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El Ejecutivo computa la deuda como crédito a la investigación y el desarrollo para no aumentar el déficit ante la UE. Admite que seguir aplazando pagos es inviable.
Ángel Collado. Madrid
La factura del Gobierno con la industria de Defensa, casi toda con empresas nacionales o consorcios europeos, asciende ya a los 30.000 millones de euros en compromisos firmes de gasto a los que el ministerio del ramo se reconoce incapaz de hacer frente. La cifra es estratosférica: cuatro veces más que el famoso déficit del Ayuntamiento de Madrid o 20 más que lo ahorrado con la congelación de las pensiones decretada por Zapatero este año. Hasta el momento se computa como I+D (investigación y desarrollo) en Industria para no sumar déficit ante la Unión Europea, pero la situación se hace insostenible y amenaza la supervivencia de la industria nacional.
Los programas de modernización para dotar a las Fuerzas Armadas de carros de combate Leopardo, helicópteros Tigre, fragatas F-100, cazas Eurofigther o aviones de transporte A-400 –armamento y material para actualizar y equiparar capacidades de los Ejércitos con las demás fuerzas de la OTAN– conllevan un gasto que el Gobierno no ha querido imputar al presupuesto oficial de Defensa, estadísticamente de los más bajos de la Alianza.
Las decisiones de compra y la fórmula de “prefinanciar” los proyectos con créditos del Ministerio de Industria primero –fase en la que sí había I+D– y que luego se hiciera cargo Defensa una vez que recibía blindados, cazas o barcos, se tomaron a finales de los noventa, con Gobiernos del PP. Cuando empezaron las entregas, ya con Zapatero en el poder, el Ejecutivo no cambió el método ni aumentó significativamente las partidas en Defensa en los tiempos de bonanza ni ha firmado acuerdo alguno de modernización de armamento en sus casi siete años en el poder, alguno muy urgente.
El resultado de la falta de decisiones clave en Defensa desde 2005, más la crisis económica y los recortes presupuestarios aplicados al departamento desde 2009 –un 17% en tres ejercicios– pese a ser una ministerio de los llamados “de inversión” es una panorama negro para la operatividad de las Fuerzas Armadas por un lado y para el futuro de las empresas nacionales del sector que no saben sin van a cobrar los pedidos antiguos ni si obtendrán nuevos encargos para mantener los puestos de trabajo.
Los hechos y datos fueron reconocidos con toda su crudeza por el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, esta misma semana en el Senado. “Seguir desplazando al futuro la deuda que generan esos programas no es financiera ni políticamente viable”, dijo ante directivos de las empresas del sector y parlamentarios reunidos en un seminario sobre el futuro de la industria de la Defensa y la OTAN que organizó la Asociación Atlántica Española.
Hasta ahora, en Defensa cifraban en 27.000 millones de euros esa deuda, pero Méndez le puso esta vez otros 3.000 millones para recordar que los grandes programas de modernización suponen un “compromiso financiero de 30.000 millones de euros”, que es cuatro veces el presupuesto anual de todo el departamento. Siempre muy crítico con las decisiones tomadas por los Gobiernos del PP en materia de compras, el secretario de Estado anunció esta vez que habrá que revisar la ejecución de todos y cada uno de los programas especiales y plantear con urgencia una reforma global del modo de comprar sistemas de armas.
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