministerio Público, este también modificó su tradicional manera de actuar. En lugar de derivar los casos a los tribunales y solicitar allí su archivo, como siempre había hecho, comenzó a abrir diligencias de investigación por su cuenta. Los primeros casos de cambio de criterio a los que ha tenido acceso LA GACETA se produjeron en septiembre de 2011.

Ese mes, la Fiscalía dio orden de investigar unas supuestas torturas a nueve miembros de Ekin y otros tres del comando Imanol de ETA. A través de las diligencias 426/2011, el fiscal Eduardo Esteban pidió explicaciones a la Guardia Civil acerca del trato recibido por los etarras durante el tiempo que estuvieron custodiados por los agentes de este Cuerpo. Debe constar, solicitó, “todo lo ocurrido desde el momento de su detención hasta la puesta a disposición judicial”.

En respuesta a esta solicitud, el instituto armado remitió dos informes en los que explicaba detalladamente cuáles habían sido cronológicamente los pasos seguidos desde que se les detuvo. Uno de estos informes, referido a los miembros del comando Imanol Juan Carlos Besance, Xabier Atristain y José María Besance, señalaba con claridad que “el trato que se dispensó a los detenidos fue correcto y acorde con la legislación vigente en España, siguiéndose los parámetros establecidos para este tipo de actuaciones policiales”. Igualmente, continuaba el escrito, “fueron reconocidos por el médico forense de la Audiencia Nacional de Madrid y asistidos en sus manifestaciones por el letrado de oficio asignado”.

La Guardia Civil aprovechó su escrito para mostrar su extrañeza dado que se le pedían explicaciones por hechos que ni siquiera habían sido denunciados por los implicados. “Hasta la fecha, en esta unidad se desconoce si alguno de los detenidos ha presentado denuncia por torturas o malos tratos”, protestaron.

El otro informe, que abordó el caso de los nueve miembros de Ekin, también se extrañaba de que se abriera una investigación sobre casos que ni siquiera han sido denunciados. “Hasta la fecha, esta unidad únicamente ha tenido conocimiento de la interposición de denuncias por torturas o malos tratos por parte de Egoitz Garmendia y Sandra Barrenechea, desconociéndose si alguno de los otros (siete) detenidos ha presentado denuncia en el mismo sentido”, apuntaron los agentes de Información del Cuerpo. Aun así, los guardias también elaboraron un detallado repaso cronológico sobre cada uno de los nueve miembros de Ekin y, como en el anterior, probaron que el trato fue “correcto y acorde con la legislación”. Además, recordaron al fiscal que “es tradicional que los miembros de ETA formulen de forma sistemática denuncias de malos tratos y torturas ante la autoridad judicial, interpuestas contra los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que participan en su detención con el fin de conseguir anular sus manifestaciones efectuadas en el atestado policial, menoscabar el prestigio de los funcionarios y distraerlos”.

El cambio de pauta habitual de la Fiscalía es de suma importancia, dado que ETA lo puede utilizar en los foros internacionales para hacerse un lavado de imagen presentándose como víctima y no como agresor. Anteriormente, a raíz de una queja presentada por la Guardia Civil, la Fiscalía detectó en los tribunales más de 40 procedimientos por torturas concluidos, aunque sin archivar debido a que nadie lo había pedido. El Ministerio Público instó entonces a su archivo, cosa que se produjo de modo instantáneo.

Los procesos llevaban muchos meses abiertos, lo cual había sido aprovechado por ETA para argumentar ante los organismos internacionales que sus miembros eran víctimas del Estado. En concreto, la banda lo denunció ante Naciones Unidas, que en más de una ocasión envió un relator, que hizo constar en sus informes la existencia de más de 40 procedimientos en los juzgados de plaza de Castilla.

Esta repercusión internacional fue la que preocupó enormemente a la Guardia Civil, que trasladó su intranquilidad a la Fiscalía de Madrid con objeto de que los procedimientos fueran archivados, como así ocurrió. ETA se quedó, por lo tanto, sin argumentos para respaldar sus denuncias ante la comunidad internacional y el relator de Naciones Unidas se vio obligado a dar marcha atrás.

Fuentes de la lucha antiterrorista ven ahora con preocupación el “cambio de actitud” de la Fiscalía y sospechan que este nuevo criterio se haya hablado en las últimas negociaciones entre el anterior Ejecutivo y ETA.

Fue durante ese proceso cuando los enviados de la banda se quejaron ante la delegación gubernamental de que la Guardia Civil continuaba haciendo detenciones de etarras y de que las denuncias que presentaban por torturas eran todas archivadas. Desde el Gobierno alegaron, por su parte, que las detenciones eran judiciales, que las fuerzas de seguridad habían cumplido y que el chivatazo había sido una prueba de la buena voluntad del Ejecutivo.