La Fiscalía se negó a pedir la entrega a España de los piratas somalíes

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Madrid.- Dar un golpe de autoridad. Esa es la razón que llevó a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a pedir a la Fiscalía que ordenara el traslado a España de los dos piratas somalíes retenidos en la fragata Canarias. Pero, de acuerdo con las fuentes consultadas, la Fiscalía se negó a hacerlo y fue entonces cuando la vicepresidenta acudió a la Abogacía del Estado.
    Como es de sobra conocido ya, la Abogacía del Estado cursó la orden a las tres de la mañana y el juez Baltasar Garzón, de guardia esa noche, cumplió con la orden para que se juzgara en España a los dos piratas.
    Fuentes jurídicas explican que aunque la institución que dirige Cándido Conde Pumpido se negó a solicitar su entrega, al día siguiente, ya con la denuncia de la Abogacía en la mesa y la orden de Garzón de trasladarles, la Fiscalía decidió dar su apoyo tanto a la entrega de los piratas como a su ingreso en prisión. Posteriormente, la Abogacía decidió no personarse en la causa.

    La decisión de la vicepresidenta de dar un golpe de autoridad no ha contentado a todos. Según las fuentes consultadas, la ministra de Defensa, Carme Chacón, no estaba de acuerdo con la decisión de Fernández de la Vega.

Complejo historial

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza, ya tuvo que hacer un giro de 180 grados el pasado mayo cuando el buque español Marqués de la Ensenada detuvo a siete somalíes cuando intentaban secuestrar un barco con bandera panameña.

Solicitó la entrega de los piratas al considerar que al estar detenidos en un barco español es territorio nacional y, por tanto, jurisdicción española. Incluso solicitó el ingreso en prisión de todos ellos.

    Repentinamente, el Ministerio Público cambió de opinión, retiró la acusación y solicitó su entrega a Kenia para que se encargara éste de su enjuiciamiento. El juez Fernando Andreu se vio obligado, después de enviarles a la cárcel, a dejarles en libertad.

    La explicación en ese momento fue que después de solicitar su ingreso en prisión tuvieron conocimiento de la existencia de un canje de notas entre la Unión Europea y Kenia por el cual este último país era el competente para investigar y enjuiciar los delitos de piratería en aguas internacionales.

Diferentes criterios

Basándose en este criterio, la Fiscalía debería estar a favor de que fuera Kenia el país que se encargue de la investigación en el caso del secuestro del Alakrana. Sin embargo, en esta ocasión ha apoyado la competencia de la jurisdicción española.

    La explicación es que el atunero se encontraba fuera de la zona de seguridad marcada por la operación Atalanta y, por tanto, el canje de notas no tiene efecto en este caso. Además, hay víctimas españolas y el buque también es nacional.

    Ahora, la situación del Alakrana se ha complicado y desde el Gobierno se estudia alguna opción viable para enviarles a Somalia. Unos días antes de que la Audiencia Nacional estudiara la competencia de Santiago Pedraz para quedarse con la causa, desde el propio órgano judicial ya se estudió esa posibilidad.

    Sin embargo, los 16 magistrados acordaron por unanimidad otorgar a la jurisdicción española la competencia para investigar. Con esto, todavía se complica más la posibilidad de entregar a los piratas como moneda de cambio para liberar a los 36 tripulantes.